A diferencia del año pasado, cuando muchos se desgarraron las vestiduras por la presencia del mandatario, ahora las condiciones políticas son distintas, pues los diputados andan distraídos en asuntos electorales o ni siquiera están, como el caso de los seis legisladores del PRI, dado que todos solicitaron licencia y al menos temporalmente este partido ha sido borrado del mapa legislativo. Por eso se anunció la presencia de Graco y no ha habido aspavientos con o sin razón, lo que permite saber que el domingo, desde el Congreso, tendremos noticias de la situación que guarda la entidad. El acto tiene que ver con la apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio legal de la legislatura 52. Los actuales legisladores concluirán su trienio el lunes 31 de agosto del presente año. Ese día perderán el fuero constitucional.

2.- El diputado perredista David Martínez presentó ya su solicitud de licencia definitiva ante el Congreso morelense, por lo que en breve deberá ser llamado el diputado suplente Próspero Arenas Melgar, un viejo político que es ampliamente conocido en Temixco y Emiliano Zapata, municipios que componen el territorio correspondiente al quinto distrito electoral local. David Martínez será candidato a presidente municipal de Temixco, aspiración que lo ha motivado desde hace años y a la cual no quiso renunciar ni siquiera cuando su seguridad fue amenazada en diciembre pasado, al ser víctima de un secuestro perpetrado por delincuentes que luego serían apresados por las autoridades locales cuando a las pocas horas rescataron al legislador. Igual que Próspero Arenas serán llamados otros suplentes, como María del Carmen Ortiz, quien sustituirá al priísta Humberto Segura. El ex presidente municipal de Yautepec tiene en la bolsa la candidatura a diputado federal por el quinto distrito. Y ya llegó el pevemista Roberto Fierro, quien recupera su lugar tras dejarlo un tiempo en manos de Gilberto Villegas. Seguramente se verán también otras caras nuevas en el Legislativo. Tocante a la presunta candidatura de Humberto Segura, es probable que del plato a la boca se le caiga la sopa, pues su homólogo diputado tricolor Isaac Pimentel Rivas interpuso un recurso de defensa de sus derechos políticos ante el Tribunal Estatal Electoral, debido a que se le negó su registro para la misma candidatura.

3.- La Comisión de Derechos Humanos a cargo de Lucero Benítez Villaseñor dio a conocer una recomendación dirigida al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu; al secretario de Gobierno Matías Quiroz; al fiscal Rodrigo Dorantes, y al alcalde de Amacuzac, Noé Reynoso Nava, derivada de una queja del diputado Alfonso Miranda Gallegos porque se habría violado el principio de presunción de inocencia en su contra. Como se sabe, la Fiscalía estatal solicitó al Congreso local juicio para desaforar al legislador, bajo acusaciones de ultrajes a la autoridad y abuso de autoridad, por el caso de las presuntas amenazas que presuntamente lanzó contra policías ministeriales cuando un vehículo de carga de su propiedad fuera asegurado. Al respecto, el fiscal Dorantes dijo que la recomendación será aceptada parcialmente porque desde la óptica de la autoridad no hay tal violación a la presunción de inocencia. En el contexto delincuencial donde dicho legislador ha sido duramente señalado debido a sus presuntos nexos con el grupo conocido como Los Rojos, el gobernador Graco Ramírez ha sostenido que el municipio de Tlaquiltenango es campo fértil para las operaciones de esa caterva de delincuentes. Tan ha tenido razón el titular del Poder Ejecutivo, que el alcalde Mauricio Rodríguez González dobló las manos y cedió frente al decreto gubernamental con el que la Comisión Estatal de Seguridad Pública reinició en Tlaquiltenango el trabajo del Mando Único Policial. El edil ha vuelto a condicionar el acceso del MU, evidenciando que está encubriendo algo muy lucrativo, quizás a la manera en que lo llevó a cabo por tiempo indeterminado la pareja diabólica de Iguala, Guerrero.

4.- Luego de que el gobierno federal anunció la puesta en marcha de un plan integral para la prevención y atención de la grave problemática de las adicciones en el país, el alcalde Jorge Morales Barud dijo que el municipio de Cuernavaca está avanzado en sus tareas para hacer funcionar uno de los proyectos centrales de este plan nacional, que es el alcoholímetro. La comuna pretende construir instalaciones donde se ubiquen el “torito” local y un corralón, con la seguridad de que tan pronto como se ponga en marcha llegarán muchos borrachos a los cuales encerrar junto con sus vehículos, habida cuenta de que Morelos ocupa uno de los primeros lugares del país en consumo de alcohol. El alcoholímetro cumple la función de inhibir el consumo de embriagantes, pero sobre todo la combinación de alcohol con volante, es decir que alguien que haya bebido se atreva a manejar un vehículo, porque ello implica un grave riesgo de accidentes. Entre los jóvenes, y aún entre algunos viejos, la medida puede ser impopular, pero me parece que el alcoholímetro vale el disgusto, cuando la opción es salvar vidas.

5.- Ante la indiferencia del titular de la dependencia en nuestra entidad, Bogard Sandoval Aguilar, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), José Luis Correa Villanueva, acudió ayer al “búnker” que alberga a la Delegación Morelos de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de solicitarle que investigue a sus más de 700 aspirantes a un puesto de elección popular. Así las cosas, Correa Villanueva entregó por oficialía de partes un listado de nombres de sus militantes y aspirantes externos, que desean competir por una diputación local o federal, una alcaldía o una regiduría en las elecciones de junio próximo, para saber si tienen averiguaciones previas en su contra. Comentó: “Ya lo habíamos dicho, queremos contribuir a evitar que la delincuencia organizada se infiltre a nuestro partido y a algún puesto de elección popular”. Es importante subrayar que independientemente de la eventual indagatoria a realizar por la PGR a través de su base de datos, el PRD-Morelos exigió a sus precandidatos la presentación de una declaración patrimonial para conocer en qué condiciones económicas personales llegan cuando solicitan la candidatura. Aunque el personal de la PGR que lo atendió no especificó la forma en que realizará la investigación de los 700 precandidatos, Correa advirtió que si los resultados llegan después de las postulaciones, y hay precandidatos involucrados en delitos, serán sustituidos de manera inmediata.