Algunos diputados comentaban al reportero que a partir de la semana entrante, el personal va a tener que checar su entrada y salida mediante una huella digital. “Lo que se busca es lograr identificar quienes realmente laboran en este recinto, porque estimamos que hay más de 400 personas que nunca ha desempeñado labores en el Congreso y continúan recibiendo su pago”.
Bueno, mencionaron que se observa una táctica recurrente en algunos ex legisladores, que contrataban personal cada tres meses y liquidaban a los anteriores hasta con 50 mil pesos. “Ello nos lleva a considerar que eran decisiones concertadas y que tanto en el pago de salarios como en los finiquitos los diputados se llevaban su porcentaje, es decir era otro negocio para robar dinero”.
El caso es que la presente legislatura encontró una casa prácticamente vacía, los pocos vehículos que quedaron están inservibles y su reparación mecánica costará una buena lana, lo mejor, decía la diputada Rosalina Mazari Espín, “sería que se vendiera todo ese parque de autos y se adquiriera otro nuevo, o de plano ya no comprar, la mayoría de los compañeros ya tienen sus automóviles, no veo porqué se tiene que traer uno propiedad oficial”.
Claro, cada cabeza es un mundo y buena parte de los representantes populares sí quiere su auto del Congreso y además no cualquier modelo, exigen costo y calidad, no pocos sí van a necesitar de esta prestación, vienen de condiciones económicas difíciles y aquí se repondrán. En el caso de Mazari Espín no enfrenta dificultades financieras, proviene de una familia acomodada y ella misma se ha abierto paso con mucho éxito en su carrera política.
Los que se fueron se gastaron además todo el presupuesto del año porque condicionaron al ex gobernador Marco Adame Castillo, a aprobarle el protocolo de seguridad personal durante tres años más, con la entrega anticipada de recursos presupuestales, aquel lo hizo y dejó colgados a los que lo sucedieron.
Pero tampoco todos fueron pillos, algunos guardaron las formas, sin embargo se menciona que entre los más abusivos estuvo el legislador Omar Guerra, quien unas pocas semanas antes de concluir esa legislatura contrató unos 60 empleados más en el sistema de radio y televisión y con ingresos importantes, algo que se sospecha debió ser otro negocio personal que se deberá revisar.
Y algo recurrente en el Poder Legislativo, fue que se autorizaba un presupuesto anual, pero se acababa ejerciendo otro muy distinto, porque recurrían a las ampliaciones presupuestales de 40 millones o 50 millones más de pesos al año, era una forma de confundir públicamente, porque esas extensiones económicas ya no se registraban en la Ley de Ingresos y Egresos y parecía que todo era normal.
La legislatura actual va a tener que navegar contracorriente, no tiene fondos para enfrentar el fin de año, hasta donde sabemos, los propios diputados no habían podido cobrar su primera quincena simplemente porque no hay de donde, tendrán que aguantar un poco.
Van por un presupuesto de poco más de 400 millones de pesos para el ejercicio 2013, pero para poder superar el déficit de más de 25 millones que les heredaron, requieren limpiar toda la casa, pudieran eliminar casi la mitad de quienes aparecen en la nómina y quedarse con unos 700 empleados, pero aún en calidad de “aviadores”, muchos van a reclamar su liquidación y para tal efecto necesitan dinero, es un círculo vicioso que deberán resolver al corto plazo.
Por lo menos hasta hoy, observamos actitudes menos frívolas en el Legislativo, hay plena consciencia de que sus antecesores obraron en alto grado con perversidad y corrupción, porque si al menos hubieran dejado un excelente trabajo legislativo, otra cosa sería. El asunto es que tampoco trabajaron, llegaron a hacer de las suyas a costa del erario público y de un Gobierno estatal que fue complaciente con tal de conseguir también sus objetivos.
RESUELTO EL CASO TOTOLAPAN
Por otra parte, por fin las partes en conflicto por la Presidencia Municipal de Totolapan llegaron a un acuerdo, ambos grupos en controversia seguirán trabajando en la comuna los dos meses y medio que faltan para la entrega y asunto arreglado, el subsecretario de Gobierno José Luis Correa Villanueva dijo al respecto que no hay ningún proceso de desafuero en contra del alcalde Pablo Galván y seguirá en el ejercicio, igual que el síndico y su grupo que eran los que peleaban la posición.
Ayer, al filo de la una de la mañana, en Casa de Morelos (antes Palacio de Gobierno) representantes de ambos bandos, funcionarios y diputados locales lograron la firma del acuerdo que pone fin a este conflicto que venía amenazando con mayores consecuencias.
Y lo que ya a toro pasado se observa, es que era eminentemente político, más que legal, las ambiciones se desbordaron en algunos casos y se llegó a exageraciones, se advierte que alguien estaba interesado en echarle leña al fuego, pero se impuso la cordura, así que cada quien regresa a sus funciones y se buscará que las denuncias mutuas que se levantaron sean canceladas. Finalmente para dos meses y medio que quedaban, tampoco valía la pena otra salida.
