Fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio, también del año pasado. Se trata, pues, de un ordenamiento legal que debe ser aplicado por las autoridades correspondientes, caiga quien caiga y tope lo que tope durante el actual proceso electoral. El artículo 7, fracción VII de dicha Ley establece lo siguiente: “Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años a quien (…) solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”. Así las cosas, quienes hayan cometido estos delitos electorales deberán pagar una multa de 14 mil pesos y fracción, amén de que le serán aplicadas la sentencia aludida y la cancelación de sus derechos políticos.

2.- Con referencia a lo anterior es importante, indispensable y urgente que las mujeres integrantes del “Observatorio Equidad, Género y Seguimiento Electoral”, cuya conformación fue dada a conocer ayer en conferencia de prensa, acudan lo más pronto posible ante las autoridades electorales respectivas, pues lo que denunciaron constituye una flagrante transgresión a la flamante Ley General en Materia de Delitos Electorales. El asunto no debe quedar como una simple pose frente a los representantes informativos. Chequen ustedes lo que dicen las féminas encabezadas por la abogada Esveidy Adame González, quien al parecer fue coordinadora jurídica en la Dirección General de Fiscalización de la Hacienda Municipal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (2012). Arguyen que recientemente se presentó una campaña de intimidación y desprestigio contra mujeres candidatas a cargos de elección popular, por lo que exigieron la intervención de las autoridades estatales. Se refirieron al avance histórico representado por la paridad de género en la asignación de candidaturas, “después de años en que la postulación de candidatas mujeres se consideró más como una dádiva que como un reconocimiento a su militancia”.

3.- Y he aquí la acusación, sin nombre y apellido: “Los candidatos varones que fueron desplazados o contienden con candidatos de género distinto, han asumido posiciones machistas, misóginas y discriminatorias en contra de las mujeres que ejercen su derecho constitucional de aspirar a un cargo de elección popular”. Agregaron que en los últimos días, “amenazas abiertas o veladas, campañas de difamación en contra de las propias candidatas o familiares cercanos, que se expresan a través de llamadas telefónicas, panfletos o volantes, frases discriminatorias como ‘es vieja’ o ‘está chiquita’, que los candidatos varones expresan en público o en privado al referirse a sus contendientes femeninas, son sólo una muestra de lo que puede llegar a convertirse en el próximo proceso electoral”. Etcétera, etcétera. Del tema, según revelaron ayer, ya están enterados el titular del Ejecutivo, la presidenta del Impepac y la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Conclusión: es un tema por demás relevante, que no debe quedar impune. En lo personal me hubiese agradado la difusión de los presuntos responsables de los delitos electorales aludidos en el primer párrafo.

4.- Cambiemos de frecuencia. Han transcurrido apenas unas horas del inicio de las campañas federales y comienza a calentarse el ambiente de manera paulatina. Para cuando los candidatos a los cargos locales de elección popular inicien sus campañas, en el tercer tercio del mes, el ambiente electoral estará candente y veremos señalamientos fuertes entre unos y otros. Mientras en la zona sur el Impepac realizará una “gira por la democracia para promover el voto”, en la capital morelense se denunció ayer el inicio de una campaña negra en contra del Partido Acción Nacional y su candidato a la diputación federal por el primer distrito, Javier Bolaños. Otros candidatos recurren a diversas estrategias para mostrar sus virtudes, como la perredista Lucía Meza, que dio a conocer su declaración patrimonial y una carta de antecedentes no penales. Al nivel de las redes sociales, los memes y videos con truco serán en breve cosa de todos los días como parte de la lucha por las posiciones políticas. En dos meses más, los morelenses estaremos acudiendo a las urnas. Por cierto, Bolaños asegura, con encuesta en mano, que va arriba del priísta Fernando Martínez Cué. Y éste me comentó ayer mismo que ya superó al panista. Así es esto de las encuestas sesgadas. Lo recomendable es no hacer caso a esos datos… por ahora, pues ni siquiera han avanzado las campañas iniciadas el primer minuto del domingo. 

5.- Las altas temperaturas propias de la temporada contribuyen al aumento de enfermedades gastrointestinales y son los niños y niñas pequeños unas de sus principales víctimas. Al respecto, la legisladora panalista Erika Hernández Gordillo encontró que las leyes de Morelos, en particular la de Salud, no cubren en su totalidad la salud de los menores de cero a cinco años de edad, por lo que es necesaria una adecuación que permita incluir en los trabajos sanitarios que favorecen a este sector de la población, a los males gastrointestinales que no producen diarrea, así como al sobrepeso y a la obesidad. Actualmente, las tareas del sector salud por los infantes de esta edad incluyen la vacunación y las enfermedades diarreicas, entre otras, pero este universo debe ampliarse, según la propuesta que analiza actualmente el Congreso.

6.- En el propio Poder Legislativo se preguntan si es mera coincidencia que hayan sido varios los ayuntamientos que decidieron lanzar en estas fechas su pretensión de concesionar por 20 años el alumbrado público. También se preguntan si es coincidencia que la ofensiva ocurra al inicio de la veda electoral por la que se pone bozal a todos los niveles de gobierno, como para impedir alguna denuncia, si fuera el caso, de un abuso por parte de los ayuntamientos. Y no, los diputados no creen en las coincidencias, al menos en este caso, y más bien aventuran en privado la hipótesis de una acción concertada para pasar por encima del Congreso y avanzar en el propósito de entregar el negocio del alumbrado público a manos ajenas. No parece coincidencia, tampoco, que la publicación de documentos relativos a concesiones por 20 años del alumbrado público de Cuernavaca, Coatlán del Río, Temixco y otros, ocurra en el tercer año del periodo municipal, al que en otras épocas no muy lejanas se le ha llamado “el año de Hidalgo”. El tema tiene pinta de controversia de largo plazo. A ver.