La tarea es por demás titánica, por más esfuerzos que se hagan siempre habrá inconformidades, porque como dicen los abogados, en un proceso legal hay dos partes, una de ellas perderá y a pesar de que legalmente se demuestre el por qué del fallo en contra, difícilmente será admitido.
Pero independientemente de lo anterior, la aplicación correcta en la impartición de justicia por parte del Poder Judicial dependerá en todo momento de muchos otros factores, el fundamental, que las denuncias lleguen perfectamente documentadas y probadas, que los elementos de los probables delitos hayan cumplido con las normas vigentes en la materia y eso es lo que generalmente no se da.
El Poder Judicial en efecto puede cometer muchos errores en algunos procedimientos e incluso cargar con las culpas en casos en los que se aprecian sentencias inconsistentes, pero en buena medida, sucede así, porque los expedientes fueron mal integrados y los jueces o magistrados acaban resolviendo con base en lo que tienen.
Lo anterior es acaso una parte de los elementos que confluyen a fin de ofrecer respuestas correctas a la demanda popular en esa materia, hay más con incidencia directa, uno de ellos, la insuficiencia de recursos económicos para disponer del personal profesional en cada área, de los equipos de apoyo e incluso de los salarios acordes al desempeño de los empleados.
Como en prácticamente todo lo que tiene que ver con la función pública, hay un sinnúmero de carencias que obligan al desarrollo de tareas extras del personal disponible, las notificaciones no se dan en tiempo y forma porque se adolece de falta de vehículos para el traslado y si a lo anterior le sumamos errores y actos de corrupción que difícilmente pueden evitarse, entonces se vuelve una tarea más que imposible satisfacer a todo mundo.
Los tiempos que la Constitución establece para dar una sentencia en los conflictos legales, están lejos de cumplirse, por todas las razones arriba señaladas, las cárceles están repletas de presuntos delincuentes, que tras haber pasado tres o cuatro años privados de su libertad, los liberan por falta de pruebas y ni siquiera con un “usted perdone”.
Ciertamente que vivimos en un mundo de injusticias, en el que se imponen los intereses y el poder del dinero sobre la legalidad, pero ese es el sistema que tiene la responsabilidad de garantizar nuestros derechos y salvaguardar las libertades, lamentablemente casi siempre es lo contrario.
Pero insistimos, se hace lo que humanamente se puede, no es posible lograr milagros, el resto de las instituciones que tienen que complementar el proceso de impartición de justicia, lo decíamos, parecen estar en peores circunstancias.
Algunos profesionales del derecho hacían mención del estado de cosas al que nos enfrentamos en materia legal y de justicia y motivos para andar de cabeza sobran. Se recordaba por ejemplo, que el nuevo sistema de justicia adversarial u oral, lleva siete u ocho años de vigencia, teóricamente contempla todos los ángulos a fin de mejorar sustancialmente el objetivo.
Pero seguimos viendo la ausencia de formación de cuadros que alimenten el propósito, las corporaciones policiacas, que son las responsables de ir tras los maleantes, una vez denunciados exhiben serias deficiencias, se les imparten cursos esporádicos de dos o tres semanas, que a decir verdad son sólo para justificar el gasto orientado en ese rubro.
Con ese tiempo del nuevo sistema, es para que ya en la universidad del estado y otras instituciones de educación superior se hubieran graduado dos o tres generaciones de policías de alto nivel en la instrucción y desde luego cuadros profesionales en lo referente a la abogacía, orientada en el conocimiento de la teoría legal vigente porque los abogados en la práctica no cuentan con esas bases.
No se puede aspirar a la perfección en la aplicación de las leyes cuando se carece del conocimiento requerido para tal efecto, la absoluta mayoría de quienes tienen la responsabilidad de hacerlo no disponen de los instrumentos correctos y por eso seguimos dando palos de ciego.
Casi todos los días, a través de los diversos canales de información pública, nos damos cuenta de que lo que pasa en Morelos es sólo un reflejo del ambiente a nivel nacional. Apenas, un funcionario de primer nivel en el gobierno federal reconocía que respecto a la insuficiente formación y capacitación de agentes policiacos, hay recursos económicos pero no voluntad para cambiar las cosas.
Sí es posible aspirar a contar con una Policía más preparada, con capacidad para desarrollar tareas de investigación, que es lo que presenta mayor dificultad. Frente a delitos de suma gravedad y ante la presión social, las instancias de persecución y procuración de justicia siguen recurriendo a la tortura a fin de lograr la confesión de delitos de parte de “chivos expiatorios”, ante la imposibilidad de llegar a los verdaderos responsables.
El comportamiento de la mayoría de los agentes es prácticamente el mismo que veíamos hace cerca de 30 años, sujetos que con pistola y con garrote someten a cualquier ciudadano y lo obligan a declararse culpable de algo de lo que ni siquiera está enterado, a fin de que sus jefes puedan salir a declarar públicamente que han resuelto tal o cual caso exigido por familiares, amigos o ciudadanía en pleno.
Simplemente no es admisible que luego de tres décadas y con la evolución sin precedentes en algunos aspectos, como la tecnología en la comunicación, sigamos actuando de la misma manera, eso nos lleva a sostener que no se han hecho grandes esfuerzos por avanzar. Igual y la comparación no es muy prudente, pero aquí cerquita, al otro lado del río Bravo apreciamos cuerpos policiacos que ofrecen otra visión.
Quizás tampoco sean en ejemplo a seguir, pero sí muestran un comportamiento bastante distinto, que revela un mayor trabajo oficial para dar a sus ciudadanos un sistema más aceptable, frente a ellos nosotros seguimos en pañales.
