Por ejemplo, el 14 de noviembre del año pasado escribió lo siguiente para la revista Nexos: “Hace diez años, antes de que iniciara la actual crisis de violencia del crimen organizado, en muchos lugares del país se consideraba —con algo de razón, desde la perspectiva de aquellos tiempos— que la capital era un lugar inseguro. Esta percepción comenzó a cambiar a partir de 2008. Mientras que en muchas otras ciudades se multiplicaban las ejecuciones, las balaceras y los ‘narcobloqueos’, el Distrito Federal permaneció relativamente tranquilo. A pesar de los hechos trágicos de violencia que se habían registrado de forma aislada en la capital, la tasa de homicidios y la incidencia delictiva no se dispararon, y el crimen organizado no desarrolló una penetración sustancial ni de las autoridades ni de las actividades económicas”.

2.- ¿Qué hacía excepcional al DF frente al resto del país? La ausencia de policías municipales. Para nadie es desconocido que el jefe de Gobierno, por conducto del secretario de Seguridad Pública, tiene el mando de los cerca de 100 mil elementos policiales que vigilan las calles del DF. Los jefes de las 16 delegaciones pueden hacer solicitudes, pero no tomar decisiones en materia de intervención policial. Desde 2010, algunos observadores concluyeron que esa centralización del mando era la clave de la aparente inmunidad del DF frente al crimen organizado, y que el modelo debía replicarse en el resto del país. Agregó Eduardo Guerrero Gutiérrez: “En realidad, el mando único de la policía capitalina es sólo uno entre varios factores que contribuyen a explicar que el crimen organizado no haya desarrollado en el DF la capacidad de operación que se ha observado en otras entidades. La estrecha vinculación del PRD con organizaciones gremiales, vecinales y sociales en toda la ciudad probablemente ha desempeñado un papel igual de importante (…) Sin embargo, la idea del mando único entusiasmó al presidente Calderón, que presentó una iniciativa de reforma constitucional en la materia; y a los gobernadores, quienes han buscado implantar el modelo. Por regla general, los alcaldes se han resistido”.

3.- Y concluyó el experto: “En concreto, no parece viable que las policías municipales poco profesionales y con un número reducido de elementos —que son la norma fuera de las grandes ciudades— puedan hacer frente a las mafias y los grupos armados ilegales de diversa índole que proliferan en zonas de alta conflictividad. En estos casos es preferible la implantación inmediata del mando único. En estos casos, la oposición por parte de un alcalde inevitablemente levanta sospechas (además de la intimidación por parte del crimen organizado o el contubernio con los criminales, ¿qué razón podría tener el alcalde de un municipio sometido por los criminales para querer conservar el mando de la policía?). Como muestra, basta un botón. En mayo pasado, el gobierno de Guerrero acordó con varios ayuntamientos implantar el mando único policial. El alcalde de Iguala, ahora prófugo, se negó a sumarse”. Y es así como llegamos a la víspera, al Senado de la República, donde comenzó un foro en materia de seguridad pública orientado a sustentar inminentes reformas constitucionales para crear el Mando Único Policial en México, entre otros proyectos propugnados por el gobierno federal.

4.- Ahí estuvieron los gobernadores de Morelos y Nuevo León, Graco Ramírez Garrido Abreu y Rodrigo Medina, respectivamente, acompañados por el jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera. Los tres se manifestaron a favor de la implementación de la policía estatal única. Tocante al mandatario morelense, indicó lo siguiente: “Hay gobernadores que no lo quieren reconocer, pero ante la oferta que nos hace el crimen organizado, te dicen, te controlamos el delito común, pero déjanos actuar, esa es una ilusión vana. El crimen organizado ha penetrado por lo menos 10 entidades y en otros está presente de manera soterrada”. Abundó que “en su entidad se han invertido recursos y se aplica la estrategia de policía única, como lo hace el Distrito Federal, porque si no en los municipios hay subejercicios en materia de seguridad”. Y explicó que “el crimen organizado que opera en Guerrero actuaba en Morelos y hubo que depurar las corporaciones policiacas. Tuve que negociar con los presidentes municipales para establecer la policía única, para que tenga capacitación, armamento y estrategia”. Conclusión, amables lectores: el Mando Único de Policía será una realidad a nivel nacional.

5.- Cambiemos de frecuencia. Más que aparecerse en la escena social, la solicitud de incremento a la tarifa del transporte colectivo se insertó en la arena política. El presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte del Congreso, el pesedista Roberto Yáñez, llamó a las autoridades a posponer cualquier decisión en este rubro debido a que no podría ser disociada de la cosa electoral y sería, con facilidad y con mucho fundamento, tildada de electorera. El legislador llamó a celebrar una reunión del Consejo Consultivo del Transporte para enfriar las cosas y detener lo que ya se ve como un inminente golpe a la economía popular. El Consejo, cabe decirlo, es un club de cuates donde se justifican decisiones cupulares sobre el transporte y donde, irónicamente, los principales interesados en temas como el tarifario y la calidad del servicio, que son los usuarios, no tienen quién represente sus intereses.

6.- El fiscal Rodrigo Dorantes hizo un llamado a los diputados del Congreso local para que ya resuelvan las solicitudes de desafuero en contra de Manuel Martínez Garrigós y Alfonso Miranda Gallegos, para dar claridad a la situación de ambos y evitar mayores complicaciones en este periodo de elecciones en los que ambos parecen tener aspiraciones. Se entiende que en particular el llamado es a la panista Amelia Marín, que es la presidenta de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, misma que tiene en su cancha los juicios y esta semana deberá notificar oficialmente a sus homólogos luego de preparar 77 mil copias certificadas para cada uno. El fiscal llama a los diputados a contribuir de esa manera con un clima transparente en estos comicios locales, en cuyo marco ayer se reunió con dirigentes de diversos partidos para definir la manera como la Fiscalía puede coadyuvar a que en la aplicación del Protocolo para blindar el proceso electoral, los resultados permitan el propósito de un proceso más organizado y ajenos a personajes vinculados a la delincuencia…