La misma Cruzada fue incorporada al Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006 promulgado por el titular del Poder Ejecutivo el 28 de septiembre de 2001 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 4144. Es decir: Estrada Cajigal apostó todas sus canicas a esa estrategia, que más o menos respondía a las exigencias sociales de la época en materia de seguridad. A comienzos de 2001 el mandatario había cesado a Alberto Pliego Fuentes como coordinador general de la Policía Ministerial y en su lugar colocado a José Agustín Montiel López. Años más tarde sabríamos que ambos tuvieron nexos con el crimen organizado, al igual que otros importantes comandantes de la Secretaría de Seguridad Pública durante los dos sexenios de la era panista.
2.- Los considerandos del Plan Estatal de Desarrollo en mención, respecto al complicado tema de la seguridad pública, le propinaron tremenda felpa a los tres antecesores de Estrada Cajigal, es decir a Jorge Carrillo Olea, Jorge Morales Barud y Jorge Arturo García Rubí. El documento reconoció que la delincuencia había permeado alarmantemente en los cuerpos policíacos “propiciando que en los delitos de alto impacto muchas veces estén involucrados elementos de la autoridad que, en teoría, son los responsables de brindar seguridad a la población”. Chequen este párrafo: “Los grupos en los que hoy está conformada la Policía Ministerial permiten a cada uno de sus integrantes (eran alrededor de 400 elementos) actuar bajo el anonimato cuando incurren en infracciones administrativas o conductas ilícitas, las cuales van desde un simple abuso de autoridad, hasta la delincuencia organizada para cometer delitos como el secuestro, el robo de vehículos o el robo a casa habitación, que agravian a la sociedad cada vez que ocurren”. Ni qué decir respecto a los textos donde el Plan de Sergio Estrada Cajigal plasmaba la grave situación de la Procuraduría General de Justicia. Etcétera, etcétera.
3.- Sin embargo, aquella Cruzada por la Seguridad y la Convivencia en Armonía rindió frutos aparentes. Como los venenos para plagas, ahuyentó eventualmente a las lacras institucionales, pero no las exterminó. Con Montiel López al frente de la Policía Ministerial y Raúl Cortés Galindo en la dirección operativa, esa corporación fue nido de hampones los tres años posteriores. Ambos jefes policíacos fueron encarcelados en 2004 y sentenciados por su vinculación con grupos criminales. Mientras tanto en la todavía existente Secretaría de Seguridad Pública se había tejido otra red de encubrimiento entre sus altos mandos y el clan de los hermanos Beltrán Leyva, con repercusiones en el sexenio de Marco Adame Castillo. Lo ocurrido con Montiel y “El Mico” llevó a Estrada Cajigal a juicio político, siendo separado del cargo de gobernador en octubre de 2004 por el Congreso local, aunque sostenido con alfileres mediante una perniciosa resolución de la SCJN. Etcétera, etcétera.
4.- A Marco Adame Castillo no le funcionaron dos operativos denominados “Morelos Seguro” (bajo la coordinación federal) debido a la extensa red de protección a los cárteles de la droga. Instituciones importantes como el Ejército, la Policía Federal y la PGR también estaban coludidas. Y sobre ello abundan los testimonios en las hemerotecas. Desde el sexenio de pesadilla (1994-2000) hasta 2012, los gobernadores garantizaron que estaban ocupados en la difícil problemática de inseguridad. Muchísimas ocasiones dijeron que combatían con éxito al crimen organizado, pero todo resultó una falacia. Aquel escenario, ni más ni menos, antecedió a la problemática que todavía padecemos los morelenses. Y en este contexto de vaivenes, con las estrategias ahora bajo la responsabilidad de Graco Ramírez, es penoso escuchar cómo ciertos priístas y panistas se desgarran las vestiduras y olvidan los precedentes. Ya no recuerdan nada. Así las cosas, lo implementado anteayer en varios estados con relación al programa “Tierra Caliente” del gobierno federal, que abarcará solo cuatro municipios morelenses y un montón de localidades de Michoacán, Guerrero y el Estado de México, les concedió a esos mismos actores la oportunidad de retomar el gastado discurso de la seguridad… nomás por joder. Luego sigo con este tema.
5.- Trasciende la renuncia del ex diputado local Gabriel Pacheco Inclán a las filas del PAN, como protesta al auge que tendrá en los comicios venideros la reedición de La Sagrada Familia, la cual impondrá otra vez a los mismos en los espacios de poder que los blanquiazules consigan, y advierte que “los apellidos y parentescos se repetirán en las planillas de Acción Nacional”. Gabriel René no es el único que piensa de esa manera, lo dicen y lo piensan otras figuras panistas que saben que su partido está en manos de un grupo que difícilmente permitirá la participación de quienes no son hermanos, hijos o cónyuges, aunque son pocos los que se atreven a renunciar a la política o emigrar a otro partido, quizá porque, con todo lo mala que pueda ser, la política panista los enriqueció en los dos sexenios anteriores cuando, por cierto, no se quejaban. Y mientras en el ámbito federal el PAN se encamina a un nuevo episodio de las concertacesiones, en Morelos es presumible que veremos en breve la vuelta a la escena de Adrián Rivera, Oscar Sergio Hernández, Raúl Hernández Ávila, José Luis del Valle, Germán Castañón, la familia de Javier Lezama, los hermanos Martínez Dorantes, los Ramírez Romero y otros similares. A ver.
6.- Dotar al Poder Judicial de la llamada autonomía financiera es una idea gestada por décadas en la mente de abogados y legisladores, que tomó forma en la legislatura pasada tras un largo proceso de mesas de trabajo con la participación de especialistas, conducido, en aquel entonces en su calidad de diputado local, por el senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo, y abogados de compromiso social como el actual diputado Carlos de la Rosa, en aquel tiempo en su calidad de ciudadano profesional del derecho. Tras casi un año llegaron a la conclusión de que el 4.7 por ciento del presupuesto era la cifra correcta para asignarle anualmente al Poder Judicial y eso se tradujo en una iniciativa de reforma constitucional que fue aprobada por la legislatura pasada y enviada al Constituyente Permanente, que también la aprobó. El problema fue que la autonomía del Judicial estaba siendo permitida por el gobierno de Marco Adame, pero antes de que concluyera el proceso para hacerla realidad pasaron las elecciones locales del 2012 y entonces, bajo la influencia de un nuevo gobierno, el asunto se entrampó y no ha avanzado en casi dos años y medio. Por eso hablar de que ahora sí los diputados harán la declaratoria me suena más bien al petate de un muerto ondeado al calor del jaloneo por el reparto del pastel presupuestal para el año entrante.