Ayer encontré en el diario capitalino “La Razón” un interesante artículo titulado “El diputado fantasma”, bajo la autoría del periodista Manuel López San Martín. Entre otras cosas el comunicador se refiere a la acumulación de 26 faltas de García Ayala en dicho órgano colegiado sin haber sido sancionado. Emergido del PRI, “en la ALDF nadie lo conoce, nunca va a las sesiones, pero cobra casi 170 mil pesos al mes, entre su dieta, seguro para retiro, gastos médicos, ‘apoyo para actividades legislativas’ y el mantenimiento de su módulo de atención. Por si fuera poco no gasta en comidas, transporte, oficinas ni teléfono celular. Tampoco paga asesores ni asistentes. Todo se lo regalamos los ciudadanos por un trabajo que no hace”. Conclusión: el columnista describe a la perfección los vicios de muchos legisladores mexicanos, presentes en el líder nacional del SNTSA quien, por cierto, llegó a su curul por la vía plurinominal debido a que fue promovido por su mentor, el máxima jerarca de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), el senador Joel Ayala. El médico García Ayala ha sido diputado en tres ocasiones. Nomás.

2.- Lo antes escrito nos ayuda a comprender la presión implementada en Morelos por Gil Magadán, quien de distintas formas pretende recuperar la beligerancia y prebendas que gozó durante los dos sexenios anteriores, cuando mantenía “quieta a la raza” mediante acuerdos discrecionales con los gobernadores en turno y sus respectivos secretarios de Salud. Hoy, cuando se le han negado las canonjías de antaño, manipula a los trabajadores pretextando violaciones a las Condiciones Generales de Trabajo. Magadán encabezó en 2013 un movimiento para representar a trabajadores de contrato, a fin de que reclamaran todas las prestaciones de dichas Condiciones laborales. Y también incitó a empleados eventuales para demandar por despidos injustificados y hostigamiento laboral. Sin embargo, es irónico que durante 12 años nunca hubiera apoyado a los trabajadores de contrato; y hoy que percibe la consideración de los mismos para otorgárseles las prestaciones de ley, está exigiendo pagos que en este momento son financieramente inviables. Asimismo, ha exigido la entrega de uniformes que no se otorgaron en años anteriores y prestaciones pactadas con autoridades de otras administraciones (con fines electoreros), pero que carecieron de recursos etiquetados para poderse cumplir.

3.- Magadán defiende irracionalmente a trabajadores, no solo de base, sino también a eventuales, a pesar de que existen evidentes faltas administrativas en sus obligaciones. Les brinda asesoría jurídica del Sindicato, siendo ejemplo de ello el apoyo a una empleada que sustrajo medicamentos para uso personal (80 latas de suplemento alimenticio) del Hospital de Ocuituco; la defensa de un médico que cobra ilegalmente ultrasonidos realizados en un Centro de Salud (este mismo médico se receta a sí mismo medicamentos sustrayéndolos); la defensa de trabajadores con mala conducta que agreden a sus compañeros o a la población; y en últimas fechas ha respaldado a un médico apellidado Vega Chavaje, quien fue señalado en el IMSS por violento y rescindido en el Hospital “José G. Parres” por mala conducta y agresiones. Etcétera, etcétera. En el sector salud es un secreto a voces que, durante la era panista, Magadán vendió plazas y contratos, lo cual ya no puede ejecutar pues los contratos son asignados por la autoridad (esto explica en parte su coraje hacia Vesta Richardson, secretaria de Salud del Estado). Cabe mencionar que sus hijas, una dentista y una psicóloga, obtuvieron plazas de base federal a los pocos días de haber llegado, mientras la secretaria técnica del escalafón, incondicional suya, también obtuvo al menos seis movimientos escalafonarios en menos de cinco años. Por igual, sus delegados y allegados obtienen estos beneficios preferencialmente, situación poco ética pues los trabajadores en general deben esperar al menos una década para conseguir su base. Y mucho debió irritarle que se le haya cancelado la posibilidad de ingresar a las sesiones de la Junta de Gobierno, a donde acude con gran sentido de responsabilidad el médico Marco Antonio Oliver Burruel como representante del CEN del SNTSA. Definitivo: la actual belicosidad del multicitado dirigente sindical tiene precedentes.

4.- Cambiemos de frecuencia. En tremendo berenjenal están sumidos los partidos políticos con la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que confirma el acuerdo CCE/005/2015 del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), por el cual se obliga a la paridad en la presentación de candidatos a presidencias municipales y sindicaturas. Debe haber paridad, de acuerdo a la resolución, vertical y horizontal, de tal suerte que cada partido debe tener la mitad –o lo más cercano a ella- de candidatos mujeres y la mitad de hombres en los 33 municipios de la entidad, es decir 17 candidatos y 16 candidatas a presidencias municipales o al revés, y en cada caso quien ocupe la sindicatura debe ser de género distinto al del candidato a la presidencia. El cambio altera acuerdos internos de los partidos al impedir, por ejemplo, que Marcos Manuel Suárez sea el candidato a síndico en fórmula con Jorge Messeguer para la alcaldía de Cuernavaca, o que en el mismo municipio el panista Luis Miguel Ramírez lleve como candidato a la sindicatura a Jesús Martínez Dorantes; y estos problemas de reasignación de espacios, que no son cosa menor porque implican reacomodo de otras posiciones, se replican en muchos partidos y en muchos municipios.

5.- A final de cuentas, la resolución del TEPJF vino a poner en evidencia al Congreso estatal como un ente manipulable y manipulado. La calidad moral que les quedaba a los diputados de esta legislatura la hipotecaron al votar una aclaración al artículo 180 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, para fortalecer la posición del PRD, el PAN, el PRI y el PSD, contraria al Acuerdo 05/2015 del Impepac y al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, que lo había avalado al resolver las impugnaciones de los partidos citados, a los que se había venido señalando insistentemente de misoginia política. ¿A qué poderosos intereses están sirviendo los diputados como para exponerse al ridículo en que los ha puesto el TEPJF? El argumento de los impugnadores del Impepac era que ningún acuerdo podía estar por encima de ley. Con la resolución del TEPJF queda en claro que les faltaba agregar como salvedad que solo un acuerdo se pone encima de ley, con aval del Tribunal ahora, cuando esa ley nació errada.