La corrección de desperfectos en el Paso Exprés Cuernavaca sigue pendiente, el escándalo y la presión social ejercida en contra de los responsables de tales atrocidades, no han sido suficientes como para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) respondiera con congruencia y compromiso con la ciudadanía.
Los trabajos de “reparación” del socavón caminan a paso de tortuga, el compromiso de construir un puente elevado donde se registró ese mega hoyo en menos de tres meses parece otra vacilada y tomada de pelo de las autoridades, porque de aquel acontecimiento ocurrido el miércoles 12 de julio a la fecha, ya vamos para dos meses y no se aprecian avances sustanciales.
Lo habíamos previsto, si a los morelenses nos va bien, por ahí comenzando enero del 2018, quizás se entreguen los trabajos, pero lo lamentable es la actitud de esos “servidores públicos” que parecieran estar haciéndonos un favor, cuando las obras y sus ingresos corren a cargo del pago de nuestros impuestos, porque se trata de dinero del pueblo.
Luego de presionar por todas las vías legales, apenas la SCT viene aceptando el pago de una indemnización a los familiares de los fallecidos en el hoyo, los Mena, padre e hijo; pero en circunstancias obligadas, ya lo decíamos, porque voluntariamente no se hace nada, para todo nos vemos obligados a recurrir a la ley a fin de poder obtener lo que en derecho nos corresponde y ahí está un ejemplo claro.
En casos como éste, las normas son muy claras, hay una responsabilidad pública y se debe pagar sin mayores trámites, sin embargo vivimos en un entorno en el que la impunidad y la omisión son una constante y los afectados debieron recurrir a la asesoría legal a fin de que se hiciera algo de justicia.
Pero el daño no se reduce al infortunio de la pérdida de vidas; la mayoría de los morelenses fueron defraudados en el desarrollo de esa obra que debió costar en números redondos unos mil millones de pesos, pero que al final se facturó en más de dos mil 200 millones, violando las especificaciones y reglas que en la materia presupuestal existen y que entre otros términos establecen que ningún proyecto puede rebasar en un 25% su costo inicial y aquí sin embargo supera el 100% y no pasa nada.
Y ya se nos está dando “atole con el dedo” porque a pesar de que a estas alturas se debieron haber llamado a cuentas por la vía legal a muchos personajes que tuvieron injerencia directa en el suceso, todo se redujo a la separación del cargo de quien fuera el director del sector SCT-Morelos, José Luis Alarcón Ezeta; un sujeto que de entrada, no cumplía los perfiles para esa responsabilidad, porque venía de una escuela de inglés.
Pero lo mínimo que ya debió ocurrir, es haberlo presentado ante los tribunales y seguramente aplicado las sanciones que por ley corresponden y que de haber sido así, ya estaría tras las rejas. También nos adelantamos a sostener que se le apostaba al tiempo y al olvido; que de acuerdo a la posición que los culpables de todo ello mostraron, advertía que éste sería un caso más de omisión y protección a delincuentes de cuello blanco y así es.
Como gobernados, no los morelenses, todos los mexicanos somos víctimas de quienes nos gobiernan, venimos siendo burlados y engañados por aquellos en quienes confiamos para que administraran nuestros recursos, devolviéndonos parte de ellos en inversiones de bien común. Pero lo que apreciamos, es que en cada obra se busca principalmente un beneficio económico millonario a partir de proyectos sobrevaluados que acaban mostrando inaceptables actos de corrupción entre autoridades y empresas que se prestan a cualquier arreglo con tal de mejorar sus ganancias.
El Paso Exprés de la capital morelense continúa pues siendo una vialidad parcialmente utilizada, porque a pesar de que ya, luego de algunos estudios levantados al respecto se detectaron múltiples fallas e inconsistencia, no se han subsanado y sobre todo en la zona del socavón la remediación es incipiente y va para largo, con los problemas viales que todo eso representa para molestia de propios y extraños.
En reiteradas ocasiones se ha reclamado igualmente a la SCT abrir toda la vialidad al tránsito local, retirando las barreras que separan a los cuatro carriles centrales, porque es una verdadera grosería que a los morelenses nos priven de ese derecho y nadie responde, aplicando aquello de que “a chillidos de marrano, oídos de carnicero”.
Cuántas arbitrariedades tiene que sufrir el pueblo a manos de sus propias autoridades; por eso la credibilidad de las instituciones anda por el piso. Encumbrados en sus lujosas oficinas, funcionarios y representantes populares muestran frialdad absoluta a los intereses de una sociedad que no encuentra la manera de sensibilizar a aquellos que se sienten casi dioses cuando logran hacerse de espacios en el ejercicio del poder y en las estructuras burocráticas de un sistema que exhibe grandes males y que camina en sentido contrario a la sociedad a la que un día prometió llevar al progreso y al desarrollo.
Ojalá que estos tragos amargos lleven a que los mexicanos seamos más conscientes a la hora de ir a elegir a quienes, a partir de finales del año que viene, releven a los actuales en el manejo de las instituciones públicas mediante el voto en las urnas. Es una excelente oportunidad para cobrarle las facturas a todos aquellos que nos han fallado y engañado.
Si todo lo que nos pasa no se traduce en mayor consciencia y reflexión a la hora de sufragar, entonces volveremos a padecer otros seis años de agresiones y ofensas y entonces ni derecho tendremos de seguir quejándonos, porque somos incapaces de elegir con serenidad y pensando en el bien, quizás ya no de nosotros sino de nuestros descendientes, a quienes estamos heredando una nación en ruinas.
El Paso Exprés es un monumento a la corrupción, tenemos que mantener la lucha y la presión, ya que a medida que nos olvidemos de ello y permitamos la impunidad, seguiremos abonando en sucesos similares en lo futuro, por eso es indispensable seguir luchando para que los culpables sean castigados y puestos tras las rejas como corresponde en el asunto en referencia.