Sin embargo, antes de que los ciudadanos de aquella sureña localidad paguen los platos rotos, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu tomó una drástica decisión: emitir ayer un decreto mediante el cual la Comisión Estatal de Seguridad Pública retomará el control de la fuerza policíaca municipal, haciendo a un lado los designios del belicoso alcalde, quien lleva mucho tiempo empecinado en sostener dentro de la estructura del Ayuntamiento a dos personajes presuntamente involucrados con el crimen organizado. Se trata de Herminio García Hernández, a quien el edil nombró director de Seguridad Pública municipal; y Lucino Fuentes Bahena, ex responsable del ramo, colocado por órdenes de Rodríguez González al frente del área de la Dirección de Asuntos Internos. Entre las monerías de ambos sujetos está el haber reprobado cualquier número de exámenes de control y confianza. Fueron rotundamente rechazados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

2.- Así las cosas, aquel 12 de diciembre el Poder Ejecutivo decidió recoger el armamento asignado a los policías municipales, simple y sencillamente porque la licencia colectiva está autorizada, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Comisión Estatal de Seguridad Pública que encabeza Jesús Alberto Capella Ibarra. Este último, en infinidad de ocasiones, exhortó a Mauricio Rodríguez González para que recapacitara y evitara meterse en dificultades al sostener de manera obcecada a dos individuos cuyos precedentes los delatan. En ese contexto, Capella Ibarra señaló que debido a la conducta del presidente municipal había procedido a levantar una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación. En tal sentido, es importante comentar que si el mentado alcalde está confabulado con células delincuenciales o grupos del crimen organizado, debe ser investigado a fondo y sometido a juicio por la Procuraduría General de la República. Bien dice Capella: “Es urgente evitar que en Tlaquiltenango se repita lo ocurrido en Iguala, donde la policía municipal estaba ciento por ciento entregada al grupo de los ‘Guerreros Unidos’”. En Tlaquiltenango, como en Iguala con la pareja presidencial de José Luis Abarca y María de los Angeles Pineda, el edil Rodríguez González estaba operando a discreción… hasta ayer.

3.- El gobierno estatal convocó a conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. La cita fue fijada a las 9:00 horas, pero debido al bloqueo del inmueble por parte de alumnas de la Escuela Normal Rural de Amilcingo, las autoridades estatales cambiaron el encuentro con los medios informativos al Centro de Control y Comando (C5) de Palo Escrito, en el municipio de Emiliano Zapata. Muy temprano había trascendido que la conferencia de prensa sería presidida por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien así lo había difundido en su cuenta de Twitter, recalcando la importancia del asunto, inherente a la seguridad pública que debe ser garantizada por los gobiernos estatales en casos excepcionales, según lo prevé el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El titular del Poder Ejecutivo no acudió al C5 y en su representación estuvo Matías Quiroz Medina, secretario de Gobierno, acompañado por el ya mencionado Jesús Alberto Capella Ibarra y el secretario de Información, Jorge López Flores.

5.- Quiroz Medina dio a conocer un resumen del extenso decreto difundido la víspera en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5257, mediante el cual el gobierno morelense asume la seguridad pública en Tlaquiltenango. Como era de esperarse, los representantes de medios informativos cuestionaron al funcionario sobre un eventual quebranto del artículo 115 constitucional y la soberanía municipal, pero respondió que no hay tal, pues existe la suficiente jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ese cuerpo colegiado ha avalado este tipo de escenarios excepcionales. Lo que se decidió para Tlaquiltenango -es importante subrayarlo- no será permanente y durará mientras no existan las suficientes garantías de que la policía municipal está libre de bandoleros. Desde luego, en el ínterin deberá cumplir su trabajo el Ministerio Público de la Federación… porque algo apesta entre las huestes del alcalde Rodríguez González.

6.- El artículo 1 del decreto lo explica todo: “Con el objeto de restaurar el orden y la paz públicos, se emite la presente declaratoria mediante la cual se asume por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, de manera inmediata y transitoria, el mando de la policía municipal de Tlaquiltenango, Morelos; como un caso de fuerza mayor ante las alteraciones graves al orden público suscitadas a recientes fechas en aquél territorio; por lo que a partir de entrada en vigor del presente instrumento y hasta en tanto cesen los efectos de la presente declaratoria en la forma correspondiente, las órdenes que en materia de seguridad pública deberán acatarse por la policía preventiva municipal provendrán únicamente del mando estatal. Resultando aplicable esta medida, sin excepción, a todas las instituciones, unidades y agrupamientos municipales de seguridad pública que se prevean en los reglamentos y demás ordenamientos jurídicos”.

7.- “Todos los elementos que intervienen en el mando o acciones operativas de las instituciones policiales y de seguridad pública del municipio de Tlaquiltenango tienen la obligación de acatar, de manera inmediata a partir de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de su notificación, por oficio o por cualquier otro medio, que se realice al Presidente Municipal o al Secretario del Ayuntamiento o a la persona titular de la Policía Municipal, de así permitirlo las condiciones; las órdenes e instrucciones que directamente gire el Ejecutivo del Estado o a través de la Secretaría de Gobierno o la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en términos de la normativa aplicable”. En otros entregos me referiré de nuevo a la importante decisión, pero hoy solamente agregaré lo siguiente: era de suma importancia para el gobierno estatal enviar un mensaje al resto de presidentes municipales que se acogieron ya al Mando Único Policial. O están (junto con sus policías) a favor de los intereses sociales, o se definen si pretenden servirle al crimen organizado. De ser así, es preferible que soliciten licencia y se vayan con sus triques a otra parte… Mañana me referiré también a la posición adoptada por el diputado de la región, Juan Angel Flores Bustamante, a favor de que el gobierno estatal reasuma el control policíaco en Tlaquiltenango.