Decimos esto porque ayer, unas 300 personas de diversa militancia partidista, la mayoría de priistas, se presentaron ante el Congreso para interponer una demanda de juicio político en contra del gobernador Marco Adame Castillo por omisión en lo que se refiere a declaraciones en el expediente que se sigue al ex secretario de Seguridad Pública Luis Ángel Cabeza de Vaca.
También sosteníamos en análisis pasados, que esa pasividad de fuerzas políticas antagónicas al Partido Acción Nacional (PAN), en particular la tricolor, se debía al conflicto interno que traían por la indefinición en la conformación de la nueva dirigencia en el CDE.
Hace apenas unos días la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel tomó protesta al comité encabezado por Amado Orihuela y ya aparece la presión en la Cámara, que de acuerdo al testimonio de una de las figuras hegemónicas de ese instituto, "tendrá que aceptarse y valorarse, porque finalmente es una exigencia popular".
Se le recordó que difícilmente podría pasar un proceso de esta naturaleza, porque el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) está dominado por magistrados panistas, pero respondió que "no es la última instancia, en todo caso ahí está la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tendría que dar curso a la denuncia”.
No obstante, eso lo advertimos nosotros, el objetivo es llevar al jefe del Poder Ejecutivo al escándalo político, al desgaste frente al inminente inicio de la actividad preelectoral hacia el 2012.
Observamos desde diversas trincheras de la oposición ganas de ajustar cuentas con la derecha por diversos motivos, en el caso del alcalde capitalino Manuel Martínez Garrigós nadie podría negar que durante su primer año de gestión fue objeto de duras presiones y campañas de desgaste perpetradas desde las trincheras azules, ya sea de Palacio de Gobierno o de la dirigencia estatal de Acción Nacional, sin descartar acciones individuales de personajes como el senador Adrián Rivera Pérez.
Bueno, uno de sus alfiles, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Fidel Jiménez, sigue buscando la manera de obstruir el trabajo del alcalde, hoy amenaza con clausurar la obra del distribuidor vial en la glorieta a Emiliano Zapata bajo cualquier argumento.
Es decir, muy cuidadosamente se aplicaron campañas de crítica y descalificación a la administración priista capitalina sin encontrar mucha respuesta, porque la legislatura en el Congreso vivía sus peores momentos y el CDE estaba desintegrado.
Bueno, para la mayoría de legisladores de oposición queda claro que la andanada de críticas que les armaron durante meses por supuesta parálisis legislativa, venía alimentada desde algunas oficinas de Gobierno estatal y todas esas son facturas que intentarán cobrar en la recta final del sexenio.
Por otro lado, no observamos un esfuerzo efectivo del secretario de Gobierno Oscar Sergio Hernández Benítez por desmentir las declaraciones de "El Grande" en el sentido de que la delincuencia organizada utilizaba el helicóptero de Gobierno para salir del estado cuando Luis Ángel era secretario de seguridad.
Cuando se le interrogó al respecto, sólo dijo que la Procuraduría General de la República realizaba las investigaciones respectivas y en su oportunidad las daría a conocer.
Es decir, ni reconoció ni negó, sino todo lo contrario, y eso comprometió más a las instituciones locales, es hoy el elemento que están usando aquellos que exigen al recinto legislativo tomar cartas en el asunto y aceptar el juicio político por omisión.
Hay preocupación en palacio, desde luego, en cuanto conocieron de la demanda de los manifestantes en el Congreso, comenzaron a indagar cuál sería la correlación de fuerzas y el número de diputados que estaría en favor de la procedencia del juicio. Hasta donde nos quedamos, habían contabilizado unos 18 votos adversos, es decir franca mayoría. Parece que este final sexenal también será muy agitado, como lo fue el de Sergio Estrada Cajigal y el de Jorge Carrillo Olea, igualmente amenazados por juicio político.
