Es grave la denuncia que hace el periódico Reforma: el diario de circulación nacional señala que un muy alto cargo de la Policía federal destituido por incurrir en abusos  es el representante federal para las labores de reconstrucción de Jojutla y Zacatepec.

Se trata de Enrique Galindo Ceballos, quien fuera comisionado general de la Policía Federal, destituido por los abusos policiacos en que incurrió durante un operativo de desalojo en Nochixtlán, Oaxaca, que produjo ocho muertos.

Durante su gestión, la CNDH documentó que agentes federales mataron a 22 personas en Tanhuato Michoacán en mayo de 2015.

Ahora, bajo las órdenes del Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación Jorge Márquez Montes tiene a su cargo supervisar las labores de reconstrucción en dos de los municipios más afectados por el sismo.

Lo anterior refleja una falta de sensibilidad del gobierno federal, pues lo que se requiere en la zona de desastre es una persona conciliadora, que sepa entender la desesperación en la que seguramente entrarán dentro de poco los afectados, que ahora se arriesgan a ser reprimidos si ese señor sigue en el cargo, pues su trayectoria indica que sólo sabe arreglar problemas con el uso (muy excesivo) de la fuerza. 

Lo que sigue

Tras los daños provocados por el sismo del pasado 19 de septiembre se ha comenzado a evidenciar que buena parte de las normas que se aplican en materia de construcción son ya obsoletas y que es urgente hacer modificaciones profundas  para intentar por lo menos amortiguar un poco los efectos de fenómenos naturales imprevistos, como el anteriormente mencionado.

Por lo menos ya en la Ciudad de México, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera viene empujando propuestas en ese sentido, porque ha quedado claro que la mayoría de las edificaciones que se vinieron abajo con el temblor muestran deficiencias en ese sentido, ya sea porque los constructores no se apegaron a las especificaciones o porque la propia ley en la materia es flexible.

Pero lamentablemente todo eso derivó en la pérdida de cientos de vidas humanas, pero nunca es tarde para tratar de hacer correcciones a largo plazo, anticipando medidas preventivas, por lo que en un futuro pudiera volver a pasar.

En Morelos –y nos atrevemos a decir que en el resto del país-  se tienen los mismos problemas, pero además, las instancias competentes en esa materia están muy lejos de poder hacer cumplir la ley, ya sea por desinterés o porque estructuralmente no existe la capacidad para ello.

A excepción de las poblaciones mayores o las ciudades, donde  se cuenta con mayor vigilancia de parte de la autoridad, en la mayoría de los pueblos y comunidades, no se diga rancherías, cada quien construye bajo su propio riesgo y, como suele decirse  por ahí, como Dios les dio a entender.

Bueno, cualquier albañil, por principiante que sea. es quien sugiere al interesado qué materiales utilizar y en qué cantidad, porque además tampoco hay la capacidad económica como para contratar los servicios de un profesional, ya sea arquitecto o ingeniero, para desarrollar un plano con normas y especificaciones.

Baste decir que en el caso muy particular de Morelos, pocos desarrollos urbanos se construyen con base en el reglamento, el crecimiento poblacional se sigue dando de forma irregular, porque quienes tienen para ir edificando su vivienda lo hacen sin siquiera contar con la licencia respectiva del ayuntamiento.

Poblaciones de una densidad poblacional considerable adolecen de la falta de escrituras, porque se ubican en espacios comunales o ejidales,  a los que por supuesto no se les autorizó el cambio de uso de suelo de tierras de cultivo a urbano y así se comienza a vivir en el completo desorden y sin medidas de seguridad como para evitar consecuencias como las que muchos morelenses están enfrentando en estos momentos.

Hay una absoluta anarquía, pero si a lo anterior le agrega usted otros factores adversos recurrentes, como la utilización de materiales de ínfima calidad, entonces todo parece predispuesto para que en cualquier momento, ya sea por exceso de lluvia o terremotos, se sigan sufriendo hechos lamentables.

No es muy fácil hacer correcciones, porque las instancias de gobierno tampoco se distinguen por la aplicación y cumplimiento de las leyes ya vigentes, y en eso podemos hablar del rubro que a usted le guste, como en el caso de la impartición de justicia. Todo se puede conseguir con algunas monedas y de ahí que muchas disposiciones legales sean una especie de letra muerta.

Es necesario endurecer las reglas para mejorar la calidad y resistencia de la construcción, pero nadie garantiza nada en ese sentido, no estamos formados para vivir en el orden y la disciplina y a veces por necesidad e insuficiencia de recursos, actuamos al margen de la ley, con todos los riesgos que eso puede implicar.

Y es que cualquier trámite ante la autoridad, tiene un costo que no podemos pagar, todo se mueve con dinero, la corrupción deambula  por todos lados y a donde quiera que uno se asome la va a encontrar.

Desde luego que todas esas mañas las hemos aprendido de las mismas autoridades. Tenemos claros ejemplos de abuso y engaño en acciones oficiales; ahí está el paso exprés de Cuernavaca; un proyecto hecho con los pies y en el que la responsabilidad recae tanto en funcionarios públicos como en empresarios del ramo constructor.

Si quienes están ahí para cumplir y hacer cumplir las leyes y normas las violan, imagínese lo que pasa con el resto de la población. Cada quien actúa como le conviene, aunque puedan pagarse con un alto costo esos errores u omisiones. Es cierto que lo ocurrido en la entidad no tenía precedentes, nadie esperaba un golpe tan fuerte, quizás por eso nos agarró desprevenidos, pero ya hay que ponerse las pilas.

A diferencia de la capital del país, donde ya traían amargas experiencias con el sismo del 19 de septiembre de 1985, acá nos seguíamos sintiendo fuera del alcance de ese tipo de fenómenos, así como de los huracanes. Como que tampoco se daban razones para enfrentar algo inusual, pero ya ve usted, sucedió.

Ya en la capital del país se trabaja en adicionar algunas normas técnicas en materia de construcción y todas las entidades de la república deberían hacer lo propio. Estamos aún inmersos en sucesos de dolor y tristeza por los daños, sin embargo, una vez que se supere la coyuntura crítica hay que levantar la cabeza y ver hacia adelante.