No se puede negar que las autoridades estatales y sobre todo las federales mostraron que cuando hay interés por resolver algunos crímenes se puede llegar al corto plazo a concretar el objetivo, pero queda claro que en el asunto que nos ocupa se respondió a las presiones multitudinarias, a la crítica permanente y los reclamos.

Pero no se nos debe olvidar que en el estado, durante meses, enfrentamos un clima verdaderamente de excepción en materia de inseguridad con ejecuciones múltiples prácticamente a diario.

Son cerca de 300 las bajas en ese sentido y nunca vimos que las instancias "competentes" hicieran lo conducente para esclarecer los sucesos, por un lado y atrapar a los responsables por el otro.

Las leyes son muy claras, hay delitos que se persiguen de oficio y el asesinato es uno de ellos, ¿porque se tiene que llegar a la exigencia para que se actúe?, no hay una impartición de justicia correcta, son cientos de familias agraviadas, tanto como el señor Javier Sicilia, a las que nunca se les hizo caso.

Pero no solo eso, al amparo de la confusión se estuvieron cometiendo delitos por parte de las mismas autoridades responsables de velar por la seguridad y tranquilidad social.

Hay presunciones de casos de persecución en los que no se ha probado responsabilidad alguna y sin embargo se mantiene a los desafortunados en privación de su libertad.

Uno de estos es el de la detención de seis supuestos delincuentes en Xochitepec, a los que acusaron de haber sido miembros de una banda denominada "los hoteleros". Allí se llevaron a personas muy honorables, que en su vida han cometido un agravio a nadie y los tienen encerrados en Atlacholoaya.

Bueno, ya los abogados demostraron que no hay delito que perseguir porque los acusadores son las autoridades y no han presentado una sola prueba de sus dichos, pero no se les dicta la libertad.

Existe pues una verdadera descomposición en esto de la impartición de justicia, persecución del delito y la seguridad, independientemente de tratarse de un jugoso negocio, se cometen atropellos y agresiones múltiples sin que nadie ponga orden en la casa.

En lo que corresponde al caso Xochitepec, el asunto viene por añejos agravios de quienes en su oportunidad fueron parte de un movimiento popular que obligó al gobierno estatal a cerrar el tiradero de basura de Tetlama. Igualmente participaron en la lucha de los 13 pueblos y luego formaron parte de aquellas multitudinarias protestas del movimiento magisterial de base.

Como en aquellos viejos tiempos del autoritarismo gubernamental, los archivos secretos que el Gobierno integra a partir de la Secretaría de Gobernación y sus similares en los estados siguen funcionando muy bien, a fin de eliminar a enemigos políticos o, como suelen llamarlos, "agitadores sociales" que van en contra de sus intereses.

Pero ese no es el único caso, aún no logran comprobar la responsabilidad de Juan Bosco Castañeda, el ex jefe policiaco de Cuernavaca que detuvieron, primero, porque un supuesto sicario decía que le daba dinero. Cuando se les cayó la versión, recurrieron a la presunta portación de arma prohibida, ya que el chiste era encerrarlo.

En lo que se refiere a este caso en particular, estaríamos ante la perversa idea de hacerle daño a la imagen del presidente municipal de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, por sus aspiraciones políticas.

Ojalá que en breve sustenten los señalamientos, de otra manera estaríamos ante evidencias claras de que el régimen sigue generando "chivos expiatorios" para salvaguardar intereses de grupos incrustados en el poder público o beneficiar tendencias partidistas.

Los mecanismos utilizados en la culpabilidad de estas detenciones de dudosa legalidad, es la misma de toda la vida, la tortura, en el caso de uno de los presos de la "banda de Xochitepec", hasta el Ministerio Público participó, cuando el agredido seguía negando ser delincuente, le advirtió que sólo tenía dos caminos, confesarse culpable, o atenerse a las consecuencias, aclarándole que el Ejército podría con facilidad desaparecerlo. Esa es la investigación que practican nuestras corporaciones policiacas para resolver la mayoría de los delitos.