Ya está tras las rejas en Atlacholoaya y se antoja que deberá ser por mucho tiempo, si se le escarba un poco a sus antecedentes, bien podría asociársele con la delincuencia organizada, porque le abrió la puerta a la maña para que mandara desde el interior del ayuntamiento, a partir de unas seis dependencias de primera línea.

Colín llevó a la bancarrota a la comuna, heredó al actual gobierno algo así como 300 millones de pesos de pasivos e incluso, conjuntamente con otro político lugareño, se les relaciona como posibles cómplices en el asesinato de la ex presidenta municipal Gisela Mota Ocampo.

Por eso es de considerar que si las instancias competentes en la impartición de justicia quieren aplicar la ley en toda su dimensión, el resto de vida que le queda al ex presidente no sería suficiente para pagar las culpas, pero de entrada, está ahí por el delito de peculado.

Por cierto, a ese respecto, no tuvo el cuidado de conducirse con precaución, porque es bastante arriesgado desviar fondos procedentes de la Federación y él lo hizo. La propia Gisela, en su carácter de diputada federal, le gestionó dineros del orden de 200 millones de pesos para distintas obras de beneficio colectivo.

Medio maquilló las cosas, de esa cantidad, a decir de quienes colaboraban con la hoy occisa, fácilmente se llevó 150 millones, invirtió acaso la cuarta parte y las obras quedaron a medio andar, aunque las declaró terminadas en su informe final, por ahí debe ser de donde vino la orden de aprehensión.

Pero ése fue sólo uno de los muchos rubros de los que echó mano, tanto para enriquecerse con el erario público, como para compartir con un poderoso grupo de mañosos que instaló a su lado y con el que lavaban fondos por millones de pesos mensuales.

Bueno, un político de esa localidad de Temixco decía que a pesar de que la ley establece que cuando una organización sindical supera los 100 afiliados, en el caso de las alcaldías, se tiene que ofrecer el servicio médico a través de una clínica gubernamental, en este caso se continúa manteniendo un contrato privado con la empresa Mega Salud, propiedad de un ex síndico municipal, y a través de ese acuerdo Colín recibía mensualmente una suma millonaria por mantener el negocio.

En este espacio le hemos venido dando seguimiento al caso Colín Nava y en su oportunidad, igualmente referimos que había datos confiables para sostener que con recursos mal habidos, el señor construyó una clínica en la ciudad de Puebla, a donde, como médico que es, pretendía instalarse una vez terminado su periodo de gobierno.

Pues en efecto, se insiste en que así es, sólo que muy poco le duró el gusto, está en la sombra y reiteramos tendrá que ser por mucho tiempo; en su caso sí existen elementos de sobra para sancionarlo por el resto de sus días. Todavía recordamos cuando, por ahí a mediados de su administración, se generó la inquietud en la mayoría de los miembros del cabildo.

Tenemos amistad con buena parte de quienes eran regidores en ese momento y en su oportunidad invitaron a quien esto escribe a una charla muy discreta, en la que mostraron temor por lo que venía pasando al interior del gobierno municipal.

Ya los mañosos manejaban el sistema de recolección de basura, porque eso les facilitaba las cosas en lo que toca a la distribución del producto, pero venían por más espacios y ellos empezaron a ser amenazados si no cedían a sus intereses.

Incluso, debido lo delicado del asunto, advirtieron al reportero que si llegaba a publicar algo sobre el caso, ellos no sabían nada, su vida estaba de por medio. No obstante la resistencia, a las pocas semanas efectivamente Colín les cedió, entre otras posiciones, la Secretaría de Finanzas, la Tesorería, la Oficialía Mayor y la Dirección General de Servicios, por citar algunas. O sea, más o menos, el 50% de las áreas importantes de la comuna las tenían los malosos de manera directa.

Por todo eso es que se aprecia que esto recién comienza y que gradualmente le irán sumando cargos a su expediente, incluyendo, como lo decíamos, el escabroso asunto del crimen de Gisela, porque ella había advertido que haría público todo el desaseo con el que se condujo Colín Nava.

Éste desde luego no estaba solo, además de la mafia, tenía el “apadrinamiento” de otro personaje, aún en activo en la política, que fue quien negoció en el 2015, el ascenso de Miguel Ángel como candidato a la presidencia municipal y le cobró cara la factura, porque se refiere que le colocó en las nóminas algo así como 200 “aviadores”, cuyo trabajo era promover electoralmente su presencia en el resto de los municipios.

Todo eso, más otras marrullerías las tenía documentadas Mota Ocampo, de ahí que cuando ganó, Colín y sus cómplices midieron el riesgo que traía detrás y habrían decidido buscar la forma de salvar el cuero, sólo que se tenía mucha tela de donde cortar y el ex edil ha empezado a pagar las facturas pendientes.

Ahora bien, como que su arresto es asimismo un mensaje a quienes como él, abusaron del ejercicio de poder municipal y del dinero del pueblo, no es el momento para llevar ante los tribunales a los demás, pero queda claro que políticamente pudieran darse consecuencias al corto plazo.

La detención de Colín estaba casi cantada, sin embargo, lo correcto sería que lo obligaran a resarcir parte de los fraudes y robos cometidos, de otra manera, el daño ante la ciudadanía no estaría reparado y son bastantes millones con los que fácilmente el gobierno en turno podría sanear las finanzas y hasta disponer de excedentes para inversión pública. Hay que esperar hacía dónde se conduce su proceso en adelante.

Ojalá que lo anterior sirva de escarmiento para muchos otros políticos y alcaldes que sin el menor recato, le meten mano a los dineros del erario para uso personal y de sus familiares y amigos.