La propuesta de reducir la edad punible de 18 a 16 años tendrá que venir acompañada de la generación de espacios para albergar a los menores infractores que, en mayor número, irán ya a espacios compartidos con gente mayor.
Habría que valorar muy en serio estas posibles modificaciones constitucionales, para sancionar con mayor rigor a quienes bajo la ley actual aún deben ser tratados como menores, en el caso de quienes delinquen a edades menores a los 18 años.
Y sobre todo, ir más al fondo del origen del problema. Estamos viviendo tiempos inéditos en cuestiones de seguridad. Son verdaderamente increíbles los sucesos de los que venimos siendo testigos ya no a través de los medios de comunicación a grandes distancias; esto se da a la vuelta de la esquina de nuestros hogares.
La cuestión sería, ¿qué está fallando? Tal vez tampoco sea muy difícil encontrar las causas de esta descomposición y desintegración social que se ha agudizado de cuatro años a la fecha, porque fue precisamente a partir de la asunción de los poderes federales en el 2006 que comenzamos a presenciar un escenario complicado.
Una de las respuestas a esa interrogante, sin lugar a dudas, es la falta de oportunidades de empleo, un sensible descenso en la calidad de educación, la formación de las nuevas generaciones desde el nivel básico hasta el superior y también la penetración de una cultura ajena a nuestras tradiciones y manera de formar a nuestros hijos desde el seno familiar.
En especial, la televisión es un espacio que vulnera continuamente con sus contenidos agresivos lo más íntimo de los hogares sin que las instituciones que tienen la responsabilidad de regular y sancionar los excesos hagan nada por corregirlo.
Son pues muchas razones las que tienen que ver con todo lo que está aconteciendo y que nos llevan a la pérdida de valores y del respeto mutuo entre mexicanos, morelenses.
El caso es que frente a casos tan escandalosos y a su vez dolorosos, como el del famoso niño "Ponchis", se ha considerado modificar la ley para que a partir de los 16 años los adolescentes tengan ya un trato de mayores de edad y en ese sentido enfrentar todo el rigor de la ley en caso de que cometan delitos graves.
No obstante, reiteramos, no ha de ser con más armas, policías y centros de reclusión como se logrará detener esta avanzada delictiva; son las erráticas acciones gubernamentales, las políticas económicas nacionales inadecuadas las que provocan toda esta perversidad.
La insuficiencia de espacios de empleo, los bajos ingresos de los mismos, acompañados de los argumentos que líneas arriba señalábamos son los factores que terminan en niños abandonados y despreciados desde el seno familiar.
Esa insuficiencia de recursos lleva a las parejas al rompimiento por la impotencia de no poder llevar a casa lo necesario para que la familia pueda resolver sus necesidades más urgentes.
Los menores son prácticamente abandonados a su suerte; en el mejor de los casos, quedan solos en casa porque la madre o el padre tiene que salir a ganarse la vida de la manera que sea, y no cuentan con una orientación adecuada ni el acompañamiento necesario para ser personas de bien.
Pero reiteramos, por el camino que vamos requerimos de ampliar y multiplicar los centros penitenciarios, porque los actuales, por grandes que sean, están ya sobrepoblados con tantos internos.
En el caso muy particular de Morelos, el de Atlacholoaya está diseñado para dar cabida a unos dos mil 500 presos; cuenta con más de tres mil. Ya no puede cumplir con los mínimos requerimientos para intentar la readaptación, pero cada vez los delincuentes son más y hay que pensar en otras edificaciones.
Es un círculo vicioso, un callejón sin salida derivado de una débil economía y escaso desarrollo ante un crecimiento poblacional incesante que no encuentra satisfactores, amén de que tampoco existen los espacios de deporte, cultura y recreación suficientes para que niños, jóvenes y adultos tengan donde convivir y eviten los bares, cantinas y demás modalidades de perversión desde donde se cultivan las malas costumbres.
