El novedoso experimento continúa en eso, un experimento que no logra convencer a nadie, porque la sociedad continúa siendo víctima de todo tipo de tropelías y por el contrario hoy más que nunca vivimos a merced del hampa sin que autoridad alguna pueda defendernos como sociedad.

Estos dizque nuevos esquemas, mediante los cuales se pretende -por lo menos ese ha sido el compromiso- reducir los tiempos de los procesos legales en las instituciones competentes y los tribunales, a fin de que aquellos que sean sometidos a los mismos, sean absueltos o sentenciados conforme lo establece la constitución, pero tampoco hay ninguna transformación notable.

Pero nos queda bastante claro que entre los obstáculos a vencer para poder lograr avances en esos conceptos novedosos, se encuentra la corrupción en todos los niveles, persisten las prácticas amañadas y la distorsión de elementos en la aportación de pruebas, pérdida de expedientes y dilación de resultados a gusto de quienes tienen la posibilidad de comprar conciencias.

En nada han cambiado las cosas, más aún, estamos más mal que antes, por lo menos esa es la percepción colectiva. La ola de violencia sigue cobrando vidas humanas, sin que nadie levante la mano para poner un hasta aquí de tanta arbitrariedad y maldad.

Hace mucho tiempo que nos robaron la tranquilidad y la seguridad, el Gobierno en sus tres poderes y niveles se ha mostrado indiferente ante lo que sigue ocurriendo, la muerte de inocentes de esta interminable pesadilla es continua, no observamos cuando pueda terminar.

Los responsables de aplicar la “justicia alternativa” no hicieron lo que les correspondía, ni siquiera se capacitó al personal responsable de empezar a poner en práctica este esquema, en la mayoría de los casos lo que se hace es no atender las quejas ni levantar las denuncias para no meterse en enredos, cuando se suponía que esto sería más ágil.

Eso de que “nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario” es una auténtica jalada, seguimos con las cárceles llenas de inocentes, porque los que deben estar tras las rejas, cuentan con facilidades para evadir la aplicación de la Ley con el aval de los responsables de las instituciones competentes en esa materia.

Comerciantes, empresarios y ciudadanos en particular exigieron la aplicación del operativo “Morelos Seguro” pensando que con eso se terminarían nuestros males y por el momento resultó contra producente, el nivel de violencia se incrementó y la interrogante de los agraviados es ¿cuál podrá ser la solución ahora?, sí que estamos en medio de un gran problema.

Ahora bien, ¿son estos recientes hechos de sangre consecuencia misma del operativo Morelos Seguro?, cuál es realmente el papel que vienen a desarrollar los cuerpos de seguridad de nivel federal, incluyendo al Ejército Mexicano.

Suponemos que deben llevar por delante un esquema de investigación a fin de dar golpes certeros y no palos de ciego, como da la impresión. No obstante, si fuera así, no tendrían porqué sacrificarse vidas de inocentes, menores de edad que nada tienen que ver con cualquier delito que cometan los adultos, así sean sus familiares.

Porque se ha llegado a reflexionar respecto a acciones drásticas de las fuerzas armadas en contra de quienes andan en malos pasos, incluso se especuló sobre la existencia de escuadrones de la muerte a fin de eliminar de tajo todo indicio de delito organizado.

Sin embargo, tampoco percibimos ese rastreo informativo que debe ser estratégico para poder llegar al fondo del problema, es decir, ir al desmantelamiento de bandas y grupos delincuenciales que se multiplican por todos lados.

Cierto, algunos antecedentes de la puesta en práctica del Operativo México Seguro en otras entidades del país, muestran que la reacción derivaba en mayor incidencia de delitos graves, como una manifestación de los enemigos públicos de que no les atemoriza nada, sin embargo, al paso del tiempo se llegaba al efecto cucaracha, es decir, tras intentar resistir, los mafiosos acababan huyendo de ese territorio y buscando protección en otro.

Sabemos que este tipo de información no se comparte públicamente, que en particular, buena parte de lo que hace el Ejército es guardado sigilosamente y casi como secreto de estado, porque la confidencialidad es fundamental para poder alcanzar algunos objetivos, sólo que la población, en el caso de Morelos, sigue padeciendo la ausencia de seguridad a pesar del operativo.

Hoy que el estado, al igual que en el resto del país, nos encontramos en medio de campañas político-electorales, nos enteramos de la visión que tiene la mayor parte de nuestros conciudadanos, no hay reclamo más sentido y urgente que la seguridad y la justicia, ni siquiera el desempleo y la insuficiencia de ingresos, que son dos factores bastante graves, tienen comparación con este escabroso tema.

Seguimos siendo noticia nacional recurrentemente y no precisamente por nuestro desarrollo y crecimiento, sino por hechos espeluznantes, ante los cuales la población pierde capacidad de asombro.

Hace uno o dos años atrás, pronosticamos en este espacio que si el actual Gobierno no resolvía en tema de la justicia y seguridad, acabaría pagando los costos en las urnas, ya lo estamos confirmando, este sin duda es uno de los elementos que mantienen a la aspirante panista a la Presidencia de la República Josefina Vázquez Mota y al candidato en Morelos al Gobierno estatal Adrián Rivera Pérez, en un nada cómodo tercer lugar en las tendencias a pesar de ser el partido en el Gobierno.