2.- Durante la pasarela (nunca fue debate), los cuatro candidatos participantes en ese foro empresarial se comprometieron (ante 500 afiliados al CCE) a que antes de 15 días, partiendo el mismo 23 de abril, presentarían sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, subiendo los respectivos documentos en la página www.candidatotransparente.mx. Hasta la víspera esto no había sucedido. Las huestes presididas por Rivera Palau declararon que el próximo 11 de mayo estarán atentas, a fin de confirmar si los multicitados aspirantes al cargo hoy ocupado por Jorge Morales Barud cumplieron su palabra. Empero, Messeguer Guillén subió ya sus declaraciones patrimonial y de intereses en el portal www.jorgemesseguer.mx. Faltaría por conocerse su declaración fiscal. Es fácil deducir que los hombres de negocios aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial están interesados en saber cómo llegará el próximo alcalde o alcaldesa de Cuernavaca; si lo hace con una mano adelante y otra detrás. Dicen que tendrían elementos para detectar un eventual caso de enriquecimiento inexplicable durante los escasos dos años y cachito que el presidente o la presidenta municipal durará en el cargo. Ese será el tiempo óptimo para gobernar la capital morelense y consolidar alguna candidatura rumbo a los comicios de 2018, dependiendo de cómo le vaya al relevo o a la relevo de Morales Barud.

3.- Prometer no empobrece, estimados lectores. Y en tiempos preelectorales, menos, aunque posteriormente, una vez alzados con la victoria, habrá quienes se olviden de las promesas adquiridas en campaña. Nadie en su sano juicio puede pasar inadvertido que muchos, muchísimos candidatos a los cargos de elección popular a disputarse el domingo 7 de junio están ofreciendo cosas que jamás conseguirán. Así las cosas, todo lo antes dicho me recuerda la iniciativa formulada en abril de 2009 por Cipriano Sotelo Salgado, entonces presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Estado, a fin de reformar el Código Penal de Morelos e instaurar el delito de fraude político para castigar penalmente a los candidatos que incumplieran sus promesas de campaña una vez que asumen el cargo. El tema formaría parte de un capítulo destinado a sancionar los delitos contra la colectividad. Aquel proyecto de ley se entregó en tiempo y forma ante el Congreso local, pero fue desechado, indudablemente porque hubiese afectado los intereses partidistas, grupales y personales de muchísimos servidores públicos. La indiferencia de los diputados locales ante una acción de transparencia y rendición de cuentas de tal envergadura siempre ha sido comprensible, pues a nuestra clasecita política local no le conviene arriesgar sus cotos de poder y los abundantes mecanismos de enriquecimiento rápido.

4.- Cambiemos de frecuencia. Esta semana aumentaron las presiones en contra del Congreso morelense para que acelere la definición sobre si ratifica o no a los magistrados Ángel Garduño, Carlos Iván Arenas, María Idalia Franco, Rubén Jasso y Norberto Calderón. La presidenta del Congreso, Lucía Meza, no ha tenido empacho para señalar de manera directa al Poder Judicial como uno de los actores políticos que busca incidir en la decisión que los legisladores tomen en cuanto a ratificar a los citados o designar nuevos magistrados. La negociación entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso se presumía finiquitada a mediados de la semana anterior, pero a última hora los acuerdos “se cayeron” y el tema fue retirado de la sesión ordinaria. Para cuando los diputados tengan una nueva sesión plenaria este miércoles, la expectativa es que ahora sí sean desahogados los dictámenes de la Junta Política y de Gobierno sobre la evaluación hecha a esos funcionarios judiciales, pero hasta la tarde de ayer no había nada en firme.

5.- Con el avance de las campañas electorales se van sucediendo hechos y declaraciones que acentúan su interés, de las cuales muchas quedarán solo para el anecdotario y apenas unas cuantas serán las que trasciendan. Parte de esa vorágine son los señalamientos en contra de presuntas acciones irregulares cometidas por los candidatos, así como las agresiones de diversa índole y gravedad de los que estos son objeto. Para dilucidar estas últimas debe intervenir la Fiscalía General del Estado, que al tener un papel central en la responsabilidad de dar certeza sobre la seguridad del proceso electoral, está buscando ser muy puntual en cada caso y ayer dio a conocer que indaga la posibilidad de que algunas de esas agresiones contra aspirantes a diversos cargos de elección popular, hayan sido en realidad cometidas con su consentimiento, es decir que se trate de asuntos armados con el propósito de llamar la atención, hacerse promoción y lograr que sus campañas políticas “prendan”. Ojalá la Fiscalía revele la información completa en su oportunidad.

6.- El secretario de Gobierno, Matías Quiroz, salió al paso de las voces que sugieren la participación del gobierno graquista en apoyo de determinados candidatos, evidentemente del partido del Sol Azteca. Categórico dijo que el gobierno estatal “no está en campaña”, para todos aquellos que andan buscando la manera de establecer alguna liga entre las autoridades y los abanderados que han surgido de ese mismo grupo político, como el caso del Movimiento de Regeneración Nacional que ayer acusó que son aspirantes perredistas los que más están gastando en sus campañas electorales en Cuernavaca en particular, y en general en Morelos, y pidió que se investigue el monto y la procedencia de esos recursos que, por supuesto, serán negados por aquellos a quienes involucran los señalamientos. Y es que nadie duda de que los políticos tuerzan la ley en su afán de ganar los comicios, pero otra cosa es que estén dispuestos a que les sorprendan en la maroma. Pero estaremos pendientes y después diremos.