Ello es así porque a decir de los líderes de esos gremios, hay quienes sin haber cumplido los años suficientes de trabajo y con base en documentos falsos en cuestión de antigüedad o plazas prestadas, logran sindicalizarse con ingresos hasta de 90 mil pesos.

Usted sabe que hay muchas formas de lograr pasar por encima de la ley y más si se cuenta con la complicidad de las autoridades en turno, que con facilidad conceden documentos y pruebas apócrifas de años de labor en las estructuras de los tres niveles de gobierno.

La absoluta mayoría de los jubilados y pensionados, quizás 95 por ciento, recibe apoyos económicos en promedio de cuatro o cinco mil pesos al mes, pero hay una lista de iluminados que lo hacen en razón de 40 a 90 mil pesos.

Imagínese la diferencia por ejemplo a la hora de recibir los tres meses de aguinaldo; aquéllos andan en alrededor de los 12 mil pesos, pero los otros hasta en 270 mil. Es ciertamente algo injusto.

Todo eso llevó a algunos grupos a buscar la elaboración de una iniciativa que pusiera topes, es decir, que nadie se pueda jubilar con más de 40 mil pesos mensuales, por ejemplo, y reciba como aguinaldo unos 60 mil pesos como tope.

La cosa no está del todo mal, porque más o menos en esos términos fue presentada la propuesta. No obstante, aquéllos que se sintieron agredidos en sus intereses vienen reaccionando en contra y hoy la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo llamó a una marcha de El Calvario hacia el Congreso para repudiar el intento de reforma.

Claro, se entiende que de llegar a ser aprobada, la nueva ley no se podrá aplicar retroactivamente, es decir, que quienes se jubilen antes de ella con altos salarios podrán seguir disfrutando de la abundancia como siempre, pero quienes lo hagan a partir de las modificaciones ya deberán sufrir esos topes.

Como en cualquier modificación que toca asuntos laborales, ésta provocó la reacción encontrada de grupos sindicales, unos a favor, otros en contra. Sin embargo, será lamentable que se quede en el camino, porque en efecto urge encontrar una solución a las jubilaciones y pensiones. Llegará el momento en que ningún presupuesto será suficiente para poder pagarle a un gremio creciente.

Los autores de esta propuesta son los legisladores locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rabindranath Salazar Solorio y Hortencia Figueroa, y curiosamente quien va con todo en su contra es su compañero de bancada, Fidel Demédicis Hidalgo.

Bueno, hay algunos comentarios en el sentido de que desde el Palacio de Gobierno se "sugirió" a los diputados echar a caminar la reforma, que es del interés del Ejecutivo el asunto, aunque no quieren que ello se haga evidente por las reacciones que pudiera provocar.

Independientemente de que prospere o no dicha iniciativa, reiteramos que a los mismos jubilados les conviene encontrar una solución a fin de garantizar a mediano y largo plazo la existencia de recursos públicos para tal efecto.

Ya en la actual administración se intentó la integración de un fideicomiso de jubilados y pensionados, que tampoco fue aceptado por los sindicalizados, tanto activos como en retiro, porque a su juicio afectaba prestaciones históricas. Por ejemplo, proponía la jubilación de los hombres a los 35 años, las mujeres a los 30, y por edad avanzada, en lugar de 60 años, los 65.

El caso es que ese documento elaborado por el ex director general del Instituto de Crédito y actual subsecretario de Ingresos, Óscar Cano Mondragón, se fue a la congeladora, parece que de manera definitiva.

Por lo pronto, los diputados llamaron a un periodo extraordinario de sesiones para abordar el tema, pero nunca se dio apertura del mismo. El protocolo incumplió las normas internas del Congreso, así que deberán intentarlo de nuevo o de lo contrario cualquier determinación que emitan sería sin sustento y podría ser combatida en procesos. Por lo pronto, algunos sindicatos intentarán echar abajo el intento con marchas y protestas públicas como ya es costumbre.