Lo acontecido el viernes en Tres Marías durante un bloqueo de la Autopista “Miguel Alemán” y la carretera federal México-Cuernavaca (en sus dos sentidos) que desquició casi 11 horas la vida de propios y extraños es el resultado de lo que hemos constatado a lo largo de varias décadas. La problemática de Huitzilac fue advertida el 7 de enero de 2003 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuando esta institución emitió un comunicado oficial bajo el siguiente tenor: “Informes del Gobierno Federal tienen identificados 36 municipios en 10 estados del país donde podría surgir la violencia relacionada con disputas por la explotación de los recursos naturales. Las investigaciones indican que al menos 10 entidades federativas presentan situaciones de ingobernabilidad derivados de la explotación de los recursos naturales, marginación, dispersión poblacional y disputas por la tierra”.
2.- Agregó la Profepa allá y entonces: “Tres diferentes diagnósticos coinciden en que los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Morelos y Durango observan simultáneamente conflictos forestales, riesgo de gobernabilidad en municipios y problemas agrarios entre pueblos indígenas. Destacan los casos de Hidalgo y Estado de México, que padecen en gran medida marginación y tala ilegal, respectivamente.
Uno de los informes revela que 36 municipios son catalogados como de ‘alto riesgo’, debido a que pueden ocurrir problemas intercomunitarios por la presencia combinada de factores como marginación, topografía adversa, lejanía de vías de comunicación, extensión territorial, dispersión poblacional, áreas naturales protegidas, zonas de desastre naturales, presencia de guerrilleros, criminales organizados y rutas del narcotráfico”.
3.- Insisto: la Profepa focalizó (y no se equivocó) en 10 regiones la situación que derivaría hacia el crimen organizado, robo de vehículos, portación de armas, secuestros, cultivo de enervantes, colusión entre autoridades y delincuentes y prácticas delictivas forestales. Así, la institución calificó como “zonas críticas con problemas de ingobernabilidad” a las regiones de Los Chimalapas; el Santuario de la Mariposa Monarca; la Selva Lacandona, Marqués de Comillas y Montes Azules; la región del Uxpanapa; las Sierras Tarahumara, de Petatlán y Coyuca de Catalán; la zona que comprende la Sierra de Zempoala, Huitzilac-Ocuilán (abarcando a Morelos); el Ajusco y los bosques del sur del DF, y los parques nacionales Zoquiapan, Izta-Popo y Santa María Ocotán, en Durango. Un tercer informe documentó que los pueblos indígenas protagonizaban alrededor de 22 mil 296 conflictos y señalaba que esas diferencias se encontraban en proceso de ser sustituidas por la disputa por los recursos naturales.
4.- Además, la Profepa advertía un conflicto regional en la zona centro de la República causado por la misma problemática. En aquellos días nos llamó la atención que el Estado de México fuera considerado como el menos gobernable, afectando a Morelos, escenario que, según los hechos recientes de Huitzilac, sigue latente. Aquel 7 de enero de 2003 la dependencia señaló que el 80 por ciento de los estados padece algún problema relacionado con el manejo de los bosques y selvas, ya que 25 de las 32 entidades tienen zonas críticas o de ingobernabilidad. Agregó la Profepa: “De los 10 estados con situaciones de ingobernabilidad, el de México es el más crítico, pues cuenta con 10 lugares que se consideran altamente peligrosos. Le siguen Chihuahua y Michoacán con 8, Puebla con 6, Veracruz con 5, Chiapas y Durango con 4, Guerrero y Oaxaca con 3, y Durango y Morelos con 1 (Huitzilac)”. Alarmado, amables lectores, observo que la situación sigue siendo grave, pues la zona es todavía reducto de criminales vinculados a todos los delitos ya enunciados.
5.- Como podemos apreciar, la problemática política de Huitzilac se relaciona estrechamente con la polarización entre grupos y la explotación indiscriminada de las dos principales actividades económicas: la tala de bosques y la extracción de tierra de monte, ambas ilegales en su mayor parte. A pesar de la “regulación” de las autoridades federales y las constantes advertencias de la PGR, sigue implacable el corte clandestino de árboles. Lo anterior ha provocado un grave daño al corredor ecológico Ajusco-Chichinautzin (decretado como área nacional protegida el 30 de noviembre de 1988), consistente en modificación del entorno por desecación, deforestación, construcción de caminos, crecimiento poblacional, erosión, abatimiento de manantiales, extracción ilegal de flora, fauna silvestre y tierra; caza furtiva, ganaderización, incendios provocados, cambios de uso del suelo, presión en el uso del mismo por los elevados precios derivados de las actividades de bienes raíces, etc.
6.- Asimismo, es importante señalar la tercera actividad económica, también ilegal, y que siempre ha provocado conflictos agrarios y políticos: el tráfico con predios comunales en un ámbito social cuya mayoría son comuneros. Este problema empezó en 1954. Legalmente están reconocidos ocho fraccionamientos, pero en total existen 27, todos irregulares. De la venta de predios comunales se han derivado infinidad de enfrentamientos (de diversa índole) por el control de la Representación de Bienes Comunales, cuyos últimos presidentes también han usufructuado la tala de madera, la extracción de tierra y la expedición de documentos sobre terrenos. El tráfico de constancias de posesión y demás documentos apócrifos es constante. Uno de los ex titulares de Bienes Comunales, apodado “El Carguero”, fue uno de los principales líderes en el bloqueo de la autopista el viernes pasado. Tiene abiertas varias averiguaciones previas por robo de vehículos. Respecto a la tala de árboles, extracción de tierra y cambio de uso del suelo por la urbanización hay graves perjuicios en Huerto de San Pedro, Monte Bello, Montecasino, San José de la Montaña, Guayacahuatla, Atlixtac, Coajomulco, Tres Marías, Cruz del Marqués, Fierro del Toro y Huitzilac.
7.- Todo lo anterior proviene desde hace décadas. El gobernador Lauro Ortega (1982-1988) quiso implantar proyectos productivos para evitar la deforestación, e incluso promovió el ejercicio de la acción penal en contra de funcionarios estatales y federales coludidos con talamontes, pero no consiguió frenar el problema. Desde entonces ningún gobernador ha puesto la debida atención. La situación es grave, porque hay alrededor de 100 personas dedicadas al saqueo clandestino de madera y por lo menos 50 en lo tocante a la extracción de tierra de monte, cuyos ingresos semanales van desde los 25 a los 300 mil pesos. Nadie en Huitzilac ignora la corrupción en el círculo, donde aparecen hasta elementos de la Policía Federal sobornados para no revisar los camiones que descienden diariamente de las zonas boscosas. Muchos de los talamontes clandestinos usan documentación falsa.