Fueron convocados todos pero queda claro que las voces principales serán las del secretario de Gobierno, Matías Quiroz, y de los principales institutos políticos, que son José Luis Correa del PRD, Rodolfo Becerril del PRI y Oscar Velazco del PAN; otros partidos son de peso tan menor que incluso sus dirigentes ni siquiera acudieron a la reunión, como la petista Tania Valentina Rodríguez o Francisco Santillán, de Nueva Alianza. Destaca el hecho de que esos actores principales son nuevos en sus cargos. Para el secretario Quiroz es prácticamente su primera reunión con los partidos políticos y no aparece precisamente como el hombre más ducho en la política del cuarteto de los mencionados, pues en experiencia Becerril les lleva la delantera y en colmillo el primer lugar le corresponde al perredista, quien se preparó para su cargo dos años continuos desde su paso por las subsecretarías de Gobierno y de Movilidad.
2.- En la Mesa de consensos el secretario Matías Quiroz convocó a todas las fuerzas políticas a sumarse a las acciones de gobierno, sobre la base de que solo unidos los morelenses podremos salir delante de todos los retos que tenemos enfrente, y parecía que el panista Oscar Velazco le tomaría la palabra cuando pidió que el gobierno estatal cambiara su discurso por uno conciliador. Pero no, porque la actitud del albiazul resultó más bien agresiva al pedir a la administración estatal que reconozca la crisis de seguridad, que es negada por las autoridades, y que proceda a pedir la intervención del gobierno federal a través del Ejército, la Marina y la Policía Federal. Lo que parece que ocurre es que al dirigente de los panistas le ha provocado escozor el discurso gubernamental de los últimos días, en que se aludió a la presunta complicidad de gobiernos estatales con la delincuencia organizada en los últimos años (mencionada por el gobernador Graco Ramírez cuando reveló que rechazó peticiones de pactar), cuando fue su partido, el PAN, el que gobernó los dos últimos sexenios. El PRI y el PRD llevaron como uno de sus principales planteamientos el de la necesidad de ajustar el marco legal para blindar los comicios de la infiltración del hampa.
3.- En su labor de control de daños frente a la impopularidad que le acarreó el escándalo del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, el PRD busca endosar la responsabilidad de sus próximas nominaciones a diversas instancias oficiales. El líder estatal perredista José Luis Correa dio a conocer que una vez que tenga integradas sus listas de candidatos a presidentes municipales y diputados locales, su partido las presentará ante el CISEN y la PGR, y quizás de la Fiscalía morelense, para que los investiguen y en su caso den a conocer si están vinculados de alguna manera con el crimen. De ser así, sería el gobierno el que cargara con la responsabilidad, en su momento, respecto de la probidad de los candidatos perredistas y este partido buscaría con ello lavarse las manos en una estrategia que podría ser imitada por otras fuerzas políticas. A ver.
4.- El servicio de transporte colectivo es pésimo en la entidad y por décadas las autoridades han desoído las quejas de los usuarios que reclaman cambios de forma y de fondo que contribuirían a mejorarlo. No se trata de que alguien le otorgue a los morelenses la graciosa concesión de mejorar el servicio de camiones, rutas y combis, sino de entender que se trata de un servicio donde los usuarios deben ser la prioridad dándoles un transporte rápido, cómodo y seguro. Pero más que un servicio, en la práctica el transporte es visto como un negocio donde autoridades, permisionarios y choferes buscan ganar dinero sin importarles sacrificar la calidad. En la zona metropolitana de Cuernavaca el transporte se ofrece en unidades desvencijadas, viejas, mal pintadas, con interiores deteriorados, en malas condiciones mecánicas, con operadores en muchísimos casos de descuidado arreglo personal –ni corte de cabello se atreven a exigirles- que manejan sin precaución, maltratan al usuario, no se detienen en todas sus paradas –menos aún si ven ancianos o personas con discapacidad esperando para abordarlos- y que gustan de trabajar con el estéreo a un alto volumen para disfrutar hasta sus narcocorridos, además de que no hay claridad en las tarifas, sobre todo en recorridos intermunicipales. Y no creo que la situación sea diferente en el resto de la entidad.
5.- Con este panorama resulta desalentador que desde el Congreso del estado las “fuerzas políticas”, por motivos que más bien parecen económicos y electorales, se estén oponiendo a que transite la nueva Ley de Transportes que ha sido propuesta por el gobierno de la entidad y que entre otras cosas impulsa un nuevo modelo de transporte colectivo mediante el cual se pondrá el fin de vicios, corruptelas e inercias que prevalecen entre los ruteros y que dañan los intereses de los cientos de miles de morelenses que forman el universo de usuarios del transporte colectivo. Resulta comprensible que haya interés de los legisladores por analizar la propuesta gubernamental y probablemente enriquecerla a través de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación del propio Congreso, que lidera el pesedista Roberto Yáñez, pero es discutible la postura del panista Javier Bolaños quien afirma que no hay condiciones para desahogar el tema en el actual periodo de sesiones, porque entonces no las habría antes de las elecciones y acaso en el corto periodo que habrá una vez pasadas las votaciones y antes del 15 de julio en que concluya el último periodo de sesiones de esta legislatura. El PRI también se opone al proyecto y no parece haber nadie que pueda hablar a favor de los usuarios en ese Congreso. A ver.
6.- El Congreso podría determinar este lunes si avala o no mediante su Junta Política las solicitudes del fiscal Rodrigo Dorantes para someter a juicio de procedencia a los diputados Alfonso Miranda Gallegos y Manuel Martínez Garrigós. De Miranda la Junta ya desechó una primera petición y siendo el mismo tema parecería obligada a desechar la segunda, lo mismo que la de Garrigós, pues en ambos casos se refieren a delitos del fuero común para los que los diputados han argumentado que no procede el juicio solicitado, sino únicamente en caso de delitos federales. Sin embargo, las condiciones políticas son otras y hay bancadas que ya manifestaron su oposición a continuar por esa línea, como el caso del PRD, a nombre del cual la presidenta de la Mesa Directiva ha dicho que los diputados perredistas apoyan el propósito de desaforar a Miranda para demostrar que no se encubre a nadie. Así, los diputados iniciarán la semana divididos.