Fue el día en que 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos por una combinación de fuerzas policiales y del crimen organizado. Algunos especialistas han considerado que ya existía un escenario previo de eventual ingobernabilidad ante casos como los de Michoacán y Guerrero. Ahora, tanto el presidente Enrique Peña Nieto como el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, pagan por no haber puesto atención al problema.
2.- La popularidad de ambos se ha desplomado en las últimas encuestas publicadas y, en gran parte, las dudas sobre su mandato se concentran sobre uno de los reclamos más fuertes de la sociedad: el aumento de la violencia y la inseguridad en el país. Peña Nieto ha sido criticado duramente, tanto en México como en el extranjero, por haber reducido a un perfil bajo los problemas de inseguridad que arrastra México desde el sexenio pasado y que, en los últimos meses, hicieron crisis. En noviembre y enero de 2013 la debilidad del mercado externo y la economía mundial preocupaban a los analistas de las 37 instituciones privadas que consulta mensualmente el Banco de México. Pero en enero de 2014 eso cambió: desde entonces, los expertos mencionaron a la inseguridad como el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento económico de México.
3.- En enero de 2013 la inseguridad recibió 20 puntos porcentuales en la tabla de preocupaciones contra los 18 marcados para la debilidad externa. Luego, en febrero la proporción fue de 18 contra 17 (en el mismo orden), pero a partir de marzo ambos motivos de preocupación se distanciaron. La inseguridad se volvió la principal preocupación de los analistas del sector privado el resto del año. En marzo, por ejemplo, a los especialistas les preocupaba la debilidad del mercado interno mexicano (16 por ciento) y en los mismos porcentajes la debilidad externa. Pero la inseguridad fue de 21 por ciento, es decir, muy por encima de los anteriores dos factores. En abril, la inseguridad se mantuvo en 20 puntos porcentuales mientras que las debilidades internas y externas bajaron, en la lista de factores que podrían afectar el crecimiento, a 14 y 16 por ciento.
4.- De mayo a noviembre pasado, la inseguridad se mantuvo como la más grande preocupación de los especialistas y así se lo hicieron saber al Banco Central. Incluso por encima de la política fiscal, que durante un largo periodo (todo 2013) tuvo un peso importante. “La proporción de analistas que considera que el clima de negocios mejorará en los próximos seis meses disminuyó con respecto a la encuesta del mes anterior, si bien continuó siendo la preponderante en la encuesta de noviembre. Por su parte, la fracción de especialistas que piensa que el clima de negocios empeorará se mantuvo en el mismo nivel”, explicó Banxico en su reporte de la semana pasada. “Como se aprecia, los especialistas consideran que los principales factores son, en orden de importancia: los problemas de inseguridad pública (26 por ciento de las respuestas y el de mayor frecuencia por décimo primer mes consecutivo); la debilidad en el mercado externo y la economía mundial (13 por ciento de las respuestas); la debilidad en el mercado interno (12 por ciento de las respuestas); y la política fiscal que se está instrumentando (10 por ciento de las respuestas)”, agregó. Conclusión: la crisis en materia de seguridad retornó y amenaza con extenderse.
5.- Cambiemos de frecuencia. Todo indica que no será este año cuando tengan un desenlace los casos de desafuero que se siguen contra los diputados Manuel Martínez Garrigós y Alfonso Miranda Gallegos, de acuerdo con los tiempos legales a que se debe atener la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso, cuya presidenta, la panista Amelia Marín Méndez, apenas el miércoles anterior recibió los expedientes de ambos asuntos de parte de la Junta Política, y ha dicho en diversos foros que los intentos de dictar línea y de presionar la emisión de los dictámenes, se estrellarán con su determinación de actuar basada en la ley. El ánimo de linchamiento que ha rodeado estos casos de desafuero aparentemente no ha impactado la voluntad de la legisladora de Zacatepec, pero es muy pronto como para que puedan cantar victoria quienes están en contra de los diputados o quienes los apoyan. Por lo pronto el fin de semana trascendió un recurso de protección de los derechos políticos que el amacuzteco Miranda interpuso ante el tribunal electoral local, en contra de la Junta Política por el dictamen a favor del juicio de procedencia en su contra, y ese elemento podría ralentizar el proceso de eventual desafuero. A ver.
6.- El 10 de enero de este año el ex diputado local Gabriel Rivas inició un movimiento con fachada social que se oponía al incremento en el impuesto predial y los servicios municipales, pero que se tornó político luego al basar sus exigencias en el castigo para el ex alcalde Manuel Martínez Garrigós, seguramente el villano más posicionado en el odio de los electores, y en la salida del actual munícipe capitalino, Jorge Morales Barud. El movimiento le permitió estar en la escena pública todo el año y servir al proyecto del hasta hace poco secretario de Gobierno Jorge Messeguer Guillén. En este espacio consideré varias veces que el propósito final de Rivas Ríos era la búsqueda del beneficio político personal, y por ende del jugoso beneficio económico que implica, y ahora ha quedado claro ese interés al trascender que el ex diputado perredista que en la legislatura pasada brincó al PT amparado por Tania Valentina Rodríguez, ahora se ha mudado a las filas de Morena y está peleando por ser candidato de este nuevo instituto político para una diputación local. ¿Será que azuzar gente para ir a lanzar huevos contra el Congreso le valió puntos para ser candidato? ¿De verdad ese es el nivel de representantes que impulsará el partido de AMLO?
7.- En medio de la ola de pronunciamientos sobre la necesidad de verificar la calidad de los personajes que los partidos eligen como candidatos, el diputado petista Héctor Salazar propuso que la UAEM y el Impepac, apoyados en especialistas de la materia, diseñen una estrategia política y jurídica para apoyar a los institutos políticos a evitar que los infiltre la delincuencia organizada. La propuesta, claro, deriva también de los sucesos de Iguala y los normalistas de Ayotzinapa que han resultado víctimas, que hasta donde se sabe se originaron por órdenes de un gobernante municipal involucrado con los criminales. Como muchas otras, la propuesta del legislador, según se advierte, se da basada en la idea de que los propios partidos, es decir quienes los manejan, tienen verdaderamente la intención de evitar ser infiltrados por la delincuencia. Sin embargo, habría que pensar en la posibilidad de que esa infiltración ya se esté dando y haya iniciado desde anteriores procesos electorales, y en ese caso preguntarse cuál sería la solución.
