Empero, antes de entrar en materia creo necesario recordar la raíz etimológica de la palabra, proveniente del vocablo latino “sequestrare” que significa “apoderarse de una persona para exigir rescate o encerrar a una persona ilegalmente”. El secuestro es el acto con el que se priva de la libertad, de manera ilegal, a una persona o grupo de personas, normalmente durante un tiempo determinado y con el objetivo de conseguir un rescate u obtener cualquier tipo de rédito político o mediático. El secuestro político es el plagio de funcionarios y ex funcionarios públicos, así como de aspirantes a instituciones o corporaciones públicas, o figuras reconocidas por la opinión pública que tienen incidencia en las representaciones de posiciones partidistas o grupos de presión. Un aspecto fundamental del secuestro político es el impacto causado sobre la sociedad, considerando que su finalidad es la de atemorizar a líderes y organizaciones políticas que se contraponen a la influencia de los grupos armados al margen de la ley. Hasta aquí el marco conceptual, vinculado a lo siguiente.

2.- Ni duda cabe: los demonios anduvieron sueltos ayer en Temixco. Para cuando ustedes lean la presente columna estarán enterados sobre el secuestro del diputado David Martínez, miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local y presidente de la Comisión de Vigilancia de dicho órgano colegiado. Fue plagiado alrededor de las 8:30 horas afuera de su domicilio particular, sito en Pueblo Viejo, Temixco. Respecto a dicha desaparición forzada se multiplicaron las versiones, pero hasta el momento de redactar este entrego periodístico no se sabía nada de él. Empero, el gobierno morelense había fijado ya una posición sobre el lamentable suceso, desde luego capitalizado por algunos actores políticos para avivar su discurso en contra de la estrategia que con respecto a la seguridad pública mantiene firme Graco Ramírez como gobernador de Morelos. Imaginen ustedes: ante las estadísticas difundidas recientemente por la Comisión Estatal de Seguridad Pública en torno a la disminución de los delitos de alto impacto, lo ocurrido a dicho legislador genera un grave daño de imagen. Cualquier avance en el combate al crimen organizado se resquebraja o por lo menos se distorsiona.

3.- Fue así como el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina salió a la palestra pública en Palacio para fijar la posición gubernamental. Tras reconocer la raigambre social de David Martínez en el quinto distrito local (Temixco y Emiliano Zapata); y recalcar que la investigación oficial del espinoso asunto se inició a escasos minutos de cometido el plagio “tal como se realiza en todos los casos semejantes”, el funcionario declaró que el hecho tenía una clara connotación política. Fundamentó la afirmación con el hecho de que hasta el momento de la conferencia de prensa no se había exigido rescate alguno, amén de que David Martínez tiene liderazgo y cercanía con el proyecto de gobierno vigente. Y se anticipó a lo que los enemigos del actual régimen habrían de aprovechar para exacerbar su discurso: “Rechazamos la intención de utilizar este caso para asegurar que se multiplican en la entidad los secuestros (…) Con base en los datos oficiales, locales y nacionales, mantenemos que existe una tendencia a la baja de los ilícitos semejantes”. Y finalmente descartó que en Morelos exista una crisis de gobernabilidad. Conclusión: “haiga sido como haiga sido” el Caso David Martínez vuelve a golpear estructuralmente los cimientos del gobierno estatal y obliga a las instituciones de los tres órdenes de gobierno a dar con su paradero, procediendo también a la aprehensión de sus captores. Y deseable es que los protocolos de investigación se apliquen por igual a cualquier hijo de vecino. Esperemos para ver la evolución del delicado caso y después diremos. Por ahora cualquier expresión al respecto cae en el ámbito especulativo.

4.- Cambiemos de frecuencia. Los diputados del Congreso local clausuraron el periodo ordinario de sesiones y se fueron a vacacionar dejando pendiente, como ya se esperaba, el tema de los juicios de desafuero en contra de los diputados Manuel Martínez Garrigós y Alfonso Miranda Gallegos, dos casos de los que se ha hablado intensamente en los días recientes, por un lado para especular con la posibilidad de que al amacuzteco ya le hayan catafixiado el desafuero por el voto para aprobar el presupuesto del gobierno perredista, y por otro ante la escalada del caso Garrigós en algunos medios nacionales. En más del Congreso agregaré que el diputado Antonio Rodríguez se defiende ante el llamado que el dirigente de su partido en la entidad, Rodolfo Becerril, hizo a los diputados del Congreso de Morelos para que sean leales con el instituto político que los llevó al poder político y económico del que ahora gozan. El legislador jiutepequense ha sostenido que se conduce con lealtad al priismo, pero también, y sobre todo, con lealtad a los morelenses que votaron por él, porque aun siendo plurinominal, su curul derivó de los sufragios emitidos por los ciudadanos. Y la defensa del juvenil diputado recuerda una polémica cíclica y añeja, relacionada con la manera en que los partidos políticos usan para fines particulares los escaños que les son otorgados por los votantes y que teóricamente deberían ocuparse para defender los intereses superiores de la sociedad. Becerril, como buen político, había cuestionado con lenguaje encriptado el voto de Rodríguez a favor del presupuesto estatal 2015.

5.- El mayor activismo que ha mostrado en los últimos meses el diputado Juan Angel Flores Bustamante en su natal Jojutla, no deja lugar a dudas sobre su intención de obtener una de las candidaturas de su partido, el PRD, para figurar en la zona sur de la entidad, y aseguran quienes lo conocen que su propósito es ser el sucesor de la también perredista Hortencia Figueroa Peralta, ex legisladora local que ha hecho un papel mediano en la alcaldía jojutlense y se ha ganado animadversiones por asuntos como el cobro impuesto a los limpiaparabrisas, que le valió ser exhibida en la prensa nacional. Lo interesante será ver con qué medios el PRD se mete a la pelea para mantener bajo su control la alcaldía de ese municipio, y no me refiero a los medios económicos, sino a los argumentos para convencer al electorado de brindarles el voto una vez más, luego del escándalo de Iguala y los normalistas de Ayotzinapa. La mejor precursora de Flores Bustamante deberá ser Hortencia Figueroa Peralta, aunque también ha destacado la gestión social realizada por el citado legislador, quien durante los pasados dos años ya le dio varias vueltas al distrito que representa en el Congreso del Estado, llevando obras de servicio colectivo.