Históricamente así se concebían los finales de cada gobierno; eran actos de rapiña y heredaban a los sucesores, en presidencias municipales o del gobierno estatal, sólo deudas y pendientes por resolver. Bueno, hasta el papel se llevaban.
Ayer, durante la firma de convenio del gobierno estatal con la Secretaría de la Función Pública, el jefe del Poder Ejecutivo estatal, Marco Adame Castillo, y el titular de esa dependencia, Rafael Morgan Ríos, por lo menos a nivel de discurso se fueron recios contra la corrupción.
Adame Castillo de plano dijo que "eso de que aquél que no hace tranza no avanza y lo del año de Hidalgo, es cosa del pasado. Hoy se aplicará todo el peso de la ley en contra de quien cometa algún acto de corrupción".
También el funcionario federal hizo algunas advertencias, aunque aclaró que "no nos interesa andar correteando corruptos, más bien evitar los actos de corrupción".
Hay que reconocer que por lo menos en lo que va de estos más de cinco años, no se han presentado casos muy destacados en materia de corrupción. Aunque queda la duda de observaciones y presuntos excesos de personajes que iniciaron con este gobierno, como quien fuera coordinador de asesores y de comunicación política, Javier López Sánchez.
Mucho se insistió en que el señor se enriqueció apresuradamente y que abrió negocios de alto nivel como franquicias de la cadena Deportes Martí, sólo por citar un ejemplo. Sin embargo, nunca se profundizó en ello.
Bueno, ahí está el caso del ex director general de Protección Civil, Daniel Hernández Barenque, que finalmente fue inhabilitado por diversas irregularidades y entonces se llegó a la aplicación de la ley.
Pero ya a estas alturas se podría comenzar a ver con más precisión por dónde pudieran presentarse algunas inconveniencias de final de sexenio en materia de corrupción.
Hay una permanente sospecha respecto a la forma y método cómo se está "trabajando" en la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, a cargo de Rey David Olguín Rosas.
Lo menos que se afirma y de parte de algunos proveedores es que los contratos de compra de insumos oficiales son asignados bajo el tradicional mecanismo de la entrega del "diezmo".
Es por ello que siempre han sido empresas de corte nacional las que acaparan convenios de entrega de uniformes, por ejemplo, cuyo rubro demanda una buena erogación, porque estamos hablando de corporaciones policiacas y del sector salud, que representan miles de trabajadores.
Pero el rubro de mantenimiento vehicular es otro espacio donde se afirma que Rey David está haciendo el gran negocio; es uno o dos talleres mecánicos los que se llevan todo el trabajo de reparación y hay meses en los que la facturación puede alcanzar los tres millones de pesos.
Así que si la Contraloría General de Gobierno en verdad quiere mostrar que cumple con su responsabilidad, debería investigar a profundidad todo lo que está pasando en Gestión e Innovación; de otra manera, entenderíamos que sólo se trata de maquillar las cosas.
Desde luego que el sistema penitenciario es otro gran espacio donde se aprecian serias irregularidades, específicamente en el reclusorio de Atlacholoaya, donde se concentra al mayor número de internos. Es donde se habla de jugosos negocios que tienen que ver con la introducción de bebidas embriagantes y estupefacientes, todo controlado por un autogobierno del que se niega su existencia, mientras que desde el interior algunos reos dan fe del mismo.
Este grupo privilegiado es el encargado de hacer los cobros correspondientes a los involucrados en ese enorme negocio y dar cuentas a la autoridad formal que por lo menos en el pasado derramaba beneficios hacia escalas superiores de la administración.
Entonces hay que estar pendientes de lo que de ahora en adelante ocurra en diversos espacios de la actividad oficial, porque la promesa es llegar a una entrega de total transparencia a quien recibe el cargo de gobernador el próximo primero de octubre de este mismo año.
