Grupos de permisionarios de la región oriente bloquearon ya en dos ocasiones los accesos a Casa Morelos obligando al gobernador Marco Adame Castillo a despachar en sitios alternos, porque tampoco en Palacio de Gobierno ha estado atendiendo.

El pasado 20 de los corrientes, algunos de los pocos funcionarios que acuden a sus despachos confiaron al reportero que "tenemos audiencia con el mandatario, pero es muy lejos, porque Casa Morelos está tomada".

El asunto es que la falta de soluciones a los múltiples conflictos que hace años afectan a los transportistas empuja a éstos a tomar decisiones más drásticas, porque ciertamente sólo los gritos y los sombrerazos parecen despertar a algunos funcionarios que son incompetentes o tienen compromisos inconfesables como para no actuar.

Y tampoco se trata de problemas nuevos; son los de toda la vida: la presencia casi creciente de los llamados "piratas" que prestan el servicio sin contar con licencia para ello o los irregulares que por alguna razón no tienen sus documentos en regla y a pesar de ello circulan sin ninguna restricción. Por lo menos eso parece, ante el enojo de los regulares que ven disminuir sus ingresos.

Claro, otros factores como la invasión de derroteros se suma a las controversias, pero son aspectos largamente tratados y en verdad la gente se cansa de dar mil vueltas para recibir excusas y explicaciones en lugar de acciones.

Las inconformidades vienen en aumento. Alva Meraz pareciera estar por momentos acorralado y no precisamente porque se quede atrapado en los bloqueos, sino porque no encuentra salida a sus ineptitudes.

Ojalá nos equivoquemos, pero el sistema del transporte público en Morelos parece seguir siendo una verdadera mina de oro para quienes manejan la dirección estatal respectiva. No se puede entender cómo cientos, tal vez miles de unidades "piratas" circulan por todos lados prestando un servicio para el que no tienen permiso.

Lo menos que se puede pensar es que hay complicidad y omisión de inspectores y funcionarios de nivel mayor en la dependencia a cargo de Francisco Alva, o ¿Acaso son incapaces de poner algún remedio?

En reiteradas ocasiones escuchamos expresiones poco amables de los funcionarios hacia quienes exigen respuesta a sus necesidades. Pero lo cierto es que no tienen razón; dejan crecer tanto los conflictos que orillan al ciudadano a echar mano de cualquier cosa para que se muevan.

Ya ve lo que pasó con los habitantes de Tetela del Volcán; debieron llegar hasta la apertura forzada de las rejas de Palacio para acelerar alguna solución a sus diferencias por el agua con Hueyapan.

Bueno, en la comunidad de Alpuyeca siguen esperando que el gobierno cumpla un acuerdo que firmó todavía cuando Jorge Morales Barud era secretario de Gobierno, en el que se comprometía a buscar reubicación a los antorchistas que ocupan un predio en esa región. Es el momento que no se da y por el contrario parece que la autoridad está apoyando a los invasores con todo.

Lo menos que se puede esperar es que un día de éstos se armen de valor como los de Tetela, pidan el apoyo de otros pueblos vecinos y vengan a sacar de sus oficinas a los funcionarios que están jugando con sus sentimientos.

El conflicto en El Texcal es igualmente similar. Son años de espera y peticiones de los ejidatarios, lugareños y comuneros que reclaman con toda razón el desalojo de cientos de familias que simplemente se fueron apoderando de terrenos en un espacio restringido por ser reserva ecológica. Pero no hay quien aplique el estado de derecho, las instituciones de justicia no entregan la orden para sacar a quienes no tienen ninguna razón para estar ahí. Es un foco rojo cada vez más intenso.

Así nos podemos seguir con omisiones y debilidades como la de Francisco Alva y no terminaríamos, pero con mayor frecuencia son los "servidores públicos" los que no hacen su chamba o conciertan parte de sus facultades en un negocio para sus bolsillos y un atropello al ciudadano.