El 8 de julio de 2013, el entonces procurador general de Justicia, Rodrigo Dorantes Salgado, recibió a varios diputados locales integrados en el famoso “G-13”, donde militaban los personajes más belicosos de la Legislatura 52. Los ínclitos legisladores quisieron demostrar dos cosas: que por haberlo nombrado en el Congreso local, ellos también eran “jefes” de Dorantes Salgado, además del gobernador de Morelos; y que “en los ámbitos ministeriales también hacemos tronar nuestros chicharrones”. Encabezados por el panista Javier Bolaños y el priista Matías Nazario Morales (ambos son actualmente diputados federales), los del “G-13” amenazaron a Dorantes de la siguiente forma: “Si en 30 días no tienes consignadas las carpetas de investigación o averiguaciones previas vinculadas a diferentes delitos cometidos por ex servidores públicos, atente a las consecuencias”.

2.- Pero del parsimonioso procurador recibieron la siguiente respuesta: “En 30 días habré de dar cuenta sobre el estado que guarda cada uno de los casos; y se judicializarán los expedientes que, una vez concluidos, procedan conforme a derecho”. Es decir: hubo presión por parte del “G-13” contra el funcionario, pero éste procedió según lo mandataba la ley. Finalmente ¿qué ocurrió? Nada, porque meses después Dorantes declaró lacónicamente que muchos de los expedientes estaban incompletos. Etcétera, etcétera. Y hasta el día de hoy los morelenses no hemos constatado el ejercicio de la acción penal en contra de la mayoría de quienes tienen expedientes abiertos en la Fiscalía Especializada en Delitos de Servidores Públicos, exceptuando a Alfredo Jaime de la Torre, ex secretario de Finanzas y Planeación del sexenio adamista (2006-2012).

3.- Así llegamos a la víspera, cuando Cuauhtémoc Blanco Bravo, en medio de la expectación generada por su simple presencia, exigió al fiscal Pérez Durón el ejercicio de la acción penal en contra del ex diputado local Manuel Martínez Garrigós y Rogelio Sánchez Gatica, quienes presidieron el Ayuntamiento cuernavacense entre 2009 y 2012. Tal como en 2012 lo hicieron Jorge Morales Barud y los responsables del área jurídica municipal cuando denunciaron a dichos personajes por presunto peculado, el “Cuau” arremetió ayer contra MMG, de quien recibió una airada respuesta a través de las redes sociales. ¿Qué pudo contestarle Pérez Durón a Blanco Bravo en privado? Sin temor a equivocarme lo mismo que le espetó Rodrigo Dorantes a los diputados locales el 8 de julio de 2013. Pérez Durón es un funcionario pragmático, con respuestas inmediatas según se lo permite la ley. Esperemos para ver y después diremos.

4.- Cambiemos de frecuencia. La sede del Poder Legislativo es una vieja construcción que no fue construida con el propósito de convertirse en edificio de actividades gubernamentales. Cuando Lauro Ortega arribó a la gubernatura en 1982, el edificio ya había sido inaugurado por su antecesor, Armando León Bejarano, para ser un teatro. Ortega cambió el destino del inmueble y determinó que se convirtiera en el Palacio Legislativo, a fin de sacar al Congreso local del primer piso del Palacio de Gobierno. A manera de broma quienes conocemos la historia del recinto parlamentario de la calle Matamoros señalamos que se construyó con la finalidad de ser el teatro de la ciudad. Aunque con el paso del tiempo derivó en la Cámara de Diputados, de todas formas sirve para presenciar espectáculos, las más de las veces degradantes, pero en alguna medida entretenidos. Lo cierto es que el edificio es poco funcional, tiene la mayor parte de su espacio ocupada por el salón de plenos y por los estacionamientos, que además ya son insuficientes, y no da cabida a que en su interior puedan operar los diputados y todos los burócratas de ese poder. Por ello el Legislativo paga la renta de dos edificios cercanos conocidos uno como Rex y otro como ISSSTE, ubicados sobre la cercana calle de Dwight Morrow, así como otras oficinas de menor tamaño. El edificio del Congreso presenta deficiencias estructurales que lo convierten en un peligro latente para la seguridad de diputados, trabajadores y visitantes. Es conocido públicamente un dictamen elaborado hace años por Protección Civil estatal, donde se señala que el edificio es inseguro, que un incendio podría consumirlo en pocos minutos, que un temblor podría derrumbarlo y que no puede ser llenado su salón de plenos pues no soportaría el peso de la gente. Lo anterior propició que unas cinco filas de la parte alta de su butaquería fueran retiradas con el propósito de no cargar peso en esa zona y ya no se convocan a cientos de personas a sus actos públicos, aunque en tiempos recientes lo hemos visto saturado de manifestantes.

5.- Es así como llegamos al día de ayer. Con bombo y platillo, la facultad de Arquitectura de la UAEM presentó ante diputados locales el proyecto de construcción de la nueva sede del Poder Legislativo de Morelos, que con un costo aproximado a los 450 millones de pesos (originalmente se disponía para ello de 425 millones) se edificará, siempre sí, en el polémico predio conocido como Rancho Colorado, sito enfrente del mercado Adolfo López Mateos, en la zona céntrica de Cuernavaca, y donde sí habrá “marchódromo”, como en algún momento quiso la legislatura anterior, y se contará con un gran salón de plenos, una torre de oficinas y una zona más para las áreas administrativas, con unos 25 mil metros cuadrados de construcción y 17 mil metros cuadrados de áreas verdes, estacionamientos y espacios públicos que incluyen una zona para eventos culturales. El director de la Facultad, Gerardo Gama Hernández, hizo la presentación del proyecto en el salón de Comisiones, al que vio pequeño. Dijo que en la nueva sede dicho escenario parlamentario será tres veces más grande y podrá ser dividido para que lo usen a la vez dos o más grupos de trabajo. La presentación ocurrió ante la presidenta de la Junta Política, Hortencia Figueroa, y los diputados Julio Espín, Francisco Santillán, Leticia Beltrán, Aristeo Rodríguez y Víctor Caballero. A ver.

6.- Pronto encontraron respuesta quienes ya echaban las campanas al vuelo por la decisión del Congreso de rechazar, por ahora, la iniciativa del gobernador Graco Ramírez para modificar el sistema estatal de pensiones. El tema es de tal trascendencia que incide en la problemática de falta de recursos por la que la UAEM estaba dispuesta a salir a las calles esta semana, en una marcha que se esperaba multitudinaria pero que por la tarde de ayer se suponía cancelada luego de que el gobernador negoció ante Hacienda federal un apoyo de 100 millones de pesos para la máxima casa de estudios morelense. A quienes festinaban la respuesta les llegó a través del secretario de Gobierno, Matías Quiroz, quien aprovechó su conferencia de prensa de ayer para enviar un mensaje a los tres poderes, a los ayuntamientos, a la UAEM y los organismos autónomos, a fin de que se dispongan a analizar con seriedad el tema de las pensiones y jubilaciones. Esto implica que el tema dista mucho de estar muerto y enterrado por el Poder Ejecutivo. A ver.