De esta época, es importante destacar las reformas contenidas en la Ordenanza de Intendencias, en las que se advierten los antecedentes de la actual normativa, como son: la obligación de los servidores públicos de realizar una declaración patrimonial y la emisión de instrucciones y promulgaciones reales, que podríamos identificar con lo que actualmente se conocen como mecanismos de control.

2.- En la Constitución Federal del 5 de febrero de 1857, se confirma la facultad del Poder Legislativo para fiscalizar los recursos públicos y se establece la Contaduría Mayor de Hacienda, a través del artículo 72, fracción XXIX del propio ordenamiento, mismo que previene el funcionamiento de este organismo. En el plano internacional, las contadurías o tribunales de cuentas datan de hace más de 200 años como órganos técnicos de auxilio. Las más antiguas son la Contaduría Mayor de Hacienda de Alemania, creada en 1714, y el Tribunal de Cuentas francés de 1807. En casi todos los países existen Tribunales o Cortes de Cuentas, como en España, que actúan como órganos autónomos, en el sentido orgánico, de apoyo a las asambleas legislativas; es decir, no están vinculados al Poder Legislativo, y en algunos casos, se acercan más al Poder Judicial. Es necesario destacar que en ningún momento el Poder Ejecutivo debe intervenir en la fiscalización por los motivos que se expusieron anteriormente.

3.- Los órganos fiscalizadores de otros países y sus equivalentes en México (la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de Fiscalización, en el caso de Morelos), hacen gala de autonomía respecto de los demás órganos estatales. En realidad, tal autonomía es difícil de alcanzar por ausencia de independencia funcional y organizativa, así como de los medios financieros necesarios para el cumplimiento de las facultades que les competen. Lo anterior fue la principal característica de la ASF morelense, cuyo titular era Luis Manuel González Velázquez, antiguo militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostenido a fuerzas en ese cargo mediante una componenda extralegal, dentro del Congreso del Estado, entre los grupos parlamentarios del PRI y la bancada del Partido Acción Nacional. El 24 de mayo de 2013, el entonces secretario de Gobierno Jorge Messeguer Guillén, propuso la extinción de la ASF a fin de darle paso a un Tribunal de Cuentas en Morelos. Empero, Javier Bolaños Aguilar, jefe de los diputados panistas, arremetió contra Messeguer, quizás desconociendo la historia de dichos órganos fiscalizadores descrita líneas atrás. Bolaños indicó que la iniciativa de Messeguer era una ocurrencia.

4.- En la columna del sábado comenté lo que el 25 de febrero de 2005, a escaso año y medio de haberse creado la Auditoría Superior Gubernamental (ASG), el otrora coordinador de los diputados panistas en el Congreso local, Javier López Sánchez (hoy asesor del mismo grupo que comanda Javier Bolaños Aguilar), cuestionó la autonomía de gestión del entonces auditor Gerardo Casamata Gómez, lo cual significaba que como titular de la entidad de fiscalización tenía (teóricamente) “toda la libertad, pero también la responsabilidad para determinar los recursos internos necesarios de la entidad, tanto humanos como materiales y consecuentemente presupuestales, a fin de elevar la profundidad, la calidad y, por supuesto, la utilidad de sus intervenciones”. “Pero tal responsabilidad –añadió allá y entonces López Sánchez- lleva implícita la independencia requerida para planear y ejecutar sus verificaciones, sin atender a presiones de grupos o personas con evidentes o velados fines partidistas, políticos o económicos”.

5.- López Sánchez concluyó exponiendo el vicio estructural presente en la que hasta el jueves de la semana pasada se llamaba Auditoría Superior de Fiscalización. Dijo: “La fiscalización no puede dictarse desde los medios de comunicación o desde la apreciación de los actores políticos, sino que debe realizarse con una alta profesionalización y una actuación éticamente comprometida”. Por ello propuso fortalecer la independencia de la Auditoría desde el plano legislativo, mediante la reforma constitucional correspondiente. Lo malo es que esto nunca se llevó a cabo prolongando la agonía de una institución que simulaba las revisiones de cuentas públicas, pero cuyo objetivo fundamental era concentrar información valiosa posteriormente utilizada por los diputados más belicosos como arma de negociación ante los demás poderes, los alcaldes deshonestos y, en su momento, para proceder al revanchismo político. Servía para el chantaje, pues.

6.- Dícese que origen es destino. El mismo 25 de febrero de 2005 el también diputado local del PRD, Fidel Demédicis Hidalgo, manifestó en torno a la Auditoría Superior Gubernamental: “Siempre tuvimos la razón cuando planteamos que la ‘partidocracia’ no debía intervenir en el nombramiento del auditor porque generaría la politización que  hoy impide la fiscalización neutral y objetiva sobre las cuentas públicas. Además señalamos una cuestión fundamental para auditar: debe haber personal profesional en la ASG, que hasta ahora es inexistente. Si sumamos la politización con la desprofesionalización el resultado es la negligencia en la ASG”.

7.- Así las cosas, la idea de desaparecer la Auditoría Superior de Fiscalización no era descabellada, sino simplemente apegada a la que durante muchos años fue su realidad, que podemos sintetizar en lo siguiente: servía para maldita la cosa. ¿Ahora qué sigue? Me parece recomendable que entre los tres poderes de Morelos se pongan de acuerdo y decidan impulsar la creación de un Tribunal de Cuentas dotado de autonomía técnica y financiera, sin formar parte del Legislativo o el Ejecutivo y con la capacidad de proceder legalmente en contra de servidores públicos corruptos. Debe estar más cercano al Poder Judicial. Entre otras cosas, a futuro, se requiere que la sociedad participe en su operación. Quienes se opongan al surgimiento de un ente autónomo indudablemente estarán a favor de instituciones caducas y encubridoras. Los diputados locales son los menos indicados para impulsar el surgimiento de la nueva institución, pues comprobado está que entre los más mencionados hay quienes formaron parte de la interminable cadena de hechos discrecionales que antecedieron a quienes detentaron el poder. La ASF, ni duda cabe, era un simple órgano de presión política y negociaciones turbias de carácter partidario. Por lo tanto proponer su desaparición y la cristalización de un Tribunal de Cuentas de Morelos no era una ocurrencia, sino una necesidad social.