Sin embargo, el diario “Reforma” difundió este domingo una nota retomando la información que ya había trascendido en Cuernavaca a principios del mes pasado, previo a dicha reunión cuyo escenario fue la antigua Casa de Gobierno, hoy Residencia Oficial. El rotativo dio por buenos los datos y publicó este domingo que el gobierno morelense firmó un contrato de compraventa para pagar 20.3 millones de pesos por un tercio de terreno que cuatro meses atrás sus actuales dueños habían sufragado en solo 9.3 millones. Empero, las autoridades estatales enviaron una carta a “Reforma” aduciendo que la compra del predio no se completó porque los vendedores no cumplieron con requisitos como el uso de suelo y la factibilidad de agua potable. Sin embargo, el contrato, mediante el cual el Ejecutivo estatal adelantó 3 millones de pesos, sigue vigente.
2.- El terreno, de 6 mil 884 metros cuadrados, fue adquirido por particulares el 27 de diciembre de 2013. “El 22 de abril de 2014 se realizó un contrato de compraventa entre el Gobierno de Morelos y los hermanos Leal, sujeto a obligaciones que no cumplió la parte vendedora y cuyo plazo venció el 11 de junio de 2014”, se indicó en la carta. “En ese contrato, para reservar la compra del terreno, se depositaron 3 millones de pesos a favor de los vendedores (…) A partir de junio se inicia el proceso de desistimiento del contrato y estamos en vías de darlo por terminado”, agregó el Ejecutivo estatal. Entre las obligaciones que debían cumplir los vendedores estaban definir uso de suelo, dividir el predio, obtener factibilidad de agua potable y obtener autorización de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento. Conclusión: todavía no hay espacio para construir la nueva sede del Poder Legislativo.
3.- El Congreso local se deslindó de cualquier responsabilidad en el caso de la fallida compra de un terreno para construir la nueva sede del Poder Legislativo. Los presidentes de la mesa directiva y de la Junta Política, Lucía Meza y Javier Bolaños, coincidieron en pedir cuentas sobre el asunto al gobierno estatal. La primera dejó en claro que el Congreso no es responsable de la compra del terreno ni de la posterior edificación del inmueble, de acuerdo con el decreto del caso, sino que es el Ejecutivo, y que éste no ha emitido ningún informe oficial, pero se pronunció porque lo haga. En tanto, el panista Bolaños evitó en lo posible el terreno de la especulación pero expuso que debe ser investigado y definido lo relativo al contrato, su firma, su cancelación y sus consecuencias, incluyendo las responsabilidades de quienes participaron. Minutos antes y en otro escenario, el consejero jurídico estatal, Juan Salazar Núñez, reiteró que el contrato está en suspenso. Por lo pronto los únicos nombres que están a la vista en representación de la autoridad son los de la secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza, y del ex secretario de Administración, Carlos Riva Palacio Than. El tema continuará por varios días en la escena pública. A ver.
4.- El Ejecutivo estatal anunció tres iniciativas que serían remitidas ayer al Congreso estatal para adecuar la legislación morelense con la federal en el rubro penal, atendiendo a la armonización solicitada por el Congreso de la Unión. Fue el consejero jurídico Juan Salazar Núñez quien en la conferencia de prensa que el gobierno morelense ofrece cada lunes, anunció el trío de iniciativas, de las que la primera implica adoptar el Código Nacional de Procedimientos Penales con reformas a la Constitución y ocho leyes locales, además de las referentes a la formulación de las leyes de Administración de Bienes Asegurados de la Fiscalía General y la de Sujetos protegidos. Se trata de parte del trabajo que el gobierno de Morelos en su conjunto debe realizar para contribuir a que en el país se establezca una política criminal coherente, articulada e integral, como señaló el funcionario, quien destacó entre los propósitos de este esfuerzo al abatimiento de la corrupción y la impunidad, así como la capacitación de jueces, agentes del MP, defensores y todos los operadores de la justicia.
5.- La Junta Política del Congreso remitió a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado los juicios de procedencia solicitados por la Fiscalía General en contra de los diputados Manuel Martínez Garrigós y Alfonso Miranda Gallegos, en medio de presuntas amenazas a la integridad de algunos legisladores –que quedaron en el terreno del rumor-, de celebraciones de personajes del Ejecutivo que han venido impulsando los asuntos en contra de ambos diputados –incluido el propio mandatario, y de un clima de preocupación en el Congreso por la vorágine que se avecina, aderezado con la presencia de patrullas militares que se dejaron ver en los alrededores del recinto legislativo por la tarde de ayer, luego de histórica decisión de los coordinadores parlamentarios. La Comisión de Gobernación y Gran Jurado es presidida por la panista Amelia Marín Méndez, tiene como secretaria a la priísta Rosalina Mazari Espín y como vocales a Roberto Carlos Yáñez Moreno (PSD), Fernando Guadarrama Figueroa (MC), Isaac Pimentel Rivas (PRI), Raúl Tadeo Nava (PRD) y al propio Miranda Gallegos que evidentemente no participará.
6.- A fin de fortalecer el correcto uso de los espacios de estacionamiento de vehículos que conducen las personas con discapacidad o que les trasladan, la diputada priísta Rosalina Mazari Espín presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos. La propuesta implica la reforma de las fracciones III y IV y adiciona una fracción V en el artículo 60, y reforma la fracción III del artículo 61, ambos de la Ley citada, a efecto de que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) expida las placas de los vehículos que tienen las personas con discapacidad, o de aquellos que las trasladan. También, para que expida un permiso temporal en los casos en que la discapacidad sea transitoria y se requiera que la persona se traslade a algún lugar, por lo que podría hacer uso de los cajones de estacionamiento destinados para las personas con discapacidad. Por otro lado, se advierte que en la práctica muchas veces se hace uso de los cajones de estacionamiento destinados para personas con discapacidad, en casos en los que no se está trasladando a la persona que lo requiere, por lo que se llega a caer en el abuso de este derecho. A ver.