Desde hace ya muchos años uno de los acuerdos implícitos en cada negociación por el incremento en el costo de las tarifas, ha sido el de mejorar las condiciones físicas y mecánicas de cientos de unidades "chatarra" que circulan por las calles sin ninguna seguridad para los usuarios.
Y no obstante que se firman minutas y documentos a fin de conseguir sus objetivos económicos, reiteradamente se cae en incumplimiento, porque las instancias públicas no son capaces de hacerlos valer.
Ahora resulta que el director general del Transporte (DGT), Francisco Alva Meraz, acaba de declarar que se conceden cinco años más de gracia a los concesionarios para que renueven su parque vehicular obsoleto, lo cual representa una bofetada a los maltratados usuarios que parecen no significar nada para quienes desde el escritorio modifican convenios y anulan pactos que sólo muestran inconsciencia y ausencia de compromisos con la ciudadanía.
Siendo honestos, el único que desde la Secretaría de Gobierno dio un buen impulso al mejoramiento en la prestación del servicio público, particularmente el de itinerario fijo, fue el ahora diputado federal y también ex alcalde capitalino Jesús Giles Sánchez. Quienes le sucedieron, incluyendo el hoy líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Germán Castañón Galaviz, sólo hicieron de su cargo en esa dependencia una oportunidad para beneficiarse. Hay que recordar que fue uno de los artífices en la venta de permisos nuevos para taxis al término de la administración pasada.
Se aprecia que Francisco Alva llegó a acuerdos muy distintos con los permisionarios para que éstos puedan seguir operando microbuses casi en estado de desecho, y ello necesariamente debe haber sido por algo, en esos aspectos nada es gratis.
Pero además, ¿en dónde queda el cumplimiento a las normas de la nueva ley del transporte que señalan con mucha claridad que sólo se debe permitir la circulación de vehículos cuyos modelos no excedan diez años?
En muchas ocasiones se insistió en que el remedio a todos los males del sector, comenzando por el pirataje que cada día crece más, estaba precisamente en la aprobación de esa nueva ley. Hasta donde tenemos entendido, no ha pasado nada, todo sigue igual o peor con la complaciente complicidad de funcionarios públicos.
Históricamente la prestación de este servicio en el estado ha sido objeto de jugosos negocios por parte de quienes manejan la DGT; en tiempos de Riva Palacio se hablaba de entregas millonarias mensuales que iban a parar a la Presidencia del DIF estatal.
Así que en estos tiempos sería difícil imaginar las sumas económicas que se pueden obtener por compromisos y acciones complacientes con quienes encabezan poderosos grupos de transportistas y monopolios en el rubro.
Sinceramente no consideramos que este tipo de acuerdos como el de darles un plazo de cinco años más para que sustituyan unidades en descomposición, sea gratuito, sería mucha ingenuidad del director general.
Bueno, gran parte de los microbuses en mal estado portaba ya un mensaje en el que se anunciaba que "esta ruta está en procesos de sustitución". Con lo anterior, lo han retirado, porque no será necesario hacerlo.
Bueno, hoy se admite que hasta en el transporte de carga hay ya presencia de "piratas" que sin ningún permiso legal prestan servicio de acarreo, demostrando que vivimos en un entorno de anarquía en este asunto.
Pero la coyuntura es ciertamente apropiada para hacer todo tipo de negocios y en todas las ramas de la actividad gubernamental. Nos encontramos ya más allá de la mitad del sexenio, se aproximan tiempos electorales que requerirán de verdaderas fortunas económicas para aquellos políticos que quieran aspirar a cargos de elección popular.
Por lo tanto, hay que ir cargando las maletas para poder "convencer" a los electores de sufragar por ellos aunque en el desempeño de sus actividades oficiales estén defraudando a la colectividad. De ahí que tampoco suene extraño acuerdos sacados de la manga como el del transporte que es inaceptable
