La impartición de justicia no es algo de lo que los mexicanos o morelenses podamos presumir; son muchas las trabas y hasta componendas que cualquier ciudadano en busca de defender sus derechos y hasta la libertad, debe sortear a fin de poder estar a salvo de acciones injustas en su contra.

Y los obstáculos a superar pueden ser muchos, comenzando porque con una lana en la mano, cualquier persona puede hacer prosperar una denuncia y hasta orden de aprehensión, sin que exista realmente delito que perseguir. Una vez sometido a éste, tampoco es descartable que algún agente del Ministerio Público (MP) se preste para que el expediente siga su curso y desde luego, aún ya en los juzgados del Poder Judicial y sin una defensa legal, acompañada de estímulos monetarios, el asunto corre el riesgo de tomar rumbos peligrosos, si la contraparte sí echa mano de esos actos viciados.

Más o menos eso se viene denunciando hoy en lo que se refiere a un juicio, que legalmente está finiquitado, porque luego del largo litigio en las instancias competentes, en torno a la causa penal 587/2016, las partes encontraron un acuerdo, una de ellas aceptó la reparación del daño para evitarse más problemas y los presuntos afectados otorgaron el perdón.

El asunto pareciera de poca importancia, porque es un bien inmueble ubicado en CIVAC de un valor monetario de escasa valía, pero en torno a ello, se denuncia el posible tráfico de influencias y abuso de autoridad, ya que hay funcionarios del Tribunal Superior de Justicia que buscan sacar ventaja de las circunstancias.

Se trata de la titular del juzgado penal con sede en Atlacholoaya, María Teresa Reyes Espíndola, a quien se le acusa de parcialidad en la impartición de justicia, apoyada en la secretaria de acuerdos por Maricela Barrios Ríos y el oficial judicial Miguel Ángel Delgadillo. El quejoso revela que incluso han desestimado un amparo concedido por un tribunal federal.

La parte afectada ha comenzado a elaborar una denuncia para presentarla ante el Consejo de la Judicatura, en la que solicitará se investigue a los antes mencionados por el delito de tráfico de influencias. El caso, aparentemente resuelto, se complicó a partir de que el titular del inmueble, producto del conflicto, falleció y los descendientes no aceptaron los términos y exigen tres millones de pesos a fin de desistir, por un terreno con un valor inferior a 500 mil pesos.

La titular del Poder Judicial, Carmen Cuevas López, se estima, desconoce pormenores del caso y sobre todo que algunos de sus colaboradores vienen prestándose a componendas, de ahí que la intención es enterarla a fin de que proceda, dado que ella ha advertido –reiteradamente- que no permitirá actos de corrupción de nadie.

Pero como éste, hay una serie de casos similares que se multiplican y derivan en decisiones injustas de la autoridad para quienes, desde el ámbito social, acuden en busca precisamente del amparo institucional que no siempre cumple con su deber. No es exagerado decir que por delitos menores, cientos de personas son privadas de su libertad y se encuentran presas en las distintas cárceles distritales de la entidad o en el penal de Atlacholoaya.

No es nada nuevo, se calcula que conservadoramente, un 50% de la población de reos que superan más de los tres mil a nivel estatal, permanecen encerrados por una razón: no tienen dinero para pagar el servicio de algún asesor legal y, sin esa defensa, se pueden pasar años ahí a pesar de que no son culpables de lo que se les acusa o en su caso su delito no merecía más que alguna multa.

Y el día que por fin, más por cuestión de reducir costos en el mantenimiento de los penales, se les deje en libertad, no recibirán ni siquiera el “usted disculpe”, aunque hayan pasado tres o cuatro años de encierro sin deberla. Pero ni la alternancia política ha podido cambiar los escenarios en esa materia.

El comportamiento de buena parte de quienes laboran en las instituciones de “impartición de justicia” es cuestionable, llámense elementos policiacos que fabrican delincuentes por órdenes del jefe a fin de simular resolver casos graves de delito; agentes del ministerio público que por algunos pesos favorecen a consumados delincuentes no integrando correctamente las carpetas o que se prestan a afectar a inocentes si hay beneficios de quienes acusan y, finalmente jueces y demás personal de auxilio que hacen lo propio, dando vida a una cadena de corruptelas que se antoja interminable.

En el caso que nos ocupa, la magistrada presidenta del TSJ tendría que echar un vistazo directo a procesos como el antes descrito para asegurarse que el desempeño de sus subalternos no está distorsionado, abonando en desprestigio y falta de credibilidad en ese poder.

Es innegable que la sociedad se siente agraviada por tantas incongruencias que debe enfrentar en todo aquello relacionado con la seguridad e impartición de justicia. Mientras, como decíamos, muchos pagan condenas sin deberla, la mayoría de quienes debieran estar tras las rejas porque son maleantes consumados, andan libres y haciendo de las suyas.

Desde luego que todo eso no es casual, hay un origen; ellos a partir de hechos delictivos, cuentan con recursos para comprar su libertad e impunidad. No es exagerado cuando se afirma que muchos grupos delictivos de alta peligrosidad son incluso protegidos por quienes tienen la obligación de atraparlos y presentarlos ante los tribunales para que respondan por sus acciones.

Ciertamente que el nivel de preparación de nuestros policías, así como el armamento y equipo del que disponen, no son los correctos para enfrentar a monstruos de la maña que disponen de instrumentos mucho más sofisticados, pero de que saben quién es quién en el bajo mundo de la maldad, nadie lo duda.

Sólo que ellos proceden conforme a indicaciones y si la instrucción no es actuar en contra de tal o cual pandilla, pues no lo hacen, porque cualquier error o agresión de intereses de los mandos superiores, los puede llevar a ser los paganos y perder la chamba y hasta la libertad. Lo sabemos por testimonios de quienes han pasado por las filas de alguna corporación policiaca.