Tras apretadas negociaciones y discusiones entre grupos parlamentarios locales, por fin el Congreso dio luz verde a la conformación de cuatro nuevos municipios, que no son otra cosa sino la emancipación de esos pueblos de sus respectivas cabeceras municipales.

La inconformidad de comunidades como Xoxocotla, Hueyapan, Tetelcingo o Coatetelco se comenzó a dar a partir del sentimiento de la mayoría de sus habitantes respecto a una distribución inequitativa del presupuesto. Es decir, se consideraron siempre desplazados en el disfrute de beneficios e inversiones de atención social, que daban preferencia a las cabeceras municipales, condenándolos al atraso y a la marginación.

Pero no sólo esas poblaciones antes mencionadas son las únicas que guardan resentimientos frente a sus autoridades municipales por un presunto maltrato; hay muchas más. Y no les falta razón, el centralismo mantiene fuera de oportunidades a quienes desde esos pueblos y comunidades llegan a aspirar a cargos como el de presidente municipal.

Municipios como Puente de Ixtla, Cuautla, Jantetelco, Tepoztlán o Xochitepec históricamente se han manejado en ese sentido en lo que se refiere al juego político-electoral. O sea, las cabeceras municipales se reservan el derecho de elegir a los candidatos a la alcaldía y sólo conceden a sus pueblos espacios en la fórmula a partir de regidurías y sindicaturas.

Una vez en sus respectivos cargos, los alcaldes dan toda clase de preferencias en la aplicación de los recursos públicos a quienes viven en las cabeceras, el resto de los habitantes son tratados como ciudadanos de segunda o de tercera, cuestión que viene acumulando enojo al paso de los años o décadas.

Ésta percepción no parece muy alejada de la realidad y ahí vemos a poblaciones con un alto número de habitantes como Xoxocotla o Coatetelco, con graves deficiencias en servicios públicos elementales, mientras que en torno a la sede del poder municipal se cuenta por lo menos con lo más necesario.

La centralización en las decisiones políticas, acompañada por una injusta distribución en la aplicación del dinero público, ha llevado al surgimiento de movimientos que están a punto de lograr su objetivo: convertirse en ayuntamientos, aunque no cuenten con instrumentos suficientes para garantizar éxito en ésta nueva vida institucional.

Agregar otros cuatro municipios al estado de Morelos redundará en mayores dificultades, sobre todo financieras, para todas las alcaldías, porque el techo económico disponible no difiere mucho de un año a otro y entonces la conclusión es que  en adelante habrá menos fondos para todos.

Estamos llegando a 37 presidencias municipales en el futuro cercano, cosa que complicará el tema de presupuesto, cuando lo que necesitamos como contribuyentes es menor carga burocrática. Algo similar a lo que se hizo cuando se elevó de 18 a 30 los distritos electorales locales, pero que dadas las circunstancias, obligara a un retroceso, dejándolos ahora con 20 diputaciones.

Pero, reiteramos, no tienen la culpa los reclamantes, porque los marginaron y excluyeron de la repartición del dinero, que se supone, debe ser para todos y sin distingos, y obligaron a esos territorios a rebelarse y demandar independencia y auto determinación, que ojalá no se traduzca en fracaso o más de lo mismo, porque ese es el riesgo, más si no se sabe integrar el consejo –modelo de autoridad con el que iniciarán- eligiendo a gente comprometida y honesta a la cabeza.                                                         

PASO EXPRÉS: 17 DE NOVIEMBRE, LA FECHA

En otro asunto, ateniéndonos a lo dicho por la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, durante su comparecencia ante el Congreso de la Unión, a consecuencia de lo ocurrido en el paso exprés de Cuernavaca, con el tema del socavón, a mediados de octubre pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene hasta el 17 del presente mes como plazo para dar cabal cumplimiento a 22 observaciones hechas a la obra en mención.

Incluso, en aquella ocasión aclaró que debido al terremoto que azotó a nuestra entidad el 19 de septiembre, con graves consecuencias, los términos para que la dependencia resarciera los defectos de esa inversión se habían pospuesto, porque inicialmente la fecha otorgada terminaba el 13 de octubre.

Es decir, que será en la siguiente semana cuando Comunicaciones y Transportes deba cumplir con su responsabilidad,  luego de una revisión hecha a cuatro contratos de obra que mostraron serias irregularidades, no sólo en lo referente al enorme hoyo que causó la muerte de los Mena, padre e hijo, sino de muchos puntos más que deben ser corregidos a fin de evitar cualquier otra desgracia.

A lo mejor estamos equivocados, pero francamente no vemos que realmente se venga haciendo lo necesario para dejar en buenas condiciones esa vialidad que hasta el momento sólo ha causado conflictos y quejas ciudadanas y cuyos cuatro carriles centrales seguían cerrados el sábado a la circulación vehicular.

Claro, habrá que estar muy pendientes de que la SFP haga cumplir cabalmente los términos concedidos, tanto a la dependencia federal, como a los empresarios constructores en ese, que parece haber sido un gran fraude a partir del cual se lavaron cientos de millones de pesos, porque como se recordará, el proyecto ejecutivo hablaba de una inversión, poco más, poco menos, de mil 150 millones de pesos, pero al final, la facturaron quedó en más de dos mil 200. O sea, alguien se llevó unos mil milloncitos de ahí.

No es nada novedoso pero igual y si se tratara de una obra de primerísima calidad, pues a lo mejor nadie dice nada; sólo que ésta fue hecha con los pies y entonces significa que el robo pudo ser aún mayor. Buena parte de los materiales usados eran de segunda o tercera mano.

La inauguración se llevó a cabo a principios de abril; ya estamos a punto de concluir el 2017 y aquello no muestra mejora alguna; sólo que si existe responsabilidad oficial, en unos días todo tendrá que ser entregado, pero en las condiciones que deben ser, porque la espera ha sido demasiada larga.

Es muy penoso que como sociedad sigamos siendo objeto de toda clase de engaños y atropellos a partir del mal uso de los recursos públicos. Lo destinado al paso exprés deriva de un presupuesto gubernamental logrado con base en el pago de impuestos de la ciudadanía, para nada es dinero gubernamental, ellos sólo deben administrarlo y regresarlo al pueblo, pero casi nunca es así.