La verdad es que la población adolece de instrumentos para hacer valer sus derechos cuando no es atendida correctamente, ya sea en consultorios particulares o en instituciones de salud públicas, el marco legal actual contempla como punibles diversas fallas que se intenta subsanar con esta reforma local.
El argumento de los doctores es que en buena parte de las quejas públicas, el origen de las inconformidades es producto de insuficiencia de instrumentos y equipo, e incluso por desconocimiento, pudiera ser, sin embargo sí tenemos testimonios de negligencia que nada tienen que ver con esos factores y que es cuestión de actitudes y de voluntad en la prestación de servicio a la población abierta.
Quien esto escribe vivió un caso que en estricto apego a derecho, debió terminar en una demanda ante las instancias competentes por negativa del personal en el hospital Meana San Román de Jojutla, porque aún conociendo la gravedad del caso, enviaron al paciente a casa prácticamente a morir.
Era un golpe en el cerebro, con un derrame cerebral, al día siguiente de los hechos, sin haber iniciado el tratamiento para lograr la curación, lo dieron de alta con un paracetamol como receta.
Aquí no podía argumentarse siquiera desconocimiento de la gravedad del problema, porque un traumatólogo especialista del hospital G. Parres, tras una breve revisión, ordenó todo un tratamiento acompañado de hospitalización que fue pasado por alto. ¿No es este un caso de negligencia?
Pero casos como este se repiten todos los días, especialmente en las clínicas, hospitales y centros de salud del estado y no hay instrumentos legales para por lo menos obligar a una conducta más responsable de los galenos ante sus pacientes.
La deficiente atención muchos la hemos padecido en las instituciones públicas como derechohabientes, necesita ir prácticamente moribundo para que le hagan caso y ni siquiera es por exceso de trabajo, simplemente no les interesa cumplir con su responsabilidad.
Será lamentable que el Congreso local de marcha atrás y abrogue los artículos relacionados con la sanción a la negligencia médica, como ya se le prometió a los quejosos, regresando el contenido del texto anterior, porque sí se requiere que esos profesionales de la medicina, como en cualquier otra actividad en la prestación de servicios, tengan un castigo cuando conscientemente provocan desgracias en cuestiones de salud de una persona.
Lo malo es que ya desde el Gobierno estatal se les ofreció una contra propuesta para revertir el contenido de la ley aprobada en el Congreso local, quizás en busca de no entrar en controversia con quienes se oponen, pero con eso se está dando la espalda a un pueblo que sigue siendo víctima de muchos errores y omisiones voluntarias.
Tampoco estamos acusando a todos los médicos, nos consta que hay verdaderos profesionales que hacen hasta lo imposible por sanar a un enfermo, así esté en fase terminal.
Consideramos incluso que son la mayoría, sin embargo, siempre hay aquellos que optaron por la medicina sin tener realmente la vocación y el amor por la profesión y son los que representan el lado negativo.
En sesión ordinaria, entrando la semana, el Poder Legislativo abordará el asunto, hay contradicciones entre algunos diputados, los que consideran injustificable echar para atrás la reforma y aquellos que tal vez por cuestiones políticas han ofrecido ya complacer a los quejosos.
Se encuentran en una situación incómoda, ya tienen encima el conflicto derivado de la modernización del tianguis de Temixco, cuyos comerciantes se mantienen en el Congreso hasta que los complazcan y ahora enfrentar la protesta de los doctores como que sería muy desafortunado, sin embargo deberían rescatar algo de lo modificado en bien de los pacientes.
¿Por qué no se le consulta a la sociedad al respecto?, sería interesante conocer el punto de vista popular, de quienes se enfrentan a una serie de obstáculos para poder recibir la atención a la que por ley tienen derecho, porque esa propuesta es unilateral y sólo defiende el punto de vista de un sector que como profesional tendría que ser responsable de sus actos.