Su nombramiento llamó la atención porque surgió como un tercero en discordia frente a lo ocurrido en dicho cuerpo colegiado el viernes de la semana anterior, cuando fueron rechazadas las propuestas de que el perredista Enrique Laffitte Bretón o el pesedista Julio Yáñez Moreno ocuparan esa importante posición, anhelada por quienes pretenden a toda costa incoarle juicio político al gobernador Graco Ramírez. Sobre el tema se han escrito muchas cuartillas, pero he de recordar lo que subí en mi cuenta de Facebook el sábado. Indiqué que quien ocupe la presidencia de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, en caso de requerirse la dictaminación de algún juicio de procedencia (una vez admitido por el Congreso a través de la Junta Política y de Gobierno), tan solo representará un voto. Y me parece que de acuerdo a la actual conformación de la Legislatura 53, Espín Navarrete deberá manejar con gran prudencia los asuntos que le sean turnados. Le explico.
2.- El artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso de Morelos señala que las comisiones legislativas se integrarán por lo menos con tres diputados “y su composición reflejará en lo posible la pluralidad política”. Empero, tocante al caso de las comisiones ordinarias de Puntos Constitucionales y Legislación; Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública; y Gobernación y Gran Jurado, tendrán que estar conformadas al menos por un diputado de cada grupo y/o fracción parlamentaria integrante de la legislatura. Esto significa, amables lectores, que sin la conducción debida la susodicha Comisión de Gobernación y Gran Jurado podría llegar a convertirse en una cena de negros, pues el Congreso está integrado por 11 grupos y fracciones parlamentarias. Es decir: un escenario equiparable al de la “casa de la risa”, el mismo que se repetirá en Hacienda y Puntos Constitucionales, cuyos presidentes serán el panista Alberto Mojica Linares y el ya citado perredista Enrique Laffitte Bretón, respectivamente.
3.- Espín Navarrete apareció como la decisión salomónica para destrabar las negociaciones sobre la designación de presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, que era pretendida por el pesedista Julio Yáñez Moreno, y que también era reclamada por el PRD para su diputado Enrique Laffitte Bretón. Esta disputa frustró el jueves pasado la celebración de la primera sesión ordinaria de la legislatura, debido a la preocupación del PRD por evitar que esa comisión cayera en manos de algún legislador particularmente interesado en darle juego al tema de una eventual solicitud de juicio político en contra del mandatario estatal. Al resolverse la asignación de Gobernación y Gran Jurado, se destrabó también la del resto de las comisiones, en cuyo reparto los diputados de la “chiquillada”, por supuesto, fueron de los menos afortunados. La perredista Hortencia Figueroa Peralta, quien preside la Junta Política y de Gobierno, es desde ayer presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Hasta el senador Fidel Demédicis consiguió cuota: sus incondicionales Anacleto Pedraza, Ricardo Calvo Huerta y Francisco Navarrete Conde serán presidentes de las comisiones de Desarrollo Agropecuario, Transporte y Turismo, respectivamente.
4.- El Congreso morelense mostró la semana pasada el escenario probable de la legislatura 53 si las bancadas del PRD, PRI, PAN y Nueva Alianza no se hubieran puesto de acuerdo y apoderado del control legislativo: la ingobernabilidad. La chiquillada pagó su novatez… a grado tal que el diputado humanista Jesús Escamilla Casarrubias, en plena tribuna parlamentaria, dirigió al resto de legisladores un sinnúmero de majaderías evidenciando sus aptitudes carretoneras. Para algunos significa un robo, para otros la ansiada gobernabilidad en un contexto de estados emocionales frenéticos. Así las cosas, el PRD tomó el control de la Secretaría de Administración y Finanzas a través de Marta Patricia Bandera Flores, pasando por encima del exdiputado Juan Ángel Flores Bustamante a favor de quien el jueves pasado ya existía un dictamen firmado por varios coordinadores parlamentarios, pero del plato a la boca se cae la sopa. En la secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios fue designado Carlos Hernández Adán, como una cuota del PRI, mientras que al PAN le correspondió imponer a uno de sus incondicionales, el exsenador Sergio Álvarez Mata, en la titularidad del Instituto de Investigaciones Legislativas.
5.- Luego del reparto de comisiones y de los principales cargos, la elección del fiscal General del Estado será la primera prueba de fuego para la legislatura 53, la cual debe tener el tema entre sus prioridades, por encima del reparto de comisiones y comités que le han dado para la polémica en los días recientes. La nueva legislatura cumple este día una semana y ya tiene sobre sí el grave compromiso de elegir al fiscal, de entre una terna de profesionales del Derecho que fue remitida el viernes anterior por el gobernador. En esa terna destaca el hecho de que dos de sus integrantes son mujeres, pero el tercero es quien ocupa actualmente la titularidad a manera de encargado de despacho. ¿Cuál es la urgencia de que el Congreso nombre al fiscal si la dependencia tiene un responsable y bien o mal está funcionando? Entre otras cosas urge certeza y existen una serie de programas de orden federal, particularmente los que implican recursos económicos, para cuyo aterrizaje en Morelos se requiere de la firma del titular de la dependencia y no de un encargado de despacho. Empero, para elegir al fiscal la mayoría de los grupos y fracciones parlamentarias, entre ellos los diputados del PRI y del PAN, liderados por Norma Alicia Popoca y Alberto Martínez, respectivamente, no se han abocado al análisis de la terna enviada por el Ejecutivo.
6.- Cambiemos de frecuencia. Un verdadero conflicto de interés acaba de ser revelado luego de que el Ayuntamiento de Cuernavaca fue denunciado penalmente por utilizar recursos de cuentas bancarias embargadas durante un juicio ejecutivo mercantil, en donde una empresa surtidora de carne a la Secretaría de Seguridad Ciudadana exige el pago de más de un millón 700 mil pesos. De acuerdo con la abogada de la empresa afectada, Carlota Olivia de las Casas, durante año y medio el gobierno de la capital morelense no pagó un millón 747 mil pesos a la empresa propiedad de Graciela Espín Bahena, quien surtía de carne al comedor de la Policía Municipal. Fue por ello que se inició un juicio ejecutivo mercantil bajo el número de expediente 360/2014, mediante el cual se ordenó el embargo de tres cuentas bancarias del Ayuntamiento de Cuernavaca que estaban en el Banco Mercantil del Norte S.A. (Banorte). Pero la fémina nunca dijo que el adeudo proviene de cuando su hermano Tomás de las Casas era coordinador administrativo de dicha dependencia. Ahora aparece defendiendo junto con su consanguínea al “afectado”. Curioso ¿no? ¿Por qué no pagó al proveedor en tiempo y forma? ¿Por qué esperó hasta que los intereses moratorios alcanzaran la cifra de cinco millones de pesos?
