Una vez más se confirma el precarismo de la comuna, tal como debe estarse repitiendo en la mayoría de municipios morelenses, situación que se agravará durante 2016, a juzgar por los anuncios del gobierno federal con respecto a grandes recortes en el Presupuesto de Egresos del año próximo y a las participaciones destinadas a eso que aún se denomina “célula básica” del sistema político nacional. Transcribo textualmente: “Estimado Guillermo Cinta. En su columna del viernes 4 de septiembre del año 2015 usted describe la difícil situación que se vive con las finanzas en todos los ayuntamientos del estado, haciendo referencia a Cuautla. Quizás sea el que mayores problemas económicos enfrenta, pues su deuda en materia de laudos es bastante considerable, pero lo que le queremos comentar es que en el SOAPSC rebasa los límites tolerables. El director general de dicho organismo descentralizado, Alfredo Gerardo González Blanco, adeuda a los trabajadores de confianza (o desconfianza) 15 quincenas de sueldo ya devengado, el 50 por ciento del aguinaldo correspondiente al ejercicio 2014 y el 100 por ciento de una prestación denominada Fondo de Ahorro”.

2.- Seguimos: “Son cerca de nueve meses de sueldo. Y sin darnos ninguna explicación, el ingeniero González Blanco no quiere dar la cara, ni enfrentar estas irregularidades ante dichos trabajadores, aunque él sí cobra su sueldo cercano a los 60 mil pesos mensuales, más 20 mil pesos de fondo revolvente. Nadie ignora que en su casa no hay carencias; su familia come muy bien, aunque las de quienes trabajan en el Sistema Operador están pasando graves necesidades. Lo anterior es independiente al hecho de que este organismo descentralizado del Ayuntamiento de Cuautla se encuentra al borde de la quiebra total. Tampoco hay pago oportuno a los trabajadores sindicalizados, quienes fastidiados por la situación le han cerrado las instalaciones hasta en cinco ocasiones, más las que se acumulen en estos días. El Sistema enfrenta deudas que ya rebasan los 100 millones de pesos, impagables según vemos”. A continuación la carta expone una problemática parecida a la que en 2012 enfrentó el Sistema de Agua Potable de Cuernavaca (SAPAC), cuando los directivos del organismo especularon con determinadas deducciones aplicadas arbitrariamente a los empleados y que jamás se pagaron, por ejemplo al Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Estado. En el SOAPSC existen alrededor de 40 “aviadores”, recomendados tanto por el director González Blanco, como por miembros del Cabildo. Hasta aquí la parte esencial de la carta. Espero que el cada vez más decadente alcalde Jesús González Otero tome cartas en el asunto.

3.- Ya sin Rosario Robles Berlanga al frente de la institución, la Secretaría de Desarrollo Social hoy a cargo del ex canciller José Antonio Meade todavía enfrenta la obligación de aclarar el destino de 845 millones de pesos de probables daños y perjuicios a la hacienda pública, a través de fondos destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Lo anterior, luego de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a contratos y al desempeño de dicho programa, en el análisis a la cuenta pública 2013, año de su lanzamiento. Siete meses después de su presentación, la Sedesol aún no ha solventado la mitad de las irregularidades detectadas. De acuerdo con el reporte de seguimiento que la ASF realiza sobre las acciones recomendadas, persisten al menos seis relacionadas con el primer año de gestión de Rosario Robles al frente de la secretaría, que involucran los 845 millones de pesos. Más allá de las inconsistencias importantes en cuanto a padrones de beneficiarios, número de municipios involucrados y coordinación con programas que confluyen en los objetivos de la cruzada contra el hambre, del estado que guardan las recomendaciones aún se desprende que están incumplidas. El conjunto de acciones no solventadas hasta ahora vinculan irregularidades detectadas en convenios de la Sedesol con las universidades autónomas del Estado de México (UAEM) y de Morelos, entre otras instancias, que recibieron contratos por 857 millones de pesos, en los cuales se detectaron anomalías por 845 millones de pesos. ¿Cómo la ven, amables lectores?

4.- Cambiemos de frecuencia. El Congreso designó a la panista Norma Alicia Popoca y al petista Edwin Brito como sus representantes ante el Consejo de la Comisión de Atención a Víctimas y es de esperarse que ahora sí tales nombramientos resulten de alguna utilidad para el Pleno de la legislatura y, por supuesto, para la sociedad. Y es que los anteriores representantes fueron quienes fungían como presidentes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad Pública y Protección Civil en la legislatura pasada, que son el priísta Matías Nazario Morales y el independiente Carlos de la Rosa Segura. Ante la cercanía de los comicios de este año y dado que estos dos últimos personajes tenían intereses en la cosa electoral, su nombramiento como representantes ante la citada Comisión no reportó nada positivo, que se sepa. Ahora el compromiso es que la representación sí será útil y, además, de ella se ocuparán varios diputados, pues los nombramientos entregados ayer tendrán carácter rotativo.

5.- El diputado panista José Manuel Tablas Pimentel vio frustrado su intento de subir al Pleno un acuerdo para que el Congreso llame a comparecer al comisionado estatal de Seguridad, Alberto Capella. El legislador propuso integrar el tema en el orden del día pero fue frenado por Jaime Álvarez Cisneros, de Movimiento Ciudadano, y por Hortencia Figueroa Peralta, del PRD, quienes expusieron que el tema, por su importancia, ameritaba una discusión previa al seno de la Junta Política y de Gobierno, y que hay un compromiso de los coordinadores parlamentarios para respetar el orden del día. Con todo, se sometió a votación la decisión de integrar el tema al listado del orden del día, y con 13 votos a favor, 14 en contra y una abstención, finalmente se determinó no abordarlo en la sesión de ayer, lo que no significa que fue desechado.

6.- Otro tema puesto a debate por el PAN fue el del crédito de dos mil 800 millones de pesos aprobado en 2013 por los diputados de la legislatura pasada al gobierno de la entidad. El diputado azul Alberto Mojica dijo que hasta ahora no hay certidumbre con relación al destino de esos recursos y acusó que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización no ha cumplido los requerimientos de auditoría e información que le han hecho los propios diputados. Aludió en particular al caso de los 500 millones de pesos de ese crédito que estaban etiquetados para construir una nueva sede del Poder Legislativo y demandó que, si aparecen, se inicie de inmediato tal construcción y se contrate solamente a empresas y trabajadores morelenses. Se pondrán de moda las comparecencias.