Luego de más de tres horas de deliberaciones y de discusiones los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Hortensia Figueroa y Fidel Demédicis calificaron el encuentro como "de decepción, porque simplemente no hay nada, mientras los ánimos se siguen calentando entre la comunidad y el grupo que ocupa la tierra".
El propio gobernador Marco Adame Castillo dijo al respecto "como es nuestra responsabilidad, estamos escuchando a las partes y a las distintas expresiones y conjuntamente con la Consejería Jurídica se propuso un plazo de 30 días para valorar la legalidad del decreto".
E hizo un llamado a la concordia y la civilidad en aras de evitar conflictos y roces entre las partes, que muestran un endurecimiento en sus posicionamientos, llegando ya a la confrontación verbal.
La inconformidad de los lugareños ha venido en incremento, porque la parte oficial viene incumpliendo acuerdos, particularmente aquel de finales del 2009, cuando aún con Jorge Morales Barud al frente de la Secretaría de Gobierno, se dio a los antorchistas como plazo para aceptar la reubicación el 32 de diciembre.
La salida de JMB de esa dependencia fue aprovechado por el actual secretario Oscar Sergio Hernández Benítez, para desconocer los convenios y dar marcha atrás.
En asamblea popular efectuada en aquella comunidad y con la presencia de Oscar Sergio y los legisladores Hortensia y Demédicis, se acordó la audiencia con el Gobernador el día de ayer, pero la demanda era que se presentara ya la anulación del decreto.
Ante ello, Hortensia y Demédicis consideraron las cosas pudieran entrar en un ambiente de tensión y de confrontación con la complacencia de las autoridades estatales.
El caso es que se han dado 30 días para presentar un dictamen a un asunto que más allá de la legalidad que pueda tener, es de carácter político y social, porque el asentamiento urbano en mención no reúne las condiciones mínimas para ser habitado, además de que viola todas las normas en materia urbana.
No obstante, la percepción de fondo en el caso que nos ocupa va en el sentido de que la acción oficial de enviar a 300 familias a esta zona obedece a una acción de castigo frente a grupos de resistencia que han mostrado divergencias históricas con la autoridad.
A finales del sexenio de Sergio Estrada Cajigal, muchos de quienes hoy conforman la comisión en contra de los antorchistas, integraron el movimiento que obligó al Gobierno estatal a cerrar el tiradero de Tetlama.
Ante la negativa de la autoridad, los contingentes bloquearon los accesos al área e impidieron la entrada de camiones hasta que se decretó el cierre.
Pero esta comunidad también fue parte del conflicto de los 13 Pueblos de la región sur, en contra de la ocupación indiscriminada de espacios territoriales para la construcción de unidades habitacionales.
Igualmente forzaron al Gobierno del estado a cancelar el proyecto residencial ya en desarrollo en el valle de la Ciénega, en el municipio de Emiliano Zapata, a pesar de que los inversionistas ya habían urbanizado el terreno y construido las casas muestra. La pérdida estimada fue de unos 90 millones de pesos.
Pero Alpuyeca fue un bastión importante a favor de los maestros durante el 2008, cuando apareció el Movimiento Magisterial de Base y fue precisamente durante esta coyuntura, cuando desde Palacio de Gobierno se financió una reacción en el pueblo para tomar la ayudantía, que se emitió el decreto de dotación de lotes a Antorcha Campesina sin darlo a conocer a la población.
Hay pues muchas señales respecto a una especie de "desquite", porque buena parte de esas acciones de resistencia social derivaron en triunfos electorales de la oposición y de rechazo al partido en el Gobierno.
El PRD apoyó en 2006 el cierre del tiradero de basura de Tetlama y con esa bandera le arrebató la presidencia municipal de Xochitepec a Acción Nacional que la mantenía desde el 2000. Hoy los perredistas han vuelto a abanderar la demanda de expulsión de antorchistas del lugar y recuperan terreno electoral.
