El documento, repito, es extenso pero con gran paciencia puede llegarse a la Auditoría Forense número 13-4-99025-12-1426, practicada por la ASF a nuestra máxima casa de estudios, fundamentalmente “a los contratos y/o convenios suscritos con el gobierno federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios”.

2.- Los criterios de selección aplicados por las huestes del titular de la ASF, Juan Manuel Portal González, fueron los siguientes (transcripción textual): “Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. Su objetivo es fiscalizar los recursos recibidos mediante contratos y convenios celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios”. El alcance del universo seleccionado fue de 697 millones 767 mil 70 pesos. Añade la institución: “El universo por 697 millones 767 mil 70 pesos corresponde al importe total del convenio de colaboración, que incluye dos anexos técnicos y cuatro apéndices, suscritos entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Sedesol, para la prestación de diversos servicios, para los cuales la UAEM suscribió cuatro contratos y un pedido, de los que se revisó el 100 por ciento de los recursos”.

3.- La dependencia justificó la aplicación de la auditoría: “La ASF ha reportado irregularidades durante tres años consecutivos en este tipo de operaciones y, no obstante las recomendaciones, denuncias de hechos presentadas y otras acciones promovidas, persiste la recurrencia de anomalías en las adjudicaciones directas que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con universidades públicas, otros institutos de educación y entre dependencias y entidades en los tres niveles de gobierno para la contratación de adquisiciones, obra pública, consultorías y prestación de servicios, al amparo de los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 4 de sus respectivos reglamentos. Estos esquemas permiten en muchos casos eludir las licitaciones públicas, y propician que se puedan simular los servicios y las adquisiciones; subcontratar proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos, y que éstos a su vez, subcontraten a otras empresas y personas físicas; incluso, se ha dado el caso de la subcontratación de empresas inexistentes o vinculadas”. Etcétera, etcétera. Conclusión: mucho tendrá que aclarar o en su caso resarcir la UAEM. Y el rector Vera dejar de lanzar acusaciones a diestra y siniestra. Todo partió del Informe sobre la Cuenta Pública 2013.

4.- Cambiemos de frecuencia. Cuando el miércoles anterior se votó en el Congreso local el dictamen de Aclaración al artículo 180 del Código de Procedimientos e Instituciones Electorales del Estado de Morelos, las diputadas Erika Cortés Martínez, del PAN, y María Teresa Domínguez Rivera, coordinadora de la bancada del PRD, votaron en contra. El dictamen en cuestión finalmente fue aprobado con mayoría de 21 votos a favor y en él los congresistas precisan los alcances, el “espíritu del legislador”, del mentado artículo, para defender la posición de diversos partidos que se oponen a la paridad en las candidaturas para alcaldes y síndicos, como lo ha pretendido obligar el Impepac a través de su polémico Acuerdo CCE/005/2015. En particular la postura de la perredista al votar en contra, es congruente con su condición de presidenta de la Comisión de Equidad de Género, con la defensa que siempre ha mantenido del derecho de las mujeres a la paridad en materia política, y a pesar de que con ello combate principalmente la posición adoptada por su partido, que es el principal impugnador del acuerdo del Impepac. Hoy se cruzan apuestas sobre la posición que adoptará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este tema, en el que lo único seguro es que las opiniones encontradas seguirán, aunque el tema se agote al nivel de los tribunales.

5.- En la polémica por el tema de la paridad ha habido voces, particularmente de personajes del PRD, que han querido ver una línea contraria al interés de las mujeres, dictada desde las más altas oficinas del gobierno estatal perredista y ejecutada por el comité morelense del instituto político. Reclaman pues, algunos representantes del perredismo ligados al senador Fidel Demédicis y por tanto contrarios a la corriente partidista leal al gobernador Graco Ramírez, que desde el Palacio de Gobierno se ha dictado línea para impugnar la paridad en alcaldías y sindicaturas porque, dicen, hay “misoginia política”, entendida ésta como el afán de hacer a un lado a las féminas de cualquier puesto público exclusivamente por su condición de mujeres. Sin embargo, tal afirmación choca con la realidad estatal que nos muestra que en dos de los tres poderes del Estado sus titulares son mujeres, que son los casos de Nadia Luz María Lara Chávez en el Tribunal Superior de Justicia y Lucía Meza Guzmán en el Congreso, mientras que el gabinete estatal cuenta con un 40 por ciento de mujeres. Y todo eso por supuesto que se influyó desde las más altas oficinas estatales, cuando ahí sí pudieron haber aplicado sin rubor, de haberla, su “misoginia política”.

6.- La época electoral exacerba los ánimos y éstos detonan pleitos en muchos ámbitos de la vida pública, particularmente los que inciden en la cosa política y pueden hacerlo en los resultados de las votaciones. Es eso o medio mundo se ha vuelto loco. Lo cierto es que en los últimos días se han abierto varios frentes de conflicto, como el que mantiene el gobierno con ruteros y comerciantes por la remodelación del centro de Cuernavaca, el pleito también del gobierno con la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y el del gobierno con la UAEM por el caso de la auditoría de la ASF. Un lío que mantiene gente distinta al gobierno estatal es el del estacionamiento gratis en plazas públicas, donde el diputado panista Javier Bolaños inició una campaña de recolección de firmas para obligar al ayuntamiento a cumplir la ley, y de inmediato obtuvo respuesta del secretario de la comuna, Enrique Paredes, quien afirma que la gratuidad es inaplicable mientras no se modifique el Bando de Policía y Buen Gobierno y la Ley de Ingreso municipal, que es justamente lo que intenta presionar el legislador; y Paredes no dijo que la realidad de Bolaños es que anda en campaña, pero seguramente lo pensó. El caso es que hay pleitos por todos lados y vienen más.