En los últimos días ha tomado fuerza un reclamo social que tiene que ver con una serie de ilícitos en el manejo de las ventas en las cooperativas escolares, la exigencia de cuotas a los padres, condicionadas a la reinscripción de los alumnos, y del desvío de recursos, productos de las parcelas escolares.
Bueno, en una escuela de Tlaltizapán, de acuerdo a la denuncia de quejosos, el director de la primaria falsificó la firma del tesorero de la asociación de padres de familia para depositar en su cuenta personal unos 300 mil pesos que le dio el ingenio azucarero de Zacatepec por concepto de liquidación en la producción de caña en la parcela escolar.
Sucede que el profesor ya se gastó la mayor parte del dinero que no le pertenecía, pero que malamente se embolsó. Se percibe incluso complacencia de sus superiores, porque ante tales atrocidades los paterfamilias pidieron al director general del Instituto Estatal de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Felipe Sedano Reynoso, e incluso al secretario Alejandro Pacheco Gómez, iniciar la denuncia con base en los hechos y se han negado, es decir, lo vienen protegiendo.
Más aún, por el contrario, a través de los jefes de zona e inspectores, amenazaron a los denunciantes con cerrar la escuela si "seguían con su grilla". Este es el colmo de las desvergüenzas. Lejos de buscar por lo menos castigo contra quien de la manera más descarada robó el dinero de la escuela, tratan de acallar las voces.
No es caso único. En otro plantel, se les solicitó a los padres una cooperación de 350 pesos con el argumento de que son para mantenimiento escolar, pero cuando se necesita realizar trabajos de limpia o de mejora general, se les obliga a desarrollar los trabajos y con la advertencia de que quien no asista, tendrá que pagar una especie de multa de 150 pesos, ¿y los 350 pesos entregados para el mantenimiento en qué se usaron?
Desde el Congreso local se dispuso cancelar en definitiva el cobro de cuotas en el ingreso de cada año escolar y se acordó la entrega de cierta cantidad económica de parte del IEBEM por cada alumno, para sustituir esa ausencia de dinero.
El caso es que buena parte de directores de escuelas lo están manejando por encima de las asociaciones de padres de familia argumentando que es un recurso que va directo.
Es decir, no rinden cuentas a la asamblea general y todo esto es una violación a las disposiciones y normas establecidas en esta materia, pero quienes tienen la obligación de poner orden parecieran estar en una actitud de complicidad.
Todo dinero que entra a una escuela y que tiene alguna relación con los alumnos, debe ser manejado por la asociación de padres y su uso aclarado en asamblea general; sin embargo, difícilmente se da cuenta de los ingresos anuales derivados de las ventas en las cooperativas. La dirección sólo entrega determinada cantidad a cada maestro a fin del año escolar para que la distribuya equitativamente a los niños, pero nadie sabe cuál fue el monto total logrado y, sobre todo, a qué se destinó.
Pero esta actitud complaciente de los funcionarios de primer nivel es lo que está alimentando la comisión de delitos en todo el sector de educación básica. Hay impotencia de los padres porque sus señalamientos son ignorados.
En buena parte de los espacios educativos, los directores manejan la institución como patrimonio personal, inducen la elección de un comité de padres de familia a modo para poder dirigir sus acciones.
Por eso, las arbitrariedades y los vicios se multiplican sin que se observe alguna señal de intervención de la Dirección General del IEBEM o de la Secretaría de Educación, que finalmente son complementarias.
Pero progresivamente este desafortunado fenómeno se convierte en denuncia pública y seguramente las instancias superiores se verán obligadas a responder para no evidenciar que son parte de un enorme negocio que en su conjunto debe generar muchos millones de pesos que deben alcanzar a todos los niveles.
