Sin embargo, es importante precisar que varias áreas de ese centro recreativo quedaron inconclusas. Los sucesores de Ortega, es decir Antonio Riva Palacio, Jorge Carrillo Olea, Jorge Morales Barud y Jorge Arturo García Rubí no hicieron nada por cuidar el proyecto. Al contrario: se olvidaron de él. Aquel 5 de junio de 2012 el ahora gobernador de Morelos anunció la creación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la cual asumió algunas funciones y atribuciones de la extinta Comisión Estatal del Agua el Medio Ambiente (CEAMA).
2.- Aunque varias de las propuestas planteadas en la misma fecha por Ramírez Garrido Abreu todavía están pendientes (la fundación del Instituto de Política Ambiental y Manejo de Ecosistemas y la creación de la Procuraduría de Justicia Ambiental), el titular del Poder Ejecutivo ha cumplido con la promesa de rescatar la zona ecológica protegida. Ayer firmó un nuevo acuerdo al respecto y anunció la remodelación integral del balneario. Dentro de este contexto he de recordar, gracias a la sugerencia de Ignacio Suárez Huape, ex presidente del PRD-Morelos, algunos asesinatos perpetrados contra defensores de aquellas tierras. Por ejemplo, el 31 de octubre de 2009 fue victimado Miguel Pérez Cazales, quien siempre se opuso a los proyectos urbanizadores del gobernador panista Marco Adame Castillo. Y en 2007 fue asesinado el adolescente Aldo Zamora Gómez, también por defender el Corredor biológico del Chichinautzin.
3.- Hace apenas unos meses estábamos informando respecto al desalojo de varios centenares de personas asentadas en forma irregular sobre la reserva, lo cual había puesto en grave riesgo los ecosistemas de la región, la fauna y el más importante manto acuífero de Morelos. Pero ayer, dentro del contexto del acto presidido por Graco Ramírez en “El Texcal”, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Tejalpa, Baltazar Meraz Cuevas, declaró que a pesar del retiro de 800 construcciones ilegales, los vivales de siempre siguen haciendo de las suyas aprovechando la necesidad de mucha gente de un espacio dónde vivir. Así las cosas, lenta pero progresivamente están reapareciendo predios cercados con alambre de púas, lo cual demuestra que se sigue comercializando la tierra al margen del estado de derecho. Según lo expresado por Meraz Cuevas, este lucrativo pero ilegal negocio es propiciado por líderes venales que han hecho lo mismo en Tepoztlán y Tlayacapan. Me parece, pues, que las autoridades ambientales federales y estatales, así como la Fiscalía General del Estado, deben investigar y de llegar a comprobar el resurgimiento de vivales, proceder a consignarlos. No hay de otra.
4.- Cambiemos de frecuencia. Que suceda el robo de evidencias al interior de la propia dependencia encargada de la persecución del delito no puede dejar de llamar la atención a la clase política, entre ellos los miembros de la legislatura 52, algunos de quienes ayer mostraron su sorpresa y pidieron que las autoridades esclarezcan los hechos, deslinden responsabilidades y castiguen a los responsables. Uno de quienes se pronunció sobre el tema fue el legislador perredista Jordi Messeguer Gally. El ilícito cometido en la Fiscalía deja mal parado al fiscal Rodrigo Dorantes y a sus altos funcionarios, pues en la lógica popular es difícil pensar que los funcionarios de la dependencia puedan servir para proteger a la sociedad de la delincuencia, si ni ellos mismos se salvan. En los corrillos políticos el suceso se tomó a chacoteo, pero para quienes han sufrido los embates del hampa, el robo es muestra de que la Fiscalía no se ha librado de la descomposición interna que motivó su creación partiendo de extinguir a la Procuraduría. El fiscal asegura que mediante una auditoría especial se llegará hasta los responsables, adscritos a áreas administrativas y de investigación criminal de la institución.
5.- El coordinador de la bancada perredista en el Congreso local, Arturo Flores Solorio, se lanzó ayer a la yugular de la panista Amelia Marín Méndez para exigir que, en su calidad de presidenta de la misma, convoque a sesión de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado y dé celeridad a los procesos de desafuero contra los diputados Manuel Martínez Garrigós y Alfonso Miranda Gallegos. En un comunicado, el líder de los amarillos acusó a la legisladora de retrasar los procedimientos a propósito, primero evitando recibir la notificación de la Junta Política sobre la aprobación para la formación de causa y hasta ayer negándose a convocar a los diputados miembros de la Comisión. El apasionado mensaje del coordinador perredista deja entrever que recibió un duro regaño por la actitud pasiva que ha mostrado en este y otros asuntos que interesan a su partido –y al ejecutivo-, y que a seis días hábiles del cierre de periodo de sesiones el llamado es inútil. Por lo demás, es evidente que la legisladora blanquiazul de marras tiene interés en que se quebranten los plazos legales de los mentados juicios. A ver.
6.- Campesinos integrantes del Consejo Agrario Permanente (CAP) acudieron ayer al palacio legislativo para reunirse con un grupo de diputados encabezados por la presidenta del Congreso, Lucía Meza, con el propósito de avanzar en su petición de que se aumenten los recursos destinados a apoyar al campo en 2015. Como ya se sabe, los agricultores reclaman que el dinero para destinado al agro morelense fue de apenas 133 millones en este año y la proyección inicial del gobierno para 2015 era de 999 millones, mientras que ellos demandan al menos 200 millones. Se han reunido con autoridades estatales y ayer tuvieron la atención de los legisladores, pero aún no concretan un respaldo financiero que les convenza. Frente esta situación, sigue latente la posibilidad de que radicalicen su postura. A ver.
7.- Alrededor de 200 trabajadores del Hospital del Niño y el Adolescente se manifestaron ayer frente a Palacio de Gobierno en contra de que les sea gravado su aguinaldo con el Impuesto Sobre la Renta. Las tasas impositivas oscilan entre 12 y 30 por ciento, aunque la mayoría de empleados del nosocomio percibe salarios bajos, sobre todo si se les compara con los que se embolsan los mandos medios y superiores de la Secretaría de Salud. Vesta Richardson, titular de la dependencia, declaró que los descuentos son legales y están previstos en la legislación federal por la SHCP. Sin embargo, los inconformes se reunirían con Vesta y el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, para resolver el problema… El lunes 15 de diciembre vence el plazo para aprobar el Presupuesto 2015 en el Congreso local. Y todavía no hay nada.
