Todo ello, sin embargo, se enmarcó dentro de lo que la justicia civil tipifica como privación ilegal de la libertad, encubrimiento por favorecimiento, abuso de autoridad, tortura, homicidio y obstrucción de la justicia. Ni más, ni menos. Me faltaría el delito de delincuencia organizada.

2.- El 12 de julio de 2011, a escasas semanas del homicidio, escribí lo siguiente: “Empiezan a trascender datos sobre lo declarado ante la Procuraduría General de Justicia Militar por los oficiales Edwin Raziel Aguilar Guerrero, subteniente de Infantería, y José Guadalupe Orizaga y Guerra, teniente de Infantería, ambos enclavados en el 21 Batallón de Infantería, y por lo cual les fue dictado el pasado domingo (10 de julio de 2011) un auto de formal prisión por los delitos de tortura, homicidio e inhumación clandestina”. En resumidas cuentas alegaban que Jethro Ramsés Sánchez Santana no fue torturado ni golpeado por ellos, aunque “sí murió al interior de las instalaciones de la base militar”. El expediente sobre el lamentable hecho consta de varios miles de hojas, y de él han circulado varias copias gracias a avezados periodistas morelenses interesados en conocer el fondo del asunto. La documentación y las declaraciones de los principales inculpados describen el momento del aseguramiento de Jethro Ramsés, su traslado desde el recinto ferial a las instalaciones del 21 Batallón de Infantería y la extraña forma en que perdió la vida, pero confirma además que la orden de desaparecer el cuerpo fue emitida por el coronel de Infantería José Guadalupe Arias Agredano, comandante del multicitado Batallón, quien recibió órdenes superiores para hacerlo. Allá y entonces su jefe superior inmediato era Leopoldo Díaz Pérez, a la sazón comandante de la 24ª. Zona Militar. Conclusión: el espinoso caso siempre se ha manejado en los intrincados vericuetos castrenses a través de una evidente red de complicidades.

3.- Es así como llegamos a la víspera, cuando el abogado de la familia de Jethro Ramsés Sánchez Santana, el doctor Cipriano Sotelo Salgado, comentó que “todavía” confía en la justicia federal. Emite su optimismo en el sentido de que pronto habrá una sentencia condenatoria en contra de todos los militares involucrados. ¿De dónde surge tal estado de positividad en Cipriano Sotelo? En el hecho de que un juez federal condenó recientemente a 35 años de prisión al subteniente de Infantería, Danny Hernández Sánchez, vinculado a la desaparición forzada de un civil en Los Herreras, localidad perteneciente a Monterrey. El caso de Jethro es semejante y por lo tanto digno de ser tasado con el mismo rasero. Añadió el jurista morelense: “Después de esa sentencia podrían surgir otras en contra de elementos castrenses, como los que están siendo procesados por la desaparición y asesinato de Jethro Ramsés”. Empero, es importante recordar que la juez Guadalupe Arredondo García otorgó a la Fiscalía General de Morelos el plazo de un mes para cerrar las indagatorias. Dentro del mismo proceso fue liberado el teniente Marco Antonio Legorreta, inicialmente acusado de participar en la tortura y posterior asesinato de Jethro. El problema para la Fiscalía (cosa común en esa dependencia) fue que no acreditó suficientes pruebas y Legorreta salió libre. Es importante añadir que están procesados Edwin Raziel Aguilar Guerrero, José Orizaga Guerra y Leopoldo Díaz Pérez. Este último fue favorecido con no ir a prisión, pero se encuentra confinado a una oficina castrense en la Ciudad de México. A ver.

4.- Cambiemos de frecuencia. El periodo vacacional está en sus últimas horas y cientos de miles de alumnos se preparan para iniciar clases el próximo lunes. Los que no se preparan para eso son los miembros del Movimiento Magisterial de Bases (MMB), que han convocado a una movilización con el propósito de boicotear el inicio del año escolar y que, a decir de este grupo de maestros, dejará cerradas unas mil 500 escuelas en Morelos. Sin embargo, las autoridades estatales tienen una visión distinta de las cosas, y mientras el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, llama a los mentores a desoír la convocatoria del MMB, el titular del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Fernando Celerino Pacheco, desestima que el inicio de las clases esté en  riesgo y afirma que, por el contrario, existen las condiciones para que ocurra sin conflictos. En lo que ambos funcionarios coinciden, y seguramente los padres de familia, es en que los niños no pueden ser usados para la presión de los maestros a las autoridades, para el chantaje sea cual sea el fin perseguido por los mentores.

5.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mantiene en vilo a la clase política morelense, en espera de que se pronuncie respecto de la asignación de las diputaciones plurinominales locales. La expectativa es que el actual listado de legisladores electos, con el que hombres y mujeres tienen 15 diputaciones por igual, sea modificado y ocurra entonces el ingreso de varones otrora situados en el primer sitio de las listas de sus respectivos partidos, para que la paridad se haga valer específicamente en la docena de espacios de representación proporcional. La decisión del ámbito jurisdiccional electoral impactaría además en la disputa por las comisiones, comités y cargos directivos de la próxima legislatura, con lo que la expectación no se reduce a quienes están en posibilidad de ocupar una curul sino también en una larga serie de sus colaboradores y personajes de partido que aspiran a tener un espacio en la nueva legislatura. Por lo pronto lo que les queda es esperar a la decisión del TEPJF.

6.- El TEPJF ya se pronunció en cuanto a la impugnación hecha por la priísta Lilia Ibarra Campos en contra de la perredista Lucía Meza Guzmán, y el fallo de los magistrados fue a favor de la aún presidenta del Congreso morelense, con lo cual se confirma su triunfo en la elección correspondiente a la diputación federal por el tercer distrito. La impugnación acusaba a Meza Guzmán de ser inelegible porque a la par de ser candidata mantenía su condición de diputada local, pero el argumento fue desechado por el Tribunal y sin mayores problemas rendirá protesta al cargo de diputada federal en 10 días más. De acuerdo con sus cercanos, la cuautlense iniciará a la par de su gestión como legisladora federal, la carrera en pos de la candidatura de su partido político a la gubernatura que estará en disputa en 2018, tomando en cuenta su trayectoria, el trabajo político de los próximos tres años y la efervescencia por colocar mujeres en cargos públicos, que se dio en este 2015 y seguramente se mantendrá para las próximas elecciones. A ver.