Queda muy claro que quienes resultan reprobados en estas pruebas deben ser dados de baja, de otra manera no tendría sentido esa medida, pero en Morelos hay alcaldes que se niegan a proceder, siendo parte de la misma sospecha de complicidad.

En esta situación se encuentran los ediles de Coatlán del Río y Puente de Ixtla, la decisión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a sido la de enviar los expedientes a la federación, para que se tomen las determinaciones que en ley correspondan.

Y es que de continuar manteniendo a esos elementos a pesar de haber salido positivos en el examen, se tendría que proceder en contra de los responsables superiores, es decir de los presidentes municipales.

Ya sabemos que un considerable porcentaje de dichos exámenes acaba siendo poco confiable, hay muchos que han superado esta prueba y a la postre son sorprendidos con compromisos con la delincuencia organizada, sin embargo hay que apostarle a todo lo que abone en la depuración de las fuerzas del orden público, aunque a veces se antoja una tarea casi imposible de lograr.

La insuficiente capacidad, tanto estatal como municipal, para enfrentar con éxito la prevención y del delito, está dejando amplios espacios descubiertos que son aprovechados por los enemigos sociales para hacer de las suyas.

El delegado municipal de Xoxocotla, Juan López Palacios, da fe de la desafortunada transformación en el entorno de una comunidad indígena que destacó por la preservación de sus usos y costumbres, de la defensa de una cultura ancestral y que hoy es azotada por todo tipo de delitos.

El mayor problema de esta población, por cierto perteneciente a Puente de Ixtla, es que la Policía Municipal no es confiable ni suficiente, está concentrada casi al 100 por ciento en la cabecera municipal y las ayudantías se encuentran abandonadas.

Y las consecuencias son desafortunadas, en esos pueblos quietos como Xoxocotla, el pandillerismo, consumo de drogas, robo, y secuestro es un fenómeno cotidiano como en cualquier otra comunidad.

Lo que el delegado decía es que se viene secuestrando a menores, por los cuales se piden rescates de 20 mil o 30 mil pesos, es decir por maleantes de poca estatura que tienen espantada a la población.

Ya incluso se está considerando la toma de la carretera Alpuyeca-Jojutla para presionar al estado y al municipio, a fin de que proporcionen herramientas y equipo para combatir la delincuencia.

Y mientras en los más altos niveles de autoridad -lo vimos durante el desfile de las fiestas patrias- se presume de sofisticados instrumentos y armas para el combate a los grupos del delito organizado, en la vida real los ciudadanos se están viendo obligados a reproducir prácticas ancestrales para poder contener toda una oleada de maldad.

¿Como cuáles? pues se organizan rondines en grupos de vecinos que, por cuadra, establecen vigilancia especialmente durante la mayor parte de la noche, para intentar inhibir cualquier hecho como los antes señalados.

Ciertamente que por encima de sofisticadas armas, vehículos y adiestrados elementos, si el pueblo no se organiza, difícilmente podrá recuperar la tranquilidad y paz de la que alguna vez gozó.

Y como decíamos, aún esos capacitados cuadros policíacos, dotados de tecnología de punta son susceptibles de corrupción y complicidad con los delincuentes, de ejemplos están atiborrados los medios informativos casi a diario.

Pero si a ello le agregamos el hecho de que algunas autoridades se niegan a acatar las reglas y las leyes en materia de seguridad, entonces no tenemos salida y estaremos cada vez peor.

Claro, los exámenes incluyen a funcionarios policíacos de primerísimo nivel, porque la experiencia nos ha enseñado que la mayor parte de la corrupción y perversión de los agentes policíacos se da a partir de jefes ligados con la mafia que les exigen un porcentaje de sus tropelías.

Ahí tenemos aún presos a dos ex funcionarios del ramo, José Agustín Montiel López del sexenio de Sergio Estrada y a Luis Ángel Cabeza de Vaca del Gobierno actual, no han logrado probar su inocencia de los cargos que les imputan, colusión con delincuencia organizada.