El titular del Poder Ejecutivo insiste en que debe abrirse un debate nacional respecto a legalización de la producción, comercialización y uso de la marihuana (con fines medicinales y sin criminalizar a los consumidores), para lo cual redactó sendas cartas turnadas al presidente Enrique Peña Nieto, a la SCJN y a las mesas directivas de las cámaras de Senadores y Diputados exhortándolos a abrir foros de discusión, todo en aras de erradicar una parte fundamental del crimen organizado mexicano. Y Jorge Morales Barud elaboró su misiva para insistir a cada uno de los diputados adscritos a la LII Legislatura local sobre el precarismo del Ayuntamiento capitalino y la necesidad que tiene de un empréstito. Palabras más, palabras menos en ambos casos.
2.- Hoy quiero referirme solo a la insistencia de Morales Barud ante quienes una y otra vez han rechazado, desde el Congreso local, la posibilidad de un mayor endeudamiento con cargo al erario municipal de Cuernavaca, aunque propios y extraños conocemos la pobreza con que opera la actual administración. Para mí es importante recordar lo ocurrido a partir del 1 de mayo de 2013, cuando Graco Ramírez impulsó el Acuerdo Hacendario firmado por él y los 33 presidentes municipales de Morelos. Entre otras cosas, el documento recalcaba la necesidad de que el Congreso autorizara créditos y refinanciamientos. Pero frente a la terca posición y negativa de quienes son sistemáticos opositores a Graco Ramírez y Morales Barud en el Legislativo escribí que nuestros ínclitos diputados no estaban otorgando ninguna graciosa concesión a los alcaldes, quienes tenían el legítimo derecho de solicitar, previa aprobación de sus cabildos, créditos para obra pública y el refinanciamiento de deudas contraídas por administraciones anteriores. Simple y sencillamente la oposición a ultranza de los diputados carecía de sustento.
3.- Me basé en lo siguiente. Efectivamente, el artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción VIII, indica que los estados y municipios no pueden contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. El artículo 40 de la Constitución Política local, fracción X, indica que en materia de deuda pública los diputados tienen la obligación de autorizar, pero en su caso rechazar la contratación de empréstitos o créditos a los alcaldes.
4.- Ojo: en concordancia con lo anterior, la Ley de Deuda Pública de Morelos, en su artículo tres, señala que la deuda pública municipal es la que contraigan los ayuntamientos como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública para-municipal a su cargo. Y aquí va el quid del planteamiento. “La fracción XXI agrega en torno al concepto de inversiones públicas productivas (previsto por la Carta Magna): Las destinadas a la ejecución de obras públicas, a la adquisición o manufactura de bienes, a la prestación de servicios públicos, al mejoramiento de las condiciones, estructura o perfil de la deuda pública vigente o de la que se pretenda contraer o a cualquier otra finalidad de interés público o social, siempre que en forma directa o indirecta, inmediata o mediata, generen un incremento en los ingresos de las entidades”.
5.- Y la fracción XXIII de la misma Ley de Deuda Pública de Morelos contempla (como un mentís a los legisladores) las operaciones de refinanciamiento, es decir los empréstitos o créditos que se celebren por las entidades, bajo cualquier modalidad, a efecto de mejorar las condiciones de tasa de interés, plazo, perfil de amortización, garantías u otras condiciones originalmente pactadas de uno o varios financiamientos a su cargo, substituyendo o novando las obligaciones del financiamiento original, por uno o varios nuevos financiamientos con el mismo o con diferente acreedor”. Conclusión: los diputados siempre se han burlado de los alcaldes. Los tomaron como patiños. A pesar de todo lo ocurrido hasta hoy, dentro de un contexto en que Graco Ramírez dejó de insistir sobre el tema ante los tercos y saboteadores diputados, Morales Barud vuelve a la carga siendo previsible la respuesta: los panistas y perredistas no le autorizarán ningún refinanciamiento porque ello reposicionaría al alcalde frente a la sociedad local en perjuicio de los futuros candidatos del PAN y el PRD. Es evidente que estos dos partidos siempre han querido sabotear a JMB y al PRI, en tanto la bancada parlamentaria tricolor ha sido de suyo timorata y negligente para respaldar al presidente municipal de la capital. Hasta parecen sus enemigos. A ver.
6.- Cambiemos de frecuencia. El fantasma del ausentismo hizo de las suyas ayer y obligó a la presidenta del Congreso, Lucía Meza, a cancelar la sesión ordinaria y posponerla para el martes, aunque se advierte que la semana venidera los diputados sesionarán dos veces… si es que acuden. Mientras, siguen pendientes las pensiones de trabajadores municipales que la justicia federal ordenó desahogar a los legisladores y sobre las que no ha habido consenso en tres semanas consecutivas; continúa sin haber claridad acerca de las leyes de Ingresos de los municipios y el Presupuesto 2015 del gobierno estatal y se quedan sin respuesta otros asuntos como el de la gasolinera de Chipitlán o el de los campesinos que reclaman asignar al menos 200 millones al campo para el próximo año, cuyos grupos acudieron ayer a manifestarse a las afueras del recinto legislativo. En particular los agricultores enseñaron el cobre al regodearse con las consignas contra los diputados y una dama, lo que por momentos hizo parecer que fueron motivados, más que para exigir presupuesto agropecuario, para cumplir una consigna de orden político.
7.- Hay inconformidad entre los trabajadores del Poder Legislativo ante el anuncio de que el aguinaldo de este año, que esperan cobrar la próxima semana, llegará rasurado por un impuesto de orden federal ante el que no tienen medio de defensa. Los patrones representados por Lucía Meza ya les dijeron a los empleados que están en total disposición para aplicarles el descuento, por el hecho simple, aunque sea doloroso, de que en la casa de las leyes lo menos que se puede hacer es respetarlas, aunque en este caso provengan del Congreso de la Unión; la queja es que los diputados mejoraron su situación personal y nunca revisaron la del grueso de los trabajadores que no han recibido una mejora al menos en las últimas tres legislaturas, además de que les regatearon el aumento a los trabajadores sindicalizados, cuyo dirigente, Rubén Horcasitas, no está en el mejor momento de popularidad ante sus agremiados, entre quienes se afirma que en este tema no se ha dicho la última palabra pues le ven nuevos episodios para el año siguiente. A ver.