Todos contrajeron compromisos con la ciudadanía, muchas veces difíciles de cristalizar por la escasez de recursos. Centenares de aspirantes a senadores, gobernadores, diputados federales, diputados locales y miembros de los ayuntamientos concluyeron sus respectivos períodos sin cumplir la palabra empeñada en las campañas políticas. No obstante, muchos de ellos y ellas amenazan con regresar a determinadas ínsulas de poder, a pesar de haber defraudado la confianza de los electores. Es importante destacar que infinidad de funcionarios de elección llegaron con una mano adelante y otra detrás, pero cuando vencieron los plazos para los que fueron electos, era evidente su enriquecimiento. Por ello hemos observado caudas de precandidatos en todos los partidos políticos, sabedores de que en el sector público consolidarán su situación patrimonial y la de sus familias. En muchos casos esos personajes anhelan completar el tiempo exigido por la Ley del Servicio Civil para hacerse de una lucrativa pensión por jubilación.

2.- Escuchamos propuestas de todo tipo, dizque como respuesta a las necesidades sociales. Sin embargo, para nadie es desconocido que los electores ya no confían en los políticos y los partidos. Estos últimos, aunque deberían cumplir la misión constitucional que les asigna nuestra Carta Magna, desde hace muchos años dejaron de ser instituciones de interés público para convertirse en cofradías cuyos moradores se entienden a plenitud mediante el lenguaje de madriguera. Dentro de tal contexto me llama la atención la posición adoptada por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (así de largo es el nombre de ese ente “ciudadanizado”), cuyo presidente es Rafael Rueda Moncalián, a fin de que los candidatos de cualquier sabor y color sean sometidos a exámenes de control de confianza similares a los que la legislación en materia de seguridad pública exige a policías y funcionarios de las fiscalías generales de Justicia. Espero que lo anterior no sea una llamarada de petate y la forma de atraer reflectores para conseguir 15 minutos de fama. No debería ser una moda, aunque tiene razón dicho Consejo cuando declara que los candidatos pasados “jamás observaron la problemática que hoy vivimos como consecuencia de su actuar, de su falta de probidad en la función pública, de su incompetencia y el desconocimiento de la realidad ciudadana, pero lo peor es que algunos de ellos actualmente son candidatos deseosos de repetir nuevos cargos burlándose de la sociedad a la cual defraudaron”. Estaremos pendientes de la respuesta de quienes buscan con frenético afán incrustarse en la ubre gubernamental, y luego diremos.

3.- Cambiemos de frecuencia. Como sucedió en los comicios anteriores, la empresa Consulting & Research de Marco Pineda Godoy está aportando al actual proceso con ejercicios estadísticos, uno de los cuales dio a conocer ayer por la mañana, mismo que fue realizado para conocer cualidades de personajes públicos de Cuernavaca. Los resultados arrojaron que la ciudadanía es escéptica y desconfiada en cuanto a los partidos políticos y los funcionarios públicos. La empresa señala que la mitad de los entrevistados piensa que ninguno de los funcionarios ni los presidentes de partidos políticos es leal, ni honesto, ni cumple con su palabra. De acuerdo con este trabajo el alcalde de Cuernavaca fue el mejor valorado respecto a cómo les caen a los entrevistados, es considerado el más leal, también el más honesto y el que más cumple su palabra. Total que con estos resultados es previsible que en breve le enderezarán otra campaña de ataques al alcalde de Cuernavaca, sus adversarios políticos. Al tiempo.

4.- Con todo y que es el centro de la actividad en la zona sur de la entidad, en Jojutla la gente carece de oportunidades de empleo suficientes y con salarios dignos, y eso se lo han expuesto como una de sus principales inquietudes los jojutlenses al seguro candidato del PRD a la alcaldía, Juan Ángel Flores Bustamante. Decir que tal noticia ha sorprendido al ex presidente del Congreso es un absurdo, pues desde que inició su labor como diputado por el distrito que comprende a Jojutla y Tlaquiltenango ha venido realizando reuniones con sus representados, y en particular con ciudadanos de Jojutla, con miras a cristalizar su proyecto de convertirse en el sustituto de Hortencia Figueroa Peralta. Por eso la respuesta de Juan Ángel es que una de las vertientes de su eventual gobierno será la coordinación con el gobierno del Estado y con la Federación, así como la vinculación con los dueños del capital para llevar a Jojutla inversiones que generen los empleos requeridos y por cuya falta la población debe salir a buscar trabajo en la capital del estado o a los Estados Unidos.

5.- Por segunda ocasión consecutiva –de dos sesiones que llevan del periodo ordinario- los diputados tuvieron que incumplir con la discusión y votación de cerca de una decena de asuntos que tenían listados en el apartado de segundas lecturas del orden del día. El motivo fue la insuficiencia en el número de diputados presentes y ello causó molestia entre quienes sí asisten a cumplir su deber con oportunidad. Por eso en la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se acordó que la presidenta del Congreso, Lucía Meza, dicte las instrucciones necesarias para que a los legisladores faltistas les sea aplicado el descuento correspondiente en sus dietas y que haya sanciones también para quienes sí van pero a media sesión se ausentan con cualquier argumento. La medida será particularmente importante para poner orden en estos tiempos políticos que tendrán a los diputados muy distraídos. Si la presidenta del Congreso y el jefe político, Javier Bolaños, esperan evitar que el periodo se les vaya de las manos, hacen bien presionando desde ahora a sus homólogos. Finalmente sólo se les pide que cumplan su deber, y apenas una vez a la semana.

6.- El gobierno estatal salió ayer al paso de lo publicado por El Universal en torno a los contratos asignados por tres gobiernos estatales, entre ellos el morelense, a la empresa Comercializadora 2003, S.A., del Estado de Guerrero. Dicha constructora adquirió fama pública luego de que su propietario Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del defenestrado gobernador de aquella entidad, junto con varios compinches, fue sometido a la acción penal por la PGR bajo acusaciones de peculado. Así, el comunicado de las autoridades de Morelos señaló que la obra realizada por esa firma fue resultado de un proceso de licitación nacional. Y recalca que toda la información al respecto se encuentra disponible en el portal electrónico del gobierno estatal.