Sin embargo, es importante recalcar que esta fue la segunda manifestación, obviamente más radicalizada, por parte de esos trabajadores adheridos a la Sección 19 del SNTE. La primera se realizó hace una semana, pero a juzgar por lo ocurrido la víspera, no consiguieron su objetivo. Los jubilados aseguran que el IEBEM ha sido omiso incumpliendo una sentencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), favorable hacia ellos, mediante la cual se obliga al gobierno morelense a finiquitar el mencionado adeudo laboral con 792 docentes jubilados.

2.- El gobierno graquista reaccionó desde temprana hora a través de una conferencia de prensa desarrollada en el Salón Bicentenario de Casa Morelos y presidida por el subsecretario de Gobierno, Omar de Lassé Cañas, quien informó que el IEBEM ya había depositado los cheques de esos 792 trabajadores retirados. Se trata del pago de una diferencia de 50 días correspondientes a la mencionada prestación de 2005. De Lassé Cañas manifestó que la autoridad laboral, es decir el TECA, determinó el pago de un laudo hasta por 11 millones 94 mil 865 pesos, cifra bastante inferior a los 26 millones de pesos que pretende la representación legal de los ex trabajadores de la educación. He aquí el quid del conflicto, amables lectores. Decían las abuelitas “piensa mal y acertarás”. El subsecretario de Gobierno expresó que “hay una diferencia de 15 millones de pesos, no reconocida por la autoridad, y que la quieren exigir (los inconformes) con presiones políticas, violentando derechos de terceros”. Y vino el señalamiento: “Se emitió un cheque por cada uno de los 792 maestros en jubilación, cuya entrega pueden solicitar ante el TECA, o sus familiares, en caso de quienes hayan fallecido (…) El abogado Víctor Omar Rodríguez Gallegos (asesor legal de los jubilados) pidió cobrar el monto en un solo cheque para que ellos se hicieran cargo de la distribución de los recursos, lo cual es ilegal a todas luces, toda vez que la Ley laboral exige la protección de cada uno de los pensionados”.

3.- Los maestros afectados interpusieron su juicio laboral el 14 de diciembre de 2005 durante el gobierno de Sergio Estrada Cajigal, pero la “papa caliente” fue transferida al sexenio de Marco Adame Castillo, quien evidentemente la eludió de mil formas entre 2006 y 2012 hasta que la bateó a su relevo, Graco Ramírez Garrido Abreu. La administración graquista recibió el laudo el 4 de febrero de 2015. Aunque el resolutivo exigía al IEBEM el pago respectivo, la multicitada autoridad jurisdiccional resolvió el 17 de marzo de 2015 una interlocutoria, estableciendo las cantidades correspondientes a cada uno de los pensionados. Nos estamos refiriendo tan solo a 11 millones 94 mil 865 pesos; la sentencia del TECA jamás alude los 26 millones que buscan con frenético afán quienes ayer se colocaron a la cabeza de los bloqueos, entre ellos la ex titular de Educación del Estado, Silvia Gámez Iriarte. Fuera máscaras: más de un personaje se ha frotado las manos con este delicado asunto. Esperemos para ver y después diremos.

4.- Y en más con respecto a adeudos comentaré que el Colegio de Bachilleres de Morelos (Cobaem), en combinación con las secretarías de Hacienda y de Educación estatales, se ha negado a cubrir el pago de jubilaciones y pensiones a maestros en retiro de ese plantel, a quienes en conjunto adeuda unos 20 millones de pesos por este y otros conceptos como el pago de la prima de antigüedad. Esto se puso de manifiesto ayer miércoles en el Congreso morelense, durante una conferencia de prensa que ofrecieron docentes adheridos a la Asociación de Jubilados y Pensionados del Cobaem, encabezados por Luz María Monárrez Villalobos y Sofía Sánchez Salazar, presidenta y secretaria de la organización, respectivamente, así como por el diputado local Javier Bolaños Aguilar, quien en apoyo a los mentores subió un punto de acuerdo durante la sesión plenaria de ayer exigiendo que se cubran estos derechos basados en decretos aprobados por los diputados y no pueden ser regateados por las autoridades estatales. El diputado panista dijo que le preocupa que el director del Cobaem haya puesto como excusa que el gobierno estatal no tiene dinero, pues “esto confirmaría que está quebrado y que las arcas públicas están vacías”.

5.- Con voto unánime de los diputados presentes y el respaldo de todas las fuerzas políticas, ayer el Congreso local aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción que ya obtuvo luz verde del Congreso de la Unión y hoy está en manos de los congresos locales para efectos del llamado Constituyente Permanente. No era de esperarse que algún legislador se pronunciara en contra de este sistema que responde a un reclamo generalizado de la sociedad mexicana, en cuanto a hacer algo pronto y efectivo en contra del cáncer social que se ha adueñado de la clase política, pero de la que también es partícipe el ciudadano de a pie, y el automovilista. La corrupción es un fenómeno que se combatirá y Morelos se suma a este propósito para llegar a un gobierno abierto, de acuerdo con la presidenta del Congreso, Lucía Meza Guzmán, quien ha hecho suyo este tema y hace poco organizó la Cumbre Estatal Anticorrupción. El tema propició la participación de los representantes de los partidos principales y las coincidencias permitieron su aprobación por unanimidad.

6.- El Congreso omitió ayer, una vez más, el tema de la ratificación de los magistrados del Poder Judicial, lo que causó enojo al menos en los diputados Jordi Messeguer y Carlos de la Rosa, así como críticas hacia la Junta Política que encabeza el panista Javier Bolaños, y a la que corresponde llevar a buen término el proceso de evaluación de la quinteta de hombres de leyes que hoy cruzan los dedos porque la suerte les permita mantenerse en el cargo por ocho años más. En defensa de la decisión de posponer el tema una vez más, la presidenta del Congreso, Lucía Meza, advirtió que los diputados disponen de nueva información que llegó recientemente y a la que, de hecho, se le dio entrada en el apartado de Correspondencia durante la sesión de ayer. Mientras, Bolaños Aguilar indicó que los coordinadores parlamentarios, que son los miembros de la Junta, actúan de manera responsable al retrasar una decisión para la que, además, no corre prisa. Jordi Messeguer ha declarado que los magistrados Rubén Jasso y María Idalia Franco son los únicos que cumplen con los requisitos de ley para permanecer en el cargo. A ver.