No es la primera ocasión que la autoridad estatal muestra interés por contar con un instituto de pensiones, pues anteriormente al menos desde el Congreso local lo han empujado infructuosamente Juan Salgado Brito, bajo el gobierno de Sergio Estrada Cajigal, y luego el actual secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, en el sexenio del gobernador Marco Adame Castillo. Siempre el tema se ha visto detenido por las repercusiones políticas y sociales que implica, por lo que será interesante ver si ahora hay disposición para ir más allá, cuando en el actual gobierno se ha visto que hay mano firme para tomar decisiones como el Mando Único Policial. Me parece que el tema va en serio, pues fue abordado ayer por el propio Graco durante la tradicional conferencia de prensa de los lunes, en la que informó sobre los movimientos de funcionarios. Tácitamente dijo que el ICTGM será sustituido por el Instituto Morelense de Pensiones.

2.- Con respecto al mismo asunto escribí lo siguiente el 28 de febrero de 2008: “Donde se prendieron los focos rojos fue entre los burócratas del Ejecutivo. Un ‘borrego’ que inició en Palacio de Gobierno puso a temblar a todos los trabajadores, pues afirmaba que en el Congreso todo estaba listo para echar abajo sus derechos en materia de pensiones y jubilaciones, lo que ocurriría, según la especie, a partir de la muy próxima creación del Instituto de Pensiones. La titular de la Comisión de Escalafón del Sindicato del Poder Ejecutivo, Fidelina Tinoco Rivera, tuvo que organizar una reunión urgente con personal de las secretarías Particular, de Finanzas y de Gobierno, entre otras áreas, para calmar los ánimos entre los sindicalizados, en una tarea que continuaron más tarde el secretario general, Leopoldo Reyes Gaitán; el secretario de Prensa, Héctor Rivera Cuata; y el secretario de Trabajo y Conflictos, Raúl Luna Bahena. Todos fueron convocados con prisa a diversos centros laborales, incluso hasta Puente de Ixtla. El nerviosismo puede causar risa entre quienes tienen presente que al tema del Instituto de Pensiones le faltan aún muchos capítulos, pero pone en evidencia que cualquier error de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso –entiéndase Matías Quiroz y Emma Margarita Alemán- puede poner en pie de guerra a unos 30 mil burócratas estatales y municipales que hoy ven con desconfianza la intención oficial de renovar el sistema de pensiones antes que haga crisis. En el caso de los sindicalizados de los tres poderes y de los ayuntamientos, tienen a quién exigirle que proteja sus derechos. Para el resto de los burócratas parece no quedar otra que preguntar: ‘Oh, ¿Y ahora quién podrá defendernos?’”. Mañana continuaré con el tema.

3.- Tocante al cambio de mando en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado es importante ponderar el trabajo desplegado por José de Jesús Pérez Moreno los pasados dos años. Subestimado por unos, cuestionado por otros, pero sostenido por Graco Ramírez al frente de la complicada dependencia (tiene bajo su tutela los tribunales laborales de Morelos), Pérez Moreno se esforzó por cumplir su responsabilidad y evitar el estallido de movimientos huelguísticos, aunque la multicitada Secretaría también tiene vinculación con importantes remas de productividad y capacitación para el trabajo. Aquí es importante recordar que uno de los principales detractores del ahora ex titular del ramo fue Juan Carlos Salgado Ponce (hoy secretario de Economía), desde la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial. Etcétera. De mi parte deseo que le vaya bien en su nueva encomienda dentro del Comité Nacional del PRD y en su vida particular. Y con relación a Gabriela Gómez Orihuela creo importante destacar que llevaba casi una década como delegada federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Llegó al área respaldada en su tiempo por el gobernador Sergio Estrada Cajigal; transitó a la siguiente administración con el apoyo de Marco Adame Castillo; y lo mismo sucedió en 2012 con Graco Ramírez Garrido Abreu. Lo anterior significa que Gómez Orihuela, quien no posee filiaciones partidistas, ha demostrado eficiencia, institucionalidad y gran capacidad de conciliación. Enhorabuena. Y respecto a Armando Sanders, es un hombre de las confianzas del titular del Poder Ejecutivo, amén de que tiene magnífica relación con Adriana Flores Garza, secretaria de Hacienda del Estado. Esta última, por cierto, declaró ayer que los recortes al presupuesto federal no impactarán en las finanzas públicas estatales. A ver.

4.- Luego de que el presidente del PRD, José Luis Correa, causó revuelo al cumplir el compromiso de los amarillos de someterse a una investigación de sus antecedentes, entregando a la PGR la lista de todos los precandidatos de este partido, ahora el aspirante a la alcaldía de Jojutla abre otra vía para que los ciudadanos conozcan qué tipo de personas son las que pretenden obtener su voto. El perredista Juan Ángel Flores anunció que se someterá a exámenes antidoping y hará públicos los resultados, para demostrar a la ciudadanía que no es consumidor de ningún tipo de droga. En lo individual es plausible la medida del jojutlense, sin soslayar la intención mediática que persigue, pero será interesante ver si otros aspirantes le siguen en este esfuerzo por ser transparentes ante la sociedad, y si lo hacen solo los perredistas o se animan aspirantes de otros partidos políticos. Algo que la decisión de Juan Ángel pone de relieve inmediatamente es que en la cúpula de su partido el examen antidoping no se les había ocurrido… ¿O lo habían ignorado adrede?

5.- Los consejeros electorales debieron quedar satisfechos con el compromiso público que el domingo hizo el gobernador Graco Ramírez durante el mensaje que envió a los morelenses desde la tribuna del Congreso. Por si a alguien le quedaba duda, el mandatario dejó en claro que su administración hará lo que le corresponda para contribuir a que el árbitro de la contienda electoral cumpla a su vez el papel que le compete para garantizar elecciones justas y limpias. Eso implica, en términos llanos, que la administración estatal atenderá la petición de más recursos que vienen haciendo los consejeros ciudadanos, aunque no precisamente les urge el dinero para dar garantía de elecciones justas, limpias, creíbles y todos esos términos del romanticismo electorero, sino más bien para algo más mundano como es garantizar su jugoso sueldo quincenal, que es lo que ven en riesgo. A ver.