Esto puede observarse en los operativos conjuntos, cada vez menos eficaces. El relativo éxito de los primeros operativos no ha podido replicarse tanto porque los recursos humanos y la capacidad de las fuerzas federales son limitados, como porque ahora enfrentan con más frecuencia pequeñas células delictivas, sumamente elusivas, bien coordinadas, con un alto poder de fuego y arraigo en las localidades. Así, las pequeñas organizaciones que están generando violencia en un gran número de localidades del país dejaron de ser gradualmente objetivos del gobierno federal.
2.- El experto en seguridad pública y nacional Eduardo Guerrero ha expresado que la dispersión de la violencia, además, traería como consecuencia una de carácter político. “Para sectores amplios de la sociedad, la violencia antes era un problema que parecía lejano. En la medida en la que la violencia ya no está concentrada sólo en algunas regiones, observaremos una creciente movilización social, y una presencia central del tema en las agendas partidistas y en el contexto electoral. Como las autoridades estatales y municipales serán las principales responsables de hacer frente al desafío que supone la dispersión de la violencia, la creciente demanda social posiblemente tenga el efecto positivo de propiciar avances efectivos en la profesionalización de las instituciones locales de seguridad, procuración de justicia y de carácter judicial; y de rescatar las cárceles estatales y municipales del control criminal”. Guerrero no se equivocó. La responsabilidad para la prevención y persecución delictiva recae ahora sobre los gobiernos estatales y municipales, dentro de un grave contexto de debilidad institucional.
3.- A estas alturas de la incidencia delictiva nacional y estatal nadie ignora que la precariedad del estado, la debilidad institucional y el auge del narcotráfico se coludieron para configurar el complejo paisaje de la corrupción en México y Morelos. Por eso ha sido muy difícil controlar la situación. Al menos durante las dos décadas anteriores, el catalizador de los procesos fue sin duda el crecimiento de la economía criminal, sobre todo la inherente al narcotráfico. Claro ejemplo de ello fue la era panista de Morelos, pletórica de complicidades entre las más altas autoridades y los grandes capos. Y es así como esta semana, tras los lamentables hechos de Guerrero (bastante ilustrativos sobre la mencionada debilidad institucional en infinidad de entidades), el gobierno federal anunciará el jueves la creación de una policía nacional y la incorporación de nuevos delitos en el Código Penal a fin de sancionar los ilícitos que comete el crimen organizado, verbigracia el cobro de piso.
4.- Lo anterior requerirá de reformas constitucionales, sobre todo al artículo 115 de la Carta Magna, para crear un sistema de mando único a nivel nacional, similar al que ya opera en Morelos. Lo anterior, pésele a quien le pese, significaría que el mandatario morelense Graco Ramírez ha tenido razón propugnando la centralización de la prevención del delito en un solo mando, aunque cabe precisar que la idea subyace en el Congreso federal desde el sexenio de Fox. Espero que las nuevas acciones fortalezcan a las instituciones estatales y municipales, pues la sociedad mexicana les ha perdido por completo la confianza.
5.- Sin que haya pasado por algún tamiz en Morelos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó ayer que el consorcio Construcciones Aldesem, S.A. de C.V. y Epccor S.A. de C.V. resultó ganador de la licitación del contrato de la obra pública: “Ampliación del Libramiento de Cuernavaca en el Estado de Morelos”, con una oferta de mil 45 millones 857 mil 952 pesos. La dependencia informó que en la licitación respectiva participaron 23 empresas interesadas en realizar la obra de 14.7 kilómetros, misma que contribuirá a disminuir a tan solo tres horas el tiempo de traslado de la ciudad de México a Acapulco. Insisto en que la obra fue licitada desde “el centro”, porque durante este fin de semana, en Huexca, se le volvió a endilgar al gobernador Graco Ramírez la obra del gasoducto y termoeléctrica, cuyos proyectos datan del sexenio calderonista, mismos que le fueron concedidos a empresarios españoles por la CFE. Por cierto, la reactivación del conflicto en dicha comunidad pondrá a prueba la capacidad negociadora de Matías Quiroz Medina, flamante secretario de Gobierno, aunque todo mundo sabe que la operación política de verdad se lleva a cabo en la oficina del subsecretario Ricardo Robledo.
6.- Cambiemos de frecuencia. Aunque los expedientes sobre la petición de desafuero de los diputados Manuel Martínez Garrigós y Alfonso Miranda Gallegos apenas están llegando a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso para su resolución, en el ambiente político flota la certeza de que ambos legisladores serán separados de sus curules y deberán arreglar sus cuentas con la justicia. Uno de quienes están convencidos de ello es el fiscal Rodrigo Dorantes, quien ayer se congratuló por la decisión prácticamente unánime de los diputados (sólo el pesedista Roberto Yáñez votó en contra) para que la Junta Política decretara la procedencia de la formación de causa y enviara los casos a la comisión legislativa, y advirtió que los desafueros permitirán judicializar otros expedientes que la Fiscalía General del Estado tiene en sus manos en contra de los dos diputados. Garrigós está acusado de peculado agravado y Miranda Gallegos de ultrajes a la autoridad, amenazas y abuso de autoridad y ambos aducen su inocencia alegando que la formación de causa no debió proceder.
7.- El tema de los desafueros deberá aderezar la sesión ordinaria de este miércoles, que está convocada para las once de la mañana pero seguramente comenzará luego de las doce horas, pues señores –y señoras- nunca llegan a tiempo y esta vez difícilmente harán lo contrario. En la sesión se espera que finalmente se ocupen de la discusión y votación de la Ley de Jóvenes y Adolescentes, que en las últimas semanas ha estado entrando y saliendo del orden del día a causa de los intereses de los grupos parlamentarios que no han permitido las “condiciones políticas” para atender el tema, como si los jóvenes y su bienestar merecieran estar ligados al bolsillo o los afectos de los legisladores. También se prevé que resuelvan cuatro casos de pensiones a las que una mayoría de diputados se oponen por tratarse de trabajadores de ayuntamientos, pero que se relacionan con el cumplimiento de ejecutorias dictadas por los juzgados Sexto de Distrito y Primero de Distrito, ambos en el Estado de Morelos. Con este cuarteto de beneficiados serán más de 30 las pensiones que otorgue el Congreso en su jornada de hoy. Ya veremos y diremos.