Lunes, 29 Junio 2015 03:00

Tadeo Nava: la nómina

Escrito por

Gaby Gómez: respuesta

1.- El presidente municipal electo de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, arremetió hace unos días en contra del actual alcalde Jesús González Otero.

 El perredista no lo hizo directamente, pero sí se refirió a las situaciones irregulares que encontrará en el ayuntamiento con respecto a su manejo financiero, principiando por la nómina, donde Tadeo ha detectado la incrustación de “aviadores”, lo cual no es privativo de la heroica localidad, ya que se repite a lo largo y ancho de Morelos. Sin embargo, las declaraciones del próximo edil cuautlense debieron desagradarle a González Otero, quien se quejó con el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, sobre la radical posición asumida por su inminente relevo. Fue así como Quiroz convocó a “un primer acercamiento” entre alcalde saliente y entrante (realizado este fin de semana), “para reiterar la disposición del Poder Ejecutivo a fin de que todos podamos tener un Morelos justo y en paz, como lo desean los ciudadanos”. La realidad financiera de la comuna cuautlense es grave e inclusive podría generarle a González Otero procesos judiciales futuros. Eso debió campear durante la reunión convocada por el secretario de Gobierno. A González Otero le han sido rechazadas por el Cabildo varias cuentas públicas.

2.- Cambiemos de tema. La secretaria del Trabajo y Previsión Social de Morelos, Gabriela Gómez Orihuela, le dio tremenda felpa a su antecesor José de Jesús Pérez Moreno, quien hace unos días, junto con el dirigente del Nuevo Grupo Sindical (NGS), Bulmaro Hernández Juárez, protestó en Palacio de Gobierno por la reciente elección de representantes del sector laboral en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Más allá de la intencionalidad de la protesta llamó la atención la presencia de Pérez Moreno, quien renunció hace varios meses a la titularidad del área hoy a cargo de Gómez Orihuela dizque por problemas de salud. Ahora resulta que, según manifestó el propio Pérez Moreno (“gran amigo” del gobernador Graco Ramírez), su salida se debió porque alguien lo presionó para violar la ley y declarar inexistente una huelga (en el Conalep) que ni siquiera había iniciado. Como era de esperarse, la ex delegada de la STPS federal respondió a su antecesor indicando que le dejó un grave rezago y que durante los pasados cuatro meses (el tiempo que lleva al frente de la dependencia) jamás ha recibido línea de nadie para quebrantar la ley. Etcétera.

3.- José de Jesús Pérez Moreno fue el funcionario que en junio de 2014 fue acusado por el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, ante el entonces secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, de haberle pedido dinero para declarar inexistente una eventual huelga de trabajadores universitarios. Dícese que con relación a aquel desencuentro hubo varios testigos, entre ellos un diputado local. El 11 de junio del año pasado escribí aquí lo siguiente: “Las mafias sindicales de Morelos se han puesto de acuerdo con la intermediación del secretario del Trabajo del Estado, José de Jesús Pérez Moreno (¿por qué le tendrá tirria el rector Alejandro Vera Jiménez?)”. Y aporte datos sobre el acuerdo pactado por los jerarcas del Nuevo Grupo Sindical y la CTM a fin de repartirse el pastel que significaría el acarreo de materiales en la construcción de 32 kilómetros de la nueva Autopista Siglo XXI. Etcétera. Hoy sabemos que Pérez Moreno y la familia que ostenta la dirigencia del NGS han sido siempre aliados. Así las cosas, podemos inferir que impoluto, intachable, honesto o virtuoso no es José de Jesús.

4.- Vayamos a otra frecuencia. Mientras que a nivel federal se mantienen las protestas de la iglesia católica frente a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar la legalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo, en el ámbito local hay grupos interesados en conseguir que el Congreso lleve a cabo las reformas correspondientes para legalizar el matrimonio igualitario; uno de estos grupos, integrado por jóvenes, se manifestó el viernes con ese propósito frente al Palacio Legislativo sobre la calle de Matamoros. Y es que la decisión de la Corte no obliga a los estados a armonizar su legislación. Este tema fue puesto sobre la mesa por el PRD desde el principio de la legislatura 52, a través de diputados como Juan Ángel Flores Bustamante, Jordi Messeguer Gally y María Teresa Domínguez Rivera, pero no logró prosperar ante la oposición del hasta hace poco llamado G-13, integrado por el único legislador del PRD, el grupo parlamentario del PAN y la desdibujada bancada priista. Habrá que ver si en los estertores de la legislatura, cuando le quedan tres o cuatro sesiones a su último periodo ordinario, el del matrimonio igualitario resulta uno de los temas que aún logren consenso.

5.- El Congreso dio su visto bueno a una serie de reformas al Decreto 353 del 14 de abril de 2010, para autorizar que los ayuntamientos se inscriban en el Programa de Regularización de Adeudos de la Comisión Nacional del Agua. Las reformas fueron propuestas por Dulce María Acosta durante su corto lapso como diputada, supliendo a Rosalina Mazari, y le correspondió al panista Javier Bolaños encargarse de dictaminarlas y presentarlas a la aprobación de sus homólogos. El ajuste legal les permitirá a los municipios dar un paso más en el saneamiento de sus finanzas con relación a los pagos por derechos y aprovechamientos del vital líquido, afectando como fuente de pago sus recursos derivados del Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Parte importante de este paso es que mediante la regularización de los adeudos, los municipios podrán acceder a recursos federales de programas que opera la Federación a través de la propia Conagua, lo que deberá traducirse en inversiones y beneficios para sus habitantes. A ver.

6.- Divide opiniones el anuncio de las autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, en cuanto a que les serán descontados 500 pesos en el pago de su próxima quincena, a los mil 100 maestros que se ausentaron de las aulas el miércoles anterior para participar en la marcha del Movimiento Magisterial de Bases, realizada de El Calvario a la Plaza de Armas con el propósito de reiterar su oposición a la Reforma Educativa. La medida incluye una sanción administrativa que será archivada en su expediente para una posible separación del trabajo en caso de reincidencia, y desoye el exhorto emitido el mismo miércoles por el Congreso local, que fue aprobado mayoritariamente con base en una propuesta de punto de acuerdo firmada por los coordinadores de todos los grupos y fracciones parlamentarias y presentado en la tribuna por la presidenta del Congreso, Lucía Meza. Y las opiniones se dividen porque hay quienes opinan que la autoridad está en su derecho y obligación de hacer cumplir la ley sancionado a los maestros, no por marchar sino por faltar a sus centros de trabajo; mientras otros observadores estiman que el descuento de 500 pesos servirá de pretexto para nuevas marchas y para dar combustible a quienes pretenden usar a la reforma educativa para incendiar al estado. A ver.

Guillermo Cinta

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