Todo fermenta el caldo de cultivo para propiciar actividades del crimen organizado, a saber el secuestro, la extorsión, los asaltos a mano armada, el narcomenudeo y el acopio de armas, entre otras. Pero el escenario siempre ha sido aderezado por administraciones municipales y autoridades agrarias corruptas.
2.- El 21 de enero de 2002 escribí lo siguiente: “Varios de los explotadores ilegales del bosque han estado ligados a la política local: Isidro Rodríguez Flores, ex regidor y hermano de dos personas asesinadas en 1999 en un intento por retomar el Palacio Municipal; Gabino y Rodolfo Romero Castillo, Ricardo Romero Delgadillo, Alfredo Segura, Servando y Esperanza Rojas Dávila, ex regidora del Ayuntamiento y viuda de Rubén Rodríguez Flores, uno de los dos muertos aludidos (ex director de la Policía Municipal); y el padre de éste, Pablo Rodríguez Nava, originario de Guerrero, dedicado al saqueo de tierra desde hace muchos años. Este último es identificado por haberse asociado con los presidentes municipales en turno. Es muy amigo de Gerardo Arizmendi, acusado de despojos y tráfico de predios comunales. A ambos se les atribuyó el apoyo a José Luis Aguilar García para alcanzar la presidencia municipal en 1997 (fue el último alcalde priísta)”. Tras la crisis del pasado viernes 14 de noviembre de 2014, cuando simpatizantes y familiares del regidor Dimas García bloquearon la autopista “Miguel Alemán” por más de diez horas, trascendió que algunos de los principales actores del conflicto político de 1999 se encuentran atrás de la actual polarización de grupos políticos locales.
3.- El 20 de enero de 2002 entrevisté al entonces delegado de la Secretaría de Medio Ambiente, Ricardo Sierra Oteyza, quien reconoció la impotencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para frenar el problema, pues la población del municipio “es muy unida y violenta”. Sierra corroboró lo que se ha sabido siempre: en Huitzilac existe la “tradición” de impedir que algún agente gubernamental trate de llevarse a alguien sorprendido en la tala ilegal de árboles, extracción de tierra y otras actividades ilegales del fuero común. Es memorable lo que ocurrió el 21 de noviembre de 1995, cuando fueron incendiadas las oficinas de la Policía Judicial del Estado asentadas en Huitzilac y dos patrullas, luego de que un agente hirió de dos tiros a un lugareño al intentar desarmarlo. La localidad era gobernada entonces por el perredista Ignacio García, quien exigió que todos los agentes fueran retirados definitivamente. Los lugareños argumentaron que los judiciales se dedicaban a la extorsión (cualquier parecido con la actual demanda de que salga el Mando Único no es mera coincidencia).
4.- Durante seis años -hasta 2001- no volvieron a entrar efectivos policíacos. Este capítulo propició que determinados personajes se armaran y creciera la delincuencia, siendo común la proliferación de pistolas, rifles de alto poder y ametralladoras. El dominio de la comunidad por determinados grupos a través de las armas se ha ligado a hechos criminales como el tráfico de drogas, el desmantelamiento de automóviles robados y el secuestro. Este último delito es cometido por gente de Huitzilac aún en contra de quienes, siendo vecinos, pueden pagar rescates. El tema es abordado con temor y sin datos precisos, pero es un secreto a voces. Esta parte de la problemática, desgraciadamente, sigue impactando en el actual gobierno municipal que encabeza José Alfredo Mancilla Rojas, quien tiene parientes ligados al despojo violento de propiedades en varios fraccionamientos. El diario capitalino “Reforma” publicó el 7 de junio del presente año un extenso reportaje titulado “Cunden invasiones en Huitzilac”, bajo la firma de la reportera Arcelia Maya, quien documentó que los nombres de Luis García, Delfino Gómez, Horacio Gómez, Rafael García, Horacio García y las familias apellidadas Cazales (o Cazoles), Mancilla, Dávila y Rojas siempre han estado vinculados (as) al tráfico de bienes ejidales y comunales. Es importante mencionar que el ex presidente de Bienes Comunales, Sergio Dávila García (alias “El Carguero”), ha estado procesado por delitos del orden agrario y por robo de vehículos. Sin embargo, fue uno de los principales instigadores a la violencia el viernes de la semana pasada.
5.- Cambiemos de frecuencia. A la par del rechazo a la infiltración del narco, el PRD buscará meter al debate del proceso electoral el combate a la corrupción, como parte de la vertiente que busca garantizar la probidad de las autoridades y devolver la confianza de los ciudadanos en las mismas. No hay quien pueda decir en Morelos que se siente a gusto con la existencia de la corrupción, como tampoco hay gobierno que pueda presumir que está totalmente exento de ella. Lo que falta es que la convocatoria pase del discurso al terreno de los hechos.
6.- Noviembre entró a su segunda mitad y estamos casi en la recta final del 2014. El Congreso sesionará en jueves esta semana y atendiendo a su compromiso de hacerlo semanalmente pensaría que les quedan a los diputados cinco plenarias hasta el 15 de diciembre, cuando acatando la Constitución local deban clausurar los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones del tercer y último año de la 52 legislatura. Ese día, el 15 de diciembre, para el que faltan 27 días, es el plazo fatal para que aprueben el Presupuesto del Gobierno del Estado 2015, y a la fecha no se conocen detalles que evidencien que han avanzado en el análisis del proyecto que les remitió el Ejecutivo el 1 de octubre, es decir hace ya 49 días, y es de esperar que el ayuno de datos cambie tras la aprobación del presupuesto federal. Con este retraso, al menos aparente, y con el Ejecutivo y el Legislativo enfrentados por temas como la inseguridad y el balconeo reciente de siete diputados a los que se liga al hampa, más la clara división de los congresistas por los juicios de procedencia solicitados contra algunos de sus miembros, no parece ser tan temprano como para preguntar si habrá presupuesto a tiempo o nos encaminamos a una nueva crisis política. A ver.
