Como que fue la gota que derramó el vaso, porque de unos meses a la fecha se sucedieron hechos similares contra  profesionales de los medios de comunicación cuyos expedientes no parecen mostrar avances significativos y  esas posiciones de impunidad sólo alimentan los riesgos para los informadores.

Habrá que ver cuál es la respuesta concreta de las instituciones a este fenómeno creciente en México, que devuelva la posibilidad de recuperar la libertad de expresión, un derecho no sólo de quienes se dedican al trabajo informativo, sino de la sociedad en su conjunto, que debe contar con elementos apegados a la verdad en todos los temas, incluyendo el relacionado a la delincuencia de alto nivel en este país.

Hay dos grandes espacios en los que la población suele recibir verdades a medias, aquello que se relaciona con el desempeño y comportamiento de quienes la gobiernan o la “representan” a través de los poderes públicos y lo que tiene que ver con el delito, en particular, el de alto impacto.

En cualquier otro asunto se puede abundar y ofrecer pormenores lo más aproximados a la realidad, pero no en los anteriormente referidos, ahí siempre se contará con obstáculos que coartan las libertades y ese derecho constitucional a la verdad.

El motivo es muy claro: en el ejercicio del poder público se ocultan acciones continuas de personajes que se conducen con ausencia de pulcritud, decencia y ética. Utilizan el erario público para beneficio personal, familiar, de camarillas o de partido, cometiendo toda clase de delitos contra el interés público y entonces, lo más prudente es impedir a toda costa que se conozcan públicamente y si algún intruso se atreve a evidenciarlos, le puede costar la vida.

Y respecto al asunto de la delincuencia, la cosa es aún más espeluznante, porque se trata de poderosos grupos, que basan su existencia en el manejo de las armas como primer elemento para lograr sus propósitos. No atienden ya a ningún código de ética como en el pasado y además le han perdido el respeto a las autoridades, en sus tres niveles.

Las cosas se complican todavía más cuando se insiste en evidencias de complicidad entre gobernantes y maleantes, ahí entramos a una tierra de nadie, en la que se impone el poder del dinero y de la agresividad, no se aceptan contrapesos ni entre ellos.

Y como la impunidad es casi total a partir de presuntos acuerdos entre autoridades y delincuentes, pues eliminan a cualquiera que ponga en peligro el control de dichos monopolios. Es aquí donde el periodismo, obligado éticamente a cumplir su labor de informante y puente de comunicación con el pueblo, se coloca como blanco de los infractores  de la ley.

Por todo eso es que no vemos cómo logrará el gobierno federal, que finalmente es la instancia con mayor capacidad de acción, cumplir la oferta presidencial de establecer un alto a los asesinatos en esa materia. Tendría que empezar por la propia casa y advertir a todo servidor público o representante popular que cualquier acto en contra de la libre expresión será castigado, pero además, llevarlo a la práctica.

Luego, ir tras aquellos que se conducen como un poder paralelo en el país desde hace más de una década, comenzando por mostrar tal efectividad, presentando a los autores de los recientes sucesos, de otra manera no se dará credibilidad. Es algo muy difícil, pero no imposible, el gobierno en su conjunto tiene capacidad sobrada para someter a los enemigos públicos si así lo quiere, pero ese ha sido el problema, los intereses en común lo impiden, ojalá que en efecto entremos en un nuevo amanecer.

Y en lo referente a Morelos, subsisten inconformidades, ayer, un número importante de compañeros firmó un comunicado en contra de un funcionario público que vertió expresiones poco amigables sobre el gremio en sus redes sociales.

Lo que menos se necesita son funcionarios que abonen en la ruptura y el enfrentamiento público.

La sana convivencia entre un gobierno, sea municipal, estatal o federal, con los medios de información será siempre un factor que abone en la unidad a fin de lograr un esfuerzo positivo frente a los gobernados.

Pues ayer, como hace unos días, cuando decenas de comunicadores se mostraron exigentes a fin de que se investigue a fondo el asesinato en contra de Javier Valdez, volvimos a presenciar el malestar, con justa razón, porque reiteramos, es en éste momento cuando se debe tener mucho cuidado de no seguir echándole más leña al fuego. Máxime que ya hay incluso un compromiso presidencial de aplicar acciones a fin de garantizar más seguridad en el desempeño de nuestras tareas diarias.