Es decir, un ajuste de cuentas en contra de quienes estima, filtraron parte de la información que lo incrimina en actos de corrupción a través de la negociación de concesiones y otros trámites, de lo cual ya debe tener bastante práctica, porque estuvo de titular en la Dirección General del Transporte (DGT) hace apenas unos años.
El señor salió casi por piernas y lo vuelven a nombrar, lo que nos lleva a pensar de manera seria que es precisamente porque sabe cómo hacer negocio que le dan el cargo, y debido a eso ahora está en calidad de secretario; por ello no es descabellado considerar a los empleados sometidos a proceso, como “chivos expiatorios”, para lavarse en salud.
No hay de otra, si hubiera realmente la visión de transformar las instituciones, de combatir la corrupción y transparentar el ejercicio público, Gómez Basilio estaría en la calle, nuevamente evangelizando, en calidad de pastor, pero lleva una misión que es concretar el gran negocio que siempre ha representado en esta área desde tiempos ancestrales.
No hay ningún esfuerzo por mejorar el sistema público del transporte, venimos escuchando discursos y promesas de depuración desde hace décadas, pero nunca se ve ningún resultado; la situación es la misma: pirataje, comercialización de permisos de toda naturaleza, desorden total de derroteros, injusticia laboral y lo que usted le quiera agregar, porque en verdad que eso está bastante complicado.
Esto es así, porque no hay ninguna intención real de combatir la anarquía e irregularidades, acaso eventualmente se les presiona con la finalidad de que contribuyan con la causa, pero en la práctica se les permite hacer lo que quieran, siempre y cuando sean bondadosos con las autoridades en turno.
Gómez Basilio conoce ya a todos los cabecillas del sistema de rutas y taxis, entiende su lenguaje y tiene experiencia respecto a cómo se deben hacer las cosas, sin embargo, desde adentro le pegaron, ya que algunos empleados lograron obtener pruebas de componendas del funcionario y el tema ha comenzado a ser público.
Sin embargo, parece que está muy bien “apadrinado” y las acusaciones e incluso pruebas de actos de corrupción no llegarán más que a desacreditar su figura y también la imagen de la administración estatal del Gobierno, porque se entiende que son complicidades, pero cuando los intereses son fuertes, no pasa nada, y eso estamos viendo en lo que se refiere a la Secretaría en mención.
Por eso hay tanto control informativo en el Gobierno de la “nueva visión”; la mayoría de los funcionarios públicos, que por devengar ingresos del erario deberían estar obligados a informar a la ciudadanía de su desempeño, están impedidos para hacer declaraciones, toda petición informativa deberá pasar primero por la Secretaría de Información y ya se valorará si se concede o no, dependiendo del tema.
Una violación a la libertad de expresión, pero seguramente existe el temor de que alguno de esos “servidores públicos” pueda cometer algún error o indiscreción y por eso tanto requisito, pero así es el inicio de cada administración desde hace algunos sexenios, sí por lo menos desde el 2000 con el panismo.
Sin embargo, llegamos a pensar que con un Gobierno de izquierda las cosas cambiarían, que con la democracia y las libertades que tanto dicen defender se ampliaría el sector informativo, dando todas las facilidades para que podamos desempeñar bien nuestro trabajo, no es así, ha sido todo lo contrario, porque además hay varios funcionarios que se creen poseedores de la verdad.
Claro, si se les logra atrapar afuera de sus oficinas, a lo mejor, obligados por las circunstancias, tienen que responder algunas interrogantes, pero una vez en sus guaridas, es prácticamente imposible lograr una entrevista, están prohibidas y más las denominadas “de banqueta”.
Pero volviendo al caso de Gómez Basilio, queda muy claro que decidió perseguir a quienes dieron pruebas de irregularidades cometidas en la SMT a medios informativos, y desde esferas superiores lo están protegiendo y haciendo caso omiso a las quejas, incluso porque se actuó con toda la fuerza contra los pobres empleados; los han tenido que dejar en libertad, porque el código penal no considera grave este delito, así que tampoco fue por buenas gentes.
Y es esta señal de protección superior lo que nos lleva a afirmar que debe haber “paso de corriente” y entonces el negocio es de todos, el secretario sólo está cumpliendo la misión para la cual fue ungido, hacer rentable esa plaza que siempre ha sido bastante bondadosa.
Por cierto, en tiempos del Gobierno del ahora “asesor”, Antonio Riva Palacio López, se llegó al exceso en el negocio del transporte, no olvidamos que en su momento, se decía que cada 15 días, la entonces presidenta del sistema DIF Morelos, Macaria Than recibía una gorda maleta procedente de los permisionarios de rutas y taxis.
Quien estaba al frente de la DGT era el tristemente célebre y ex agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), René Sánchez Beltrán, a lo mejor el dichoso “asesor” ya comenzó a asesorar, y les advirtió de los grandes beneficios que puede dar esa dependencia, porque los permisionarios suelen dar lo que sea con tal de seguir trabajando en la impunidad y arbitrariedad, a fin de que todos salgan ganando.
