Morelos está incluido en la lista de entidades donde sólo se escogerá a diputados locales (18 de mayoría relativa y 12 plurinominales) y 33 presidentes municipales, cuyas fórmulas serán acompañadas por un candidato al cargo de síndico municipal y un número todavía no determinado de regidores. Muchas veces he expresado que se trata de “La Feria del Hueso”. Pero lo que torna atractivos esos “huesos” no es el honroso privilegio de servirle a la sociedad, sino servirse de ella, aunque debo subrayar que existen las honrosas excepciones, que se cuentan con los dedos de una mano. Lo que hace demasiado seductores tales cargos son los onerosos salarios, los ofensivos aguinaldos y, desde luego, el tráfico de influencias para ejecutar lucrativos negocios, muchas veces al margen legal.

2.- El Estado de Chiapas será el único a nivel nacional que tendrá dos fechas diferentes para las elecciones en 2015. El proceso local chiapaneco se realizará el 19 de julio, no el 7 de junio, cuando se efectuarán los comicios federales, según sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Como ya dije, el domingo 7 de junio se elegirá a 500 diputados federales, pero en 17 de los 32 estados habrá votaciones para elegir a nueve gobernadores, 993 presidentes municipales, 16 jefes delegacionales en la Ciudad de México, 640 diputados locales y 20 juntas municipales. A continuación las entidades donde se elegirá gobernador o gobernadora: Nuevo León, donde hoy gobierna el PRI; Michoacán (PRI), Campeche (PRI), Colima (PRI), San Luis Potosí (PRI), Querétaro (PRI), Guerrero (PRD), Sonora (PAN) y Baja California Sur (PAN). Para los partidos nacionales, fundamentalmente PRI, PAN y PRD, es mucho lo que hay en juego respecto a ciertos feudos.

3.- Asimismo habrá elecciones para diputados en el Estado de México (45), Nuevo León (26), Michoacán (24), Campeche (21), Jalisco (20), Colima (16), San Luis Potosí (15), Querétaro (15), Yucatán (15), Distrito Federal (40), Guerrero (28), Tabasco (21), Morelos (18 de mayoría relativa y 12 pluris), Guanajuato (22), Sonora (21), Baja California Sur (16) y Chiapas (24). Tocante a las alcaldías la disputa será así: Estado de México 125, Nuevo León 51, Michoacán 113, Campeche 11, Jalisco 125, Colima 10, San Luis Potosí 58, Querétaro 18, Yucatán 106, 16 jefes delegacionales en el DF, Guerrero 81, Tabasco 17, Morelos 33, Guanajuato 46, Sonora 72, Baja California Sur 5 y Chiapas 122.  Enorme el pastel para todos los partidos políticos. El proceso electoral, en dichos territorios, inició el 7 de octubre del año pasado y tendrá una fase sobresaliente el 7 de junio venidero, aunque el proceso general no concluirá entonces. Podrían surgir recursos de impugnación ante las autoridades electorales respectivas, a nivel estatal y federal, lo cual extendería por tiempo indeterminado los conflictos y las decisiones definitivas. Pero también existe el escenario de la legitimación, mediante la entrega de las constancias de mayoría a los candidatos ganadores, sin existir impugnaciones de por medio. Desde mi particular punto de vista vislumbro la “judicialización” de la elección ante los tribunales electorales. A ver.

4.- Entró el Mando Único al municipio de Jantetelco y con ello quedó implementado en toda la entidad, con lo que Morelos se colocó a la vanguardia nacional en este renglón. El hecho es ocasión propicia para recordar que hay opiniones diversas sobre los resultados y los beneficios que para la sociedad ha tenido el Mando Único, pues mientras desde el sector oficial se festina la cobertura total del sistema policiaco en la entidad y se advierte que vendrá una oleada mayor de resultados positivos, desde la sociedad civil son frecuentes los señalamientos sobre malas conductas de los policías, que incluso han sido exhibidas vergonzosamente en televisión nacional. Debe decirse que ni el Mando Único es infalible ni todos los policías que en él participan son de los que actúan en contra de los intereses de la población, pero corresponde a las autoridades hacer lo necesario para que las quejas se reduzcan hasta eliminarse, y los aciertos sean cosa de todos los días. Por cierto, urge que las autoridades respectivas ejecuten una investigación a fondo en Jiutepec, cuya policía municipal, durante décadas, ha estado infiltrada por los de enfrente. Al buen entendedor, pocas palabras.

5.- Uno se pregunta si realmente había necesidad de que las autoridades estatales y de Cuernavaca quedaran ridiculizadas a los ojos de la opinión pública por el caso de la oposición a que se presentara el cantante Gerardo Ortiz, quien finalmente actuó a chaleco el fin de semana anterior, apoyado en un amparo judicial. Resulta que al artista le quisieron aplicar la misma fórmula que a El Komander, quien el año anterior tuvo que ser retirado del programa del palenque de la feria “acusado” de cantar narcocorridos, pero el empresario que trajo a Ortiz se puso más vivo que las autoridades y tramitó el amparo de la justicia federal, suficiente para lograr que el espectáculo ocurriera. La queja contra el cantante Gerardo Ortiz era el tema de sus canciones, que son de los llamados “narcocorridos”, y el hecho de que durante su reciente presentación en Texcoco hubo balacera. Pero la pregunta es si gobierno estatal y ayuntamiento no debían tener comunicación y abordar estos temas en privado, en lugar de exhibirse públicamente para que luego resulte que sus quejas carecen de valor.

6.- El proceso electoral reducirá de manera importante la actividad en el Congreso local y luego de las votaciones del 7 de junio los diputados apenas tendrán tiempo para sacar adelante sus temas más urgentes. Ese es uno de los argumentos de la versión que afirma que los casos de los juicios políticos que estarían pendientes en contra de los diputados Manuel Martínez Garrigós y Alfonso Miranda Gallegos, están destinados a permanecer en la congeladora por el resto de la legislatura. Eso a pesar de la postura pública que asume el fiscal general Rodrigo Dorantes, en cuanto a que esa dependencia insiste y está pendiente del curso que tomen sus solicitudes de juicio político, que en el caso de Martínez Garrigós es por una acusación de peculado agravado en contra del ayuntamiento de Cuernavaca, y en el de Miranda es por abuso y ultrajes a la autoridad. De este tema la sociedad ya está fastidiada porque ha llegado a generar expectativas y a final de cuentas sigue estancado.