El funcionario recordó que en la administración calderonista se detuvo a 106 mil presuntos delincuentes, pero solo tres mil estaban purgando una pena o en proceso judicial, “lo cual viene a demostrar que había descoordinación entre las dependencias”. Esto, definitivamente, tenía relación con el clima de impunidad. Entre otras cosas Osorio Chong consideró que en el sexenio calderonista se abusó de la figura del arraigo debido a que la Procuraduría General de la República (PGR) no sustentaba la detención ni tampoco la investigación. Añadió que la Secretaría de Marina, el Ejército, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad “sí hacían su trabajo pero desarticuladamente (…) Ahora estamos bien coordinados, trabajando de la mano con el Ministerio Público y con todas las áreas de seguridad”. Hoy, según el secretario de Gobernación, “se está realizando un trabajo de inteligencia, de coordinación e información que permite dar resultados y de que no es necesario inventar el hilo negro, sino hacer lo que le toca a cada dependencia de manera coordinada”.
2.- Aquí creo importante recordar, amables lectores, las gigantescas cantidades de dinero destinadas por el gobierno federal a la lucha contra el crimen organizado durante el sexenio 2006-2012. A partir de la llegada de Felipe Calderón al poder y su declaración de guerra al narcotráfico (en enero de 2007), el peso de ese enfrentamiento llevó a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina a duplicar su presupuesto anual entre 2006 y 2011. En 2006 la Cámara de Diputados asignó al Ejército y la Fuerza Aérea 26 mil 31 millones de pesos, cifra que en 2011 aumentó a 50 mil 39 millones de pesos. En torno a la Marina su presupuesto pasó de 9 mil 100 millones en 2006 a 18 mil 270 millones para 2011. Y la tendencia en ascenso siguió igual hasta la elaboración del presupuesto de egresos de 2013. Ni duda cabe de que en el PEF-2015 ocurrirá lo mismo. Muchísimo dinero erogado en acciones descoordinadas, según se desprende de lo expresado por Osorio Chong aquel 24 de agosto del año pasado. Ni qué decir sobre el presupuesto público destinado a otras instituciones también dedicadas al complicado tema de la seguridad. Mucho dinero de la sociedad mexicana, pero demasiada impunidad prevaleciente por todos lados.
3.- El 22 de abril del presente año el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, sostuvo que el gobierno federal debe volcar sus esfuerzos contra la impunidad y cumplir su obligación de reducir los índices de violencia y criminalidad, así como restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio nacional. Según él, es la impunidad lo que genera las altas tasas de incidencia delictiva en determinadas zonas geográficas del país. En materia de impunidad, comentó que la capacidad para castigar delitos y por esa vía prevenirlos nunca fue elevada en México, pero en el sexenio pasado sufrió un desplome, ya que en 2006 se impusieron sentencias condenatorias a 41 de cada 100 homicidios mientras que 2011 a 16 de cada 100. Hace 10 años, refirió Ortega Sánchez, cada policía ministerial ejecutaba al año tres órdenes de aprehensión en promedio y en 2011 ni siquiera dos, por lo que el rezago en esta materia llega a medio millón, es decir que 500 mil delincuentes identificados siguen libres para delinquir.
4.- En este contexto, amables lectores, cualquier esfuerzo de los tres órdenes de gobierno para combatir al crimen organizado y la delincuencia común seguirá siendo infructífero si antes no se impulsa una política integral para abatir el rezago en materia de impunidad. Así las cosas, Ortega Sánchez insistió en que el gobierno debe instaurar esquemas de responsabilidad y rendición de cuentas en instituciones de seguridad pública que hagan depender la permanencia en los cargos de los resultados. Conclusión: la política de prevención del delito del gobierno federal, plasmada en tres ejes (la prevención social de la violencia y el delito, la creación de una policía nacional y control de la información para que la criminalidad no aparezca como un asunto central en la Agenda Nacional), es un desperdicio de recursos que podrían servir para reducir la impunidad y salvar vidas. Más claro, ni el agua. En Morelos la impunidad alcanza niveles del 97 por ciento. Cada año se cometen alrededor de 43 mil delitos, de los cuales la mayoría quedan impunes. En el bienio pasado se concentraron en la Procuraduría General de Justicia del Estado no menos de 100 mil expedientes cuyo destino fue el archivo muerto.
5.- La impunidad va de la mano con la corrupción. Antes del advenimiento del PAN a la presidencia de la República se culpaba a los gobiernos priístas sobre ello. Ni duda cabe: las administraciones emanadas de la “familia revolucionaria” condicionaron a la población a actuar de esa manera. Pero lo mismo se repitió durante la era panista, desde Fox hasta Felipe Calderón. La esfera pública se caracterizó por una red de intereses que vivieron de explotar los poderes discrecionales con que cuenta el gobierno y la burocracia, de la indefinición permanente en prácticamente todos los rubros y, en suma, de las reglas “no escritas”. Los gobernantes han concedido favores a cambio de lealtad. Así funcionó el sistema priista y así lo propugnaron, allende los comicios de 2000 y 2006, todos los grupos interesados en que las cosas no cambiaran y se mantuvieran iguales. Les convenía (¿conviene?) porque de por medio hay miles de millones de dólares provenientes de los sufridos contribuyentes mexicanos.
6.- Así las cosas no deben extrañarnos los resultados de importantes investigaciones, como una llevada a cabo por el Instituto Tecnológico de Monterrey (2011), cuyo resumen es el siguiente: el 98.5 por ciento de los delitos cometidos en México quedan impunes. Según el informe, de los 7.48 millones ilícitos cometidos en el país en lo que va de año -tanto del orden federal como del común- únicamente se ha formulado una condena en relación al uno por ciento. Del total de delitos sólo se denuncia un 22 por ciento, lo que hace cerca de 64 mil denuncias. A su vez, de esta cifra únicamente un 15 por ciento se investiga, pero sólo el cuatro por ciento de ellas concluye, debido a la lentitud en la mayoría de los procesos y el incumplimiento de las leyes… El más reciente informe sobre incidencia delictiva de Morelos, vía Sistema Nacional de Seguridad Pública, vuelve a exponer al robo en sus diferentes modalidades como el delito de mayor incidencia: 16 mil 803 en octubre. Tocante al secuestro se registraron siete casos, frente a los diez de septiembre. Luego seguimos con estos datos.