A continuación algunos datos sobre el mismo tema. Según lo plasma la página de internet del gobierno morelense, además de la Constitución Política local tenemos 46 leyes, 195 reglamentos de índole estatal, 60 reglamentos que rigen al Ayuntamiento de Cuernavaca (cada municipio presenta diferentes cantidades) y 11 códigos. Antes de seguir con este asunto haré la siguiente reflexión, que involucra a los flamantes diputados miembros de la recientemente entronizada legislatura 53. El pasado primero de septiembre iniciaron funciones… a muy alto costo para el erario morelense.

2.- Ese día acudimos al atiborrado salón de plenos del Congreso del Estado y observamos a 30 hombres y mujeres con zapatos nuevos, trajes de alta calidad comprados en alguna tienda departamental, camionetas lujosas, grandes sonrisas, repartiendo por aquí, allá y acullá abrazos y besos, etcétera. Y también vimos rostros conocidos, de quienes ya estuvieron incrustados en anteriores legislaturas. Hoy siguen proyectándose como “apóstoles de la democracia”, aunque durante su anterior paso por el mismo salón de plenos y los intrincados vericuetos del Palacio Legislativo no hubieran conseguido nada a favor de la sociedad. La legislatura 53 se estrenó con los mismos discursos y enormes catálogos de buenos deseos, mientras la sociedad sigue de mal en peor. De la misma forma en que miles de “servidores públicos” no reditúan nada positivo a la sociedad, los “legisladores”, sean federales o locales, tampoco lo hacen. Entre muchas otras cosas, cada tres años nos ofrecen “modernizar” y “perfeccionar” el ya de por sí obeso marco jurídico. Y no dudo que, mediante honrosas excepciones, así se haya hecho en legislaturas pasadas, aunque engrosando el número de leyes, reglamentos y códigos inservibles.

3.- A continuación un botón de muestra sobre las normatividades que, para ser aprobadas, promulgadas y finalmente arrojadas al cesto de los buenos deseos, se debió pagar un altísimo costo: Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolución del Sur; Ley de Deuda Pública para Morelos; Ley de Deuda Pública; Ley de la División Territorial; Ley deReinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares; Ley de Expropiación por Causas de Utilidad Pública; Ley de Fomento y Protección de Nuevas Ciudades Industriales; Ley de Mercados; Ley de Predios Baldíos; Leyde Protección de Caminos al Paso por las Poblaciones del Estado de Morelos; Ley de Regularización de la Pequeña Propiedad Rural; Ley del Sistema de Seguridad Pública; Ley Estatal de Fauna; Ley Estatal de Planeación; Ley Ganadera; Ley General de Bienes; Ley General de Documentación; Ley Orgánica del Servicio Público de Estacionamiento y Guarda de Vehículos; Ley para el Ejercicio de las Ciencias Médicas; Ley para la Exención de Impuestos a Asociaciones Deportivas y Sociales. Etcétera, etcétera. Y de la misma forma podría mencionar decenas y decenas de reglamentos inútiles. Conclusión: demasiado talento desperdiciado… y centenares de millones de pesos depositados en la basura. A ver cómo nos va con la 53.

4- La supremacía de los líderes de partidos frente a la pequeñez de la mayoría de los legisladores locales, provocó uno de los varios enfrentamientos ocurridos en la primera sesión ordinaria del congreso morelense, celebrada el lunes de la semana pasada. Luego de que fueron los dirigentes estatales Rodolfo Becerril (PRI), Rodrigo Gayosso (PRD), Oscar Velazco (PAN) y otros, quienes acudieron al Congreso local a deshacer el entuerto en que se encontraban los flamantes diputados en su pleito por el reparto de comisiones y comités, en lo que fue el inicio real del primer periodo de sesiones se puso sobre la mesa el tema de la “intromisión” de esos personajes. Fue el panista Alberto Mojica quien subió a la tribuna para pronunciarse a nombre de su bancada, en favor de que en lo sucesivo los diputados resuelvan únicamente entre ellos sus asuntos y no se dé nuevamente la participación de los líderes partidistas. La respuesta le llegó pronto por parte de la coordinadora de los perredistas, Hortencia Figueroa Peralta, quien sin mencionar a los azules destacó la ironía de que sean precisamente ellos quienes se quejen, cuando hasta el nombramiento de su coordinador supone una intromisión directa de su dirigente estatal, pues es él quien realiza personalmente la designación. Y es que a la diputada jojutlense le correspondía atender al señalamiento del blanquiazul porque en su calidad de presidenta de la Junta Política y de Gobierno es la responsable de todo el manejo político de la legislatura. Haiga sido como haiga sido, la “intromisión” de los dirigentes partidistas resolvió la ingobernabilidad predominante. Ya lo indiqué en anteriores columnas y comentarios a través de las redes sociales: la chiquillada ha pagado su novatez y exacta dimensión. La mera verdad es que carecen de peso específico frente a la ciudadanía morelense.

5.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos a través de su presidenta, Lucero Benítez Villaseñor, no ceja en su demanda de evitar la imposición de un contralor interno nombrado por el Congreso estatal, derivado del recién creado sistema estatal anticorrupción. Es un caso como el que motivó la última fiera reacción de la Universidad estatal contra el Congreso morelense, y que en apenas un par de días hizo recular a los miembros de la legislatura pasada. La CDHEM interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora ha solicitado al Congreso que se detenga la imposición de la contralora Roxana Aguilera Mejía, hasta en tanto al Alto Tribunal se pronuncie. El reclamo central de la CDHEM, de su titular y de los defensores de los derechos humanos que se agrupan a su alrededor, es que imponer un contralor equivale a un atentado gubernamental contra el organismo, que tendría como propósito controlar sus acciones y recomendaciones futuras. A ver.

6.- La Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación del Congreso estatal ha sido prácticamente un cero a la izquierda en los últimos años. En el sexenio del gobernador Marco Adame, en la primera mitad, que fue la legislatura 50, estuvo a cargo del panista Francisco Alva Meraz, y su papel no fue en defensa de los intereses de los usuarios. De hecho, Alva impulsó una ley de Transporte que se ufanaba de haberla redactado bajo las instrucciones del Ejecutivo. Para la legislatura 51 su titular fue la priísta Guadalupe Jiménez Tovar, totalmente entregada al poder y ajena a los intereses ciudadanos, mientras que en la recién terminada legislatura 52, bajo la batuta del pesedista Roberto Yáñez Moreno, la Comisión fue meramente decorativa. Para esta legislatura se prevé que sea presidida por el perredista Ricardo Calvo Huerta, afín a la corriente del senador Fidel Demédicis. ¿Acaso defenderá los intereses de los usuarios? Está por verse. Su primer gran reto es el Morebús, para el que ya se siente una corriente de apoyo por parte de autoridades y empresarios leales al gobierno estatal.